Gremios de consumidores confían en que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declare constitucional el proyecto de Ley N.°10, que regula el uso de estacionamientos en las oficinas públicas, hospitales y centros comerciales.
"Somos uno más de la lista de consumidores que rezamos porque la CSJ resuelva que es constitucionalmente válido el proyecto de ley", manifestó el presidente de Instituto Panameño de Derechos de Consumidores y Usuarios (Ipadecu), Giovani Fletcher.
Fletcher sostiene que al final del día, la propiedad privada también debe ceder derechos a favor del orden público e interés social.
En cuanto al rechazo por parte del gremio empresarial, destacó que "es lógico que el sector comercial defienda sus intereses".
Los comerciantes consideran que la medida atenta contra la libre empresa.
Para Fletcher, es injusto que al solicitar atención en instituciones públicas, el consumidor termine pagando horas de parking, por la incapacidad del Gobierno de instalarse fuera de estas áreas comerciales.
No obstante, para el presidente de la Unