Revulú carta a batir esta tarde en el hipódromo

Once yeguas, entre importadas y nacionales, disputarán hoy el clásico Bodas de Oro del Hipódromo Presidente Remón, que correrá sobre 1700 metros y premio de 11 mil balboas.
El clásico Bodas de Oro se correrá en el octavo orden de la programación y es la primera de varias actividades programadas por la institución hípica en el marco de su 50 aniversario que se celebrada oficialmente el 14 de julio.
Revulú, ganadora del 60% de sus participaciones en nuestro medio, se presentará como la favorita para ganar el clásico de hoy.
El sistema del torneo no varí­a en sus diferentes fases, los cuatro primeros de cada grupo se cruzan en la segunda ronda y así­ sucesivamente hasta la gran final entre los dos mejores.
La Confederación Panamericana de Béisbol (COPABE) que preside el licenciado panameño Eduardo de Bello, definirá en los próximos dí­as el calendario oficial de competencias.

El campeonato de béisbol de los XX Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe 2006 es considerado uno de los más atractivos entre los deportes de conjunto, por la participación de auténticas potencias mundiales.
Cuba, múltiple campeón Olí­mpico, Mundial, Panamericano, Centroamericano y del Caribe, encabeza la avanzada del rey de los deportes al lado de Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico y Nicaragua. Los cubanos son la gran atracción, luego de lograr el subcampeonato de béisbol en el Clásico Mundial.

El béisbol en los juegos tendrá como escenarios los estadios "Rafael Naar" de Turbaco y "Once de Noviembre", de Cartagena.
Colombia, en su condición de anfitrión, se viene preparando para tratar de cumplir una actuación decorosa en los XX Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe Cartagena 2006.
Lo procedente no es, pues, oponerse a la globalización, sino determinar, por una parte, de qué manera puede la República de Panamá sacarle el mayor provecho posible a dicho fenómeno económico y, por la otra, cómo ese provecho se puede traducir en un mejoramiento de la calidad de vida de todos los panameños y no de pequeños grupos privilegiados.
En atención a las consideraciones que anteceden, cabe preguntar ¿existe acaso alguna actividad que le permita al Estado panameño captar ingresos de fuente extranjera, generados por el fenómeno globalizador, con más eficacia y en mayor cuantía que los que puede obtener y de hecho ha obtenido gracias al tránsito de naves por el Canal? Téngase presente que cada tránsito implica una exportación de servicios merced a la cual ingresan hoy día al país e ingresarán en el futuro divisas por miles de millones. ¿Cómo podría la Nación panameña procurarse otra fuente de fondos que le ofrezca una seguridad similar a la que le proporciona la explotación del Canal, explotación en la que el Estado ha demostrado eficacia y eficiencia más allá de toda duda? ¿No es el Canal interoceánico el mejor instrumento a que podemos apelar los panameños para extraerle el mayor beneficio posible al principal recurso natural del país - nuestra posición geográfica - ahora potenciado en virtud del ímpetu globalizador? ¿Qué razón tenemos para permitir que se nos debilite este instrumento?
Son éstas las preguntas que debieran ser objeto del debate que actualmente se adelanta en torno a la propuesta de ampliar el Canal y no si la globalización es hija del neoliberalismo o si por las nuevas esclusas cabrían o no determinados portaaviones norteamericanos.

En fechas recientes se han empezado a escuchar voces preocupadas por un tema al que, sin duda, el país, desde hace tiempo, ha debido dedicarle atención y estudio. Me refiero a la cuestión del destino que debe dársele a la renta canalera, es decir, cómo y en qué invertir los ingresos que el Canal le reporta al Estado. No es menester decir que se trata de un problema eminentemente ideológico, que dice relación con la añeja cuestión de cuáles son los fines del Estado y que, por lo mismo, ha de generar controversias y polémicas de profundo alcance.
Con el propósito ostensible de evitar que sea el Estado el que decida, por vía del presupuesto, a qué fines aplicar los recursos que le aporta el Canal, voceros del neoliberalismo han articulado ya una posición al respecto: la renta canalera debe distribuirse en concepto de dividendos entre todos los panameños mayores de edad. Esta idea, huelga recalcarlo, es congruente con la tesis fundamental de la referida corriente ideológica, según la cual, para que el sistema económico capitalista y el mercado funcionen, es menester reducir el Estado a su mínima expresión y, por tanto, desmantelar todo el aparato del llamado Estado de Bienestar.
Es evidente que a esta propuesta le saldrán contradictores desde otros ámbitos del espectro ideológico, contradictores que, por no concordar con las tesis neoliberales, no pueden estar de acuerdo con el mencionado dividendo. El debate está apenas en pañales y, en mi criterio, no es lógico pensar que asunto de tanta envergadura se pueda dirimir, con seriedad y acierto, antes del referendum.
Sin embargo, hay quienes sostienen la tesis de que no debe autorizarse la ampliación del Canal mientras no se logre perfeccionar un gran acuerdo nacional acerca del destino de la renta canalera.
No sé si esta tesis es una forma críptica de oponerse a la construcción del tercer juego de esclusas o si, en verdad, accede a un interés genuino de definir cuanto antes la aplicación que debe dárseles a los proventos que genera la explotación de la vía interocéanica.
Sea de ello lo que fuere, me parece que, a estas alturas, el orden viable de precedencia entre una decisión y la otra es el siguiente: definir, primero, si se amplía o no el Canal y, luego, decidir qué se hace con los recursos que el mismo genera.
Es la circunstancia cierta y ponderosa de que la capacidad del Canal esté próxima a saturarse la que nos fuerza a tomar la decisión de ampliar o no su infraestructura. A mayor abundamiento, esta decisión debe tomarse, por ministerio de la Constitución, en un referendum cuyo único objeto es el de que la ciudadanía se pronuncie al respecto. No es, entonces, prudente convertir el referendum en instancia idónea para zanjar el diferendo ideológico que de seguro se suscitará respecto del uso que debe dársele a la renta canalera. Esta cuestión, pese a su innegable importancia, no incide sobre los méritos o los deméritos de la ampliación del Canal y es, por ende, ajena al objeto del referendum.

Dadas las naturales sinrazones de la pasión política, no se me escapa que predico en el desierto cuando planteo que el voto en el referendum relativo a la construcción del tercer juego de esclusas se debe emitir tomando en cuenta, únicamente, las consideraciones que, en opinión del votante, aconsejen o desaconsejen la realización de dicha obra.
Aunque sé de sobra que contra el desideratum que dejo apuntado milita la realidad de la naturaleza humana, me aventuro a señalar, así sea para arar en el mar, que desperdiciará su voto quien, aún estimando que la ampliación del Canal es conveniente, se oponga a ésta a título de protestar, por ejemplo, contra el gobierno o contra el alto costo de la vida o contra la falta de empleos o contra el estado de los hospitales y de las vías públicas o contra la ley del Seguro Social o contra cualquier otra cosa de similar índole. Al día siguiente del referendum esas cosas amanecerán y seguirán como estaban en la víspera y, por consiguiente, el sufragio así emitido nada habrá significado.
Lo mismo se puede decir del sufragio emitido en función de lo que el votante estima que el mismo significará de cara al próximo torneo electoral. Se trataría de otro voto desperdiciado, producto de un análisis prematuro y muy superficial de cuál será la situación política del país de aquí a tres años. Ni el voto a favor ni el voto en contra de la ampliación determinarán, de suyo, el resultado de las próximas elecciones. Como lo sabe cualquier persona medianamente versada en achaques políticos, hay infinidad de factores que afectarán dicho resultado y que no menciono aquí por no caer en una grosera digresión.

Casi que huelga apuntar que la ACP habría incurrido en un imperdonable incumplimiento de sus deberes institucionales si no le hubiera advertido al país que, a la vuelta de pocos años, el Canal se quedará sin capacidad para atender el creciente tráfico de las naves que, de poder hacerlo, se valdrían del mismo para llegar a su puerto de destino.
Sin embargo, esa advertencia, por si sola, no habría sido suficiente. Por razones obvias, también se hacía necesario que la ACP le propusiera al país la solución que, en su criterio, resulta más idónea para resolver el referido problema de congestionamiento del tránsito canalero.
La recomendación de construir el tercer jugo de esclusas a que se refiere el plan de ampliación, lejos de ser, como lo insinúan algunos, un ejercicio arbitrista de escaso vuelo y de propósitos incluso aviesos, dimana de un cúmulo de estudios muy serios realizados por profesionales altamente calificados de la ACP y por los mejores consultores extranjeros especializados en los temas a que se contraen los referidos estudios.
Como todos sabemos, no existe en la experiencia humana ningún proyecto, grande o pequeño, que no entrañe riesgos de diversa naturaleza y magnitud. De allí que la ACP haya puesto especial cuidado en calibrar las distintas contingencias que pueden afectar el empeño de llevar a feliz término la construcción del tercer juego de esclusas. Los análisis que al efecto se han realizado indican que los riesgos del proyecto son manejables, como quedó explicado párrafos atrás en materia, por ejemplo, del pago de la obra y el de las transferencias al Estado de los ingresos que genera el Canal.
Por lo demás, no vaya a pensarse que esté exenta de riesgos la opción de permitir que la capacidad del Canal se sature a corto plazo. En este caso, al perjuicio correspondiente al lucro cesante, es decir, a los ingresos que dejaríamos de percibir por no haber ampliado el Canal, se sumaría el daño ínsito en la pérdida de clientes que el Canal experimentará, como resultado inexorable de su insuficiente capacidad, al deteriorarse la calidad y la confiabilidad del servicio que aquéllos exigen y esperan de éste.
Tras una lucha dura y admirable, cuyos primeros pasos se dieron en las peripecias aurorales de la República, la Nación panameña conquistó el derecho de administrar el Canal por cuenta y en interés propios. Para sorpresa de agoreros y derrotistas, los panameños hemos dado pruebas sobradas de que nos hemos colocado a la altura del reto que nos impuso el destino.
Hoy nos toca decidir si acometemos o no la tarea de elevar el Canal a un estadio de desarrollo superior, para beneficio de esta y de las futuras generaciones.