El mandamás y el Procurador

ENTI que se hacía justicia cuando oí el rumor de que el Presidente nombraría al ex Procurador Cónsul en Nueva York. En efecto, es razonable que a quién ha sido el principal adversario de la delincuencia durante 10 años, especialmente de los narcotraficantes y los lavadores de dinero, se le proporcione al terminar su período un ambiente de mayor seguridad. Ello se justifica desde el punto de vista de su seguridad personal y familiar y desde el punto de vista de la moral de quienes participan en el programa mismo de lucha contra las drogas y el lavado de dinero. Por su formación académica y por su experiencia, él sería uno de nuestros cónsules más capacitados.
La Prensa, el periódico que con el advenimiento de la democracia se ha transformado, en repetidas ocasiones, de víctima en victimario, ha vuelto a la carga contra el Procurador José Antonio Sossa, para impedirle su nombramiento como Cónsul. Sin duda existe una mala voluntad en su contra de parte de quien manda en dicho diario, (puede que su mando no sea tan directo como antes, pero él ha hecho escuela y sus discípulos siguen su ejemplo en el periódico y a través de una red de organizaciones de la llamada "Sociedad Civil", en una variante modernizada de una serie de "sociedades anónimas" controladas por un mismo "holding"). Dejó pasar un par de nombramientos diplomáticos por los lados del Palacio de Torre Tagle y del Palacio de Santa Cruz, que hubieran podido despertar su ira de antaño, si no mantuviera sus intereses al día, para concentrar esfuerzos en contra de Sossa.
Las 17 excusas que el diario presentó como descalificadoras de Sossa en un editorial disfrazado de artículo informativo de primera plana y luego en otro editorial, son vagas, erróneas o falsas. Descalifican aún más el criterio de quien manda en el periódico. Vale la pena evaluarlas:

1. La referencia al crimen del empresario Diomedes Abrego se mezcla con antecedentes de la renuncia de un fiscal. "En este caso hubo denuncias de asesinatos a testigos", se afirma en el artículo, pero no se explica. De ser verdad, los conocedores del asunto habrían tenido el deber de denunciar a los presuntos asesinos, para no quedar como cómplices.

2. Alude pero no nombra a los presuntos socios y amigos del narcotraficante José Castrellón Henao. Insinuó mediáticamente que existía una foto de un pariente político de un ex-Presidente con el narcotraficante. Pero la misma nunca se vio. Quien la tenía y no la entregó, habría quedado como encubridor. O pudo ser una pseudo-información cuya fuente ni tan siquiera podría llenar los requisitos formales de una demanda, pero que los medios de comunicación reclaman que las autoridades investiguen como si fueran demandas formales. ¡Cada denuncia periodística, una investigación judicial! Sería el trastorno judicial y nos despediríamos del estado de derecho.

3. Las denuncias Pérez Balladares y Mireya Moscoso resultaron a veces de simple búsqueda de protagonismo político. Estas debían dilucidarse en el ámbito político de la Asamblea, más que en un Tribunal. Lo contrario le hace daño a los Tribunales, sobrecargados de demandas políticas, y a la política, al no dar pie a debates serios en la Asamblea como fiscalizadora del Ejecutivo.

4. El Sr. Félix Luciani, cuñado del Procurador, nunca recibió ni un centavo de los laboratorios ADN, como sugirió La Prensa. La Corte Suprema convalidó todo lo que fue questionado en la única licitación que se hizo. Al ver el ambiente de conflictividad que prevalecía, la firma norteamericana que había ganado la licitación se retiró definitivamente de Panamá.

5. La Prensa insistía que había que actuar contra Marc Harris por sus presuntos vínculos con el narcotráfico. En respuesta a la solicitud de la Procuradoría a la Embajada de E.U. por documentación sobre el caso, nada recibió. Cuando los nicaragüenses entregaron a Harris a los norteamericanos, éste fue juzgado en los E.U por evasión de impuestos, lo cual no es un delito en Panamá. Sin embargo, Marc Harris tuvo que confrontar dos demandas por estafa en Panamá, pero los Tribunales panameños no consideraron las pruebas suficientes.

6. El Procurador Sossa nunca acusó a ningún Obispo de defender a narcotraficantes. Afirmó, lo que era estrictamente verídico, que un Obispo había intercedido a favor de un feligrés acusado de lavado de dinero de narcotráfico, quien fue condenado en dos instancias y luego fue absuelto por la Sala Penal de la Corte. Antes de abordar al Obispo tuvo la deferencia de conversar con el Arzobispo.

7. El Procurador fue falsamente acusado por un abogado de intervenirle su teléfono, pero se probó ante la Corte Suprema que quien lo hizo fue el padre del acusado. Este intervenía sus propias conversaciones con el abogado que defendía a su hijo, no se supo con qué propósito. La Corte eximió al Procurador de toda responsabilidad por el hecho.

