Es imperativo que el gobierno de México se centre en tres áreas críticas: la descentralización, el sistema judicial y la corrupción, para que los rendimientos marginales en términos de mejoramiento de calidad sean los más altos, advirtió el Banco Mundial. El organismo destacó que de los tres, el más visible en la calidad del gobierno de México será reducir la incidencia de la corrupción.
Reveló que en nuestro país, sólo el 3 por ciento de la población piensa que las autoridades mexicanas no son corruptas y uno de cada tres encuestados por el Banco, piensa que es "muy corrupto". En otras palabras, existe una demanda generalizada por la transparencia. Consideraron lo anterior Marcelo M. Giugale, principal economista del Banco Mundial para México y el director de este organismo para México, Colombia y Venezuela, Olivier Lafourcade en el estudio "México: un programa de desarrollo integral para la nueva era", en el que puntualizan que la globalización y la democratización han hecho que las actividades del gobierno mexicano sean mucho más responsables frente a los mercados y frente a los votantes. Esta tendencia hacia una responsabilidad pública del gobierno por su gestión es irreversible y seguramente se intensificará en los próximos años, aseguró el Banco Mundial.
Destacó que el Presidente Vicente Fox se enfrenta con la exigencia urgente de un "mejor gobierno" (que en términos generales se entiende como un cuerpo de proveedores de bienes públicos más eficaz, eficiente y transparente) y se le hará responsable de proporcionarlo. Mejorar la calidad del gobierno en México es una tarea multifacética, de muchos niveles y varios años, cuyo
cumplimiento total probablemente se extenderá por otros sexenios. El segundo punto crítico que se refiere al aspecto de la gobernabilidad en que las retribuciones de las reformas serán especialmente altas en términos de mejoramiento de la calidad de la función pública es el sistema judicial. Giugale y Lafourcade, recomendaron que México debe eliminar las diversas fuentes de fricción entre el sistema judicial y federal y los 31 sistemas estatales (superposición de jurisdicciones en casos comerciales, uso
abusivo de "amparos", investigaciones no coordinadas, y otros aspectos). Recomendaron en segundo término, que se debe asegurar la independencia de los sistemas judiciales estatales, en especial con respecto a la rama ejecutiva de los estados, en donde se tendrán que aplicar enmiendas constitucionales adicionales. En tercer lugar, el campo de las reformas se debe extender más allá de los jueces y cubrir el conjunto de los demás agentes (administradores de tribunales, fiscales, litigantes, etcétera) y mecanismos (arbitraje privado, mediación, conciliación, entre otros) del sector judicial. Añadieron que en términos más mundanos, pero igualmente importantes, se deben establecer mecanismos transparentes para vigilar y evaluar la aplicación de la reforma, tanto para garantizar medidas correctivas oportunas cuando sea necesario como para difundir las prácticas que resulten exitosas a través de los estados.
