Bancos cobrarán impuesto de inmueble con hipoteca

La extensión de la exoneración del impuesto de inmueble para casas que, aunque no califiquen como patrimonio familiar tributario (PFT), sean la residencia principal tranquiliza a distintos sectores, pero surge la creación de agentes de retención, una figura considerada inconstitucional.

Estos son algunos de los cambios del polémico proyecto de ley 509, que modifica el Código Fiscal, que sigue teniendo "una de cal y otra de arena".

Inicialmente, se estableció en la reglamentación una exoneración para las viviendas de hasta $120 mil, siempre y cuando residiera en ella una familia, pero frente al rechazo de la población, se modificó y el beneficio abarca ahora a cualquier vivienda principal, aunque no sea familiar.

La medida satisface incluso a quienes fueron los principales detractores del proyecto, como la diputada Zulay Rodríguez, quien destaca que es un avance, y el economista Augusto García, quien lo califica como un cambio positivo.

Sin embargo, ambos también coinciden en que establecer ahora que los bancos, cooperativas o financieras que emitan préstamos hipotecarios serán las entidades encargadas de cobrar el impuesto con la letra de la hipoteca no es correcto.

La diputada Rodríguez señala que "nunca se habló de que los bancos serían los recolectores. Esto es inconstitucional porque es competencia de la Dirección General de Ingresos (DGI)".

Para la diputada, se están estableciendo entidades distintas a las que señala la Constitución Nacional como recolectores de impuesto, aunque aún guarda la esperanza de que este aspecto se modifique en un segundo debate.'

Bajas

$2,784 millones fue lo que sumaron, hasta junio, los impuestos tributarios, 6.1% por debajo de lo estimado.

$597 millones 836 mil fue el total de los ingresos no tributarios, 14.1% menos de lo calculado.

García también rechaza esta iniciativa porque la percibe como un cobro coactivo, que hace evidente el interés del Gobierno de recaudar más impuestos.

Durante el primer semestre de este año, la recaudación de impuestos ascendió a 3,412 millones 931 mil dólares, unos 326 millones 909 mil dólares por debajo de lo que estimó el Gobierno que recaudaría producto del desarrollo económico del país.

El economista García reitera que la recaudación es una responsabilidad que la DGI no puede asignarle a ningún agente económico, ya que existen los mecanismos jurídicos y administrativos para que pueda desarrollar su función sin que obligue al contribuyente a pagarlo junto a la hipoteca.

"Esto va a crear más burocracia y costos para los bancos... se trasladará al valor de los trámites del préstamo que debe pagar el comprador", dijo.

Considera que la carga fiscal seguirá en la clase media, dejando en evidencia la falta de equidad tributaria.

Contrario a esta postura, José Batista, miembro de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos y exviceministro de Vivienda, considera que la medida no es mala y contribuye a la economía familiar, pues no permite que se le acumule el pago al contribuyente para que no se convierta en una deuda, poniendo así en riesgo su vivienda.

En su momento, la pérdida de la residencia fue el centro de la discusión del impuesto de inmueble, sobre todo porque se mencionaba que los reavalúos podrían generar una cuenta impagable para el panameño, un aspecto que se tomó ahora en cuenta en el proyecto.

Rodríguez asegura que como parte de las modificaciones al proyecto, "quedó plasmado en blanco y negro que no se harán reavalúos hasta 2024".

Otro de los cambios fue bajar el tope del impuesto para viviendas principales o patrimonio familiar que sobrepasan los 120 mil dólares, el cual inicialmente era de 0.8% y ahora se estableció en 0.5%.

El proyecto incluyó lo recopilado durante el periodo de consulta.