8. Las deficiencias en la investigación del soborno de Legisladores provinieron sobre todo de que los Legisladores oficialistas; en aquel entonces rehusaron despojarse de su inmunidad y que luego una mayoría de la Asamblea ordenó el cierre del caso, preocupada no tanto por el contrato CEMIS, que ya había sido sustancialmente modificado para hacerlo aceptable a todas las bancadas, como por el soborno para lograr la aprobación de dos Magistrados de la Corte que se habría realizado con la plata destinada originalmente para que se aprobara el Contrato CEMIS en su versión original.

9. El Procurador no decapitó a Ley de la Defensoría del Pueblo. Obtuvo de la Corte que precisara cuáles eran las competencias constitucionales privativas de la Procuraduría y cuáles las de la Defensoría, la cual está realizando una excelente gestión dentro de las normas vigentes.

10. La mayor parte del material que obtuvo la Comisión de la Verdad en declaraciones, informaciones y osamenta se le proporcionó vía la Procuraduría. El perro que trajo la Comisión fue más que nada una causa de vergüenza y desprestigio. Quienes renunciaron a la Comisión no dieron razones, de manera que no advirtieron a la opinión pública de los problemas que se debatían internamente.

11. Este fue un caso en Italia en el que un sector del Ejecutivo quiso que la Procuraduría involucrara a un precandidato presidencial del PRD. A pesar de la intensa colaboración legal panameña, la Procuraduría no recibió ninguna documentación italiana que comprometiera al pre-candidato en cuestión, a quien el Tribunal italiano terminó por excluir del caso por falta de pruebas.

12. Se ordenó una investigación del ex-Inspector Jorge Motley porque, sin autorización y fuera de las horas de oficina, enviaba mensaje a Interpol, dando informaciones tendenciosas o falsas con miras a desprestigiar la labor de la Procuraduría. Motley está sujeto a juicio.Los casos de querellas contra periodistas, abogados, empresarios y activistas de derechos humanos en Panamá han sido iniciados en su mayoría por ciudadanos que no son funcionarios públicos en defensa de sus derechos humanos a la reputación, la honra y la privacidad. Parecen ir en aumento los casos de ciudadanos que denuncian a otros ciudadanos y a periódicos y a periodistas. Los medios en Panamá no parecen comprender que el derecho a la libertad de expresión se acompaña del deber de ejercerla responsablemente.

13. El relator de los Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA fue quien irrespetó al gremio de abogados. El Procurador, al ser requerido por dicho Relator para discutir como se enfocaban en Panamá los casos de injuria y calumnia invitó al gremio y a los grupos gremiales para que expresaran sus diversos punto de vista. Al encontrarse ante esta diversidad de opiniones el Relator perdió su control, pues ya no podría presentar sólo su versión del pensamiento jurídico panameño sobre los derechos humanos y especialmente sobre la libertad de expresión.

14. La inclusión de este hecho revela hasta que punto se ha buscado desprestigiar al Procurador. Al entrar a un recinto el Procurador oyó su sobrenombre gritado a voz en cuello con improperios. El hecho le sorprendió tanto que en tono subido exigió que se respetara su investidura. Cuál no fue su sorpresa cuando uno de los muchachos le explicó que él tenía el mismo sobrenombre y que era a él a quien se referían sus compañeros. Las partes se excusaron mutuamente y el incidente no tuvo más consecuencias.

15. Las tres últimas preguntas parecen elaboradas por el mandamás de La Prensa con el único propósito de hacer valer su poder para desprestigiar al Procurador, como un hombre fuera de control. Pero ese no es José Antonio Sossa. Sossa quien, por lo contrario, es un hombre recto y firme en sus principios, pero civilizado cuando se busca un consenso por el diálogo. Puede también ser terco y en esa medida difícil, pero eso ocurre cuando se siente indebidamente presionado, pues entonces se endurece. Y como todo ser humano puede cometer herrores.

