AMP bajo la lupa de EE.UU.; derrames convertidos en negocio

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) está bajo la lupa de los ambientalistas y el gobierno de Estados Unidos, debido al manejo que le ha dado la administración de Noriel Araúz, a los derrames de hidrocarburo que contaminaron las costas de Colón y la isla Taboga. Esto incluye las contrataciones directas de dos empresas por más de 10 millones de dólares, bajo total discreción y secreto.

Bloomberg Línea reveló que la Secretaría de Cumplimiento Ambiental del Acuerdo de Promoción Comercial Estados Unidos Panamá (Sala), abrió un proceso por los casos de contaminación, que incluso, afectaron Punta Galeta, un área de arrecifes protegidos y en donde se encuentra uno de los laboratorios de investigación marina más importantes del Instituto Smithsonian.

El manejo de estos derrames abrió una polémica por los contratos directos que la AMP dio a dos empresas aprovechando Fondo Especial de Contaminación con Hidrocarburos Provenientes de Fuentes Terrestres o Marítimas.

El administrador de la AMP, Noriel Araúz, otorgó el manejo y control de estos derrames en Colón, a dos empresas y mantuvo la información bajo reserva absoluta hasta ahora que ha surgido las denuncias de ambientalistas como Harry Mitchell.

Se conoció que las dos empresas contratadas de forma directa fueron Slop & Oil Recovery S.A. por 4.7 millones de dólares, en el caso de los tanques de APSA, y Layne Comercial Services por 4.8 millones de dólares para el derrame de Punta Galeta.

Layne Comercial Services, representada por Oscar Pagés, también fue favorecida por la AMP en el contrato de la limpieza del derrame que contaminó la isla de Taboga.

El administrador de la AMP también mantuvo bajo reserva este contrato y nunca reveló cual fue la fuente del derrame que inicialmente apuntaba hacia un barco propiedad de uno de sus amigos personales.'

4.7

millones de dólares fue el monto del contrato otorgado a Slop & Oil Recovery S.A., en el caso de los tanques de APSA.

4.8

millones de dólares otorgados a Layne Comercial Services, para el derrame de Punta Galeta.

La AMP basó su excusa para contratar a estas empresas, en que supuestamente no tenía la capacidad de contener los volúmenes de ambos derrames de hidrocarburos y que en el caso de Punta Galeta porque se trataba de una urgencia en áreas protegidas y donde opera el Instituto Smithsonian.

Organizaciones ambientalistas como Promar cuestionaron, a través de medios internacionales, el alto precio al que fueron contratadas estas empresas de limpieza de derrame.

El abogado Harry Mitchel denunció que la AMP se negó a darle información sobre el derrame ocurrido en Punta Galeta, aduciendo que no era un tercero involucrado en el problema. Señaló que la AMP solo emitió dos comunicados, el último del 6 de diciembre del año pasado, donde dijo que la limpieza iba a tomar 6 meses de trabajos a un costo de 10 millones de dólares."

Aun ajustando el precio por inflación, este costo es alarmante porque el evento de contaminación de Bahía de Almirante en el año 2006 costo menos 2 millones de dólares.

Nosotros pedimos información de los elementos específicos de la contratación y los informes técnicos, pero la AMP trató la solicitud como si fuera un asunto particular para no dar información", dijo Mitchel señalando que esto es contraproducente contra la ley de transparencia y acceso a la información, la ley general del ambiente, e incluso el convenio de Escazú sobre información ambiental.

Destacó que se ha hecho reiterativa la posición de la AMP de negarse a responder información pública. "Quien haya llevado a los servidores públicos que firmaron la nota negando la información, en este caso el administrador de la AMP, ha tenido que explicarle que los bienes que él administra no son bienes privados de la entidad, sino que son bienes de dominio público. Lo que ocurra con los recursos naturales también lo es".

Mitchell agregó que lo más preocupante de esto, son las contrataciones directas que se acostumbran hacer por parte de la AMP para la limpieza de los derrames en aguas y costas panameñas, "información que han convertido en secreto a pesar de tratarse de recursos públicos".