El Procurador debió intervenir en la PTJ cuando el Fiscal Especial lo llamó para informarle que un detenido en la PTJ estaba siendo torturado y que le negaban la presencia del mismo en la PTJ, aunque él sabía que allí se encontraba.
Lo absurdo es que La Prensa asuma una conducta de tan aberrante prepotencia moral, cuando ha violado las más elementales normas de la ética periodística. Por ejemplo, primero, cuando un Magistrado fue sometido a juicio por la Asamblea, La Prensa guardó un hermético silencio sobre su responsabilidad y contribuyó a presentar su caso como un ejemplo de persecución política, cuando su responsabilidad, se manifestaba claramente. Además de encontrarse en las pruebas que contenía el expediente, estaba consignada en cintas magnetofónicas que contenían su oferta de vender su favor judicial. La Prensa se hizo así cómplice de la corrupción de nuestro más alto tribunal de justicia.
Segundo, la Presidenta Moscoso, a ciencia y conciencia de lo que hacía, nombró a George Weeden como asesor suyo, para las gestiones políticas más cuestionadas. Además, escogió a Alvin Weeden para Contralor de la República, labor en la que ha sido moralmente cuestionado. En ninguno de los dos casos La Prensa se opuso, guardando absoluto silencio sobre todo en el caso del Contralor. Y el mandamás fue asesor de Mireya, de modo que podía conocer las interioridades.
En tercer lugar, La Prensa publicó un cheque que se presentaba como contribución de un narcotraficante a la campaña de reelección legislativa de Sossa en 1994, a sabiendas de que era falso. Cuando se publicó la noticia, la falsedad del cheque no fue lo que más se destacó. El Procurador exigió que se revelara el nombre del autor de la falsificación, por ser esta un delito. El diario rehusó hacerlo convirtiéndose en encubridor. En este caso como en otros, el diario ha rehusado pedir excusas por la injuria y la calumnia.
Su prepotencia se ha extendido al plano financiero buscando imponer la norma de cobrar menos por la publicidad si el cliente no publicaba su publicidad en ningún otro medio escrito, intentando establecer así un monopolio.
Las contribuciones institucionales de José A. Sossa a la Procuradoría han sido muy valiosas. A pesar de intentos por subordinarlo a la Contraloría (en la Ley de declaración de bienes el oficialismo estipuló que en los casos de enriquecimiento ilícito se requería el visto bueno previo de la Contraloría antes que la Procudadoría pudiera investigarlos) e incluso de destituirlo u obligarlo a renunciar, Sossa logró que se respetara el periodo de diez años que la Constitución le otorga al procurador para realizar sus funciones. En esos diez años logró que se establecieran fiscalías especializadas en las principales líneas que ha tomado la delincuencia en nuestros días. Deja un cúmulo 7 edificaciones nuevas o renovadas que son un reconocimiento a la importancia del Ministerio Público entre las instituciones de un estado democrático. Vale destacar los edificios sedes de justicia en David y en San Miguelito que representan dos instancias de un plan piloto para probar un modelo modernizador de gestión procesal, que de resultar exitoso sería el acontecimiento práctico más importante en la administración de justicia en Panamá durante esta generación. También deja el Centro de Custodia de Evidencias, el Centro de Custodia de Vehículos y el Centro de Atención a las Víctimas.
Además, Sossa como Procurador hizo que el Órgano Judicial y la Sociedad Civil le prestaran atención a las opiniones y acciones jurídicas de la Procuraduría, que si bien no fueron siempre populares, fueron siempre francas y honestas. Por último, deja una herencia de incuestionable independencia de los presidentes bajo quienes sirvió. Prueba de ello es que demandó por inconstitucionales los indultos que otorgaron los Presidentes Endara, Pérez Balladares y Moscoso y el Vicepresidente Altamirano Duque cuando se encargó, pues consideró que dichos decretos violaban el principio constitucional de acuerdo con el cual el Presidente puede otorgar indulto por un delito político, no por un delito común. A mi juicio se puede y se debe despolitizar la administración de justicia, pero uno de los requisitos es que se mantenga clara y firme la clásica distinción entre delito común y delito político.
Sin embargo, lo más valioso del legado de José A. Sossa como Procurador es que lidió con aquel poder mediático que intenta por la presión de su influencia imponerse como Organo del Estado, o mejor aún sin las limitaciones de los Organos, convertirse en un poder paralelo que no sólo es juez de la conducta ética de ciudadanos y gobernantes sin haberse ganado necesariamente la autoridad moral para serlo, sino que establece la agenda a la que el Estado y sus ciudadanos deben atenerse, sin tener la legitimidad democrática que dan los votos y sin tener que rendir cuentas a nadie, pues hay incluso quienes pretenden que en su caso la mejor ley es la que no existe.
Cuando el mandamás del periódico que ha sido su victimario durante sus diez años de servicio, lo atacó una vez más , tuvo que reconocer que su evaluación había subido en el último año y que ahora era: 48.1 % de los ciudadanos encuestados consideraron su gestión como Procurador de excelente a buena, y sólo el 43.4 % la consideraron de mala a muy mala. Si a pesar de la oposición sistemática y profundamente injusta de ese medio de comunicación, el Procurador Sossa logra casi el 50% de evaluaciones favorables, cuál no sería su evaluación si el mandamás del diario en cuestión hubiera sido medianamente objetivo y desprejuiciado.
José A. Sossa pasará a la historia como un buen Procurador, que inició e impulsó la modernización de Ministerio Público, y luchó contra quienes se creían por encima de la Ley.
(ariyan@sinfo.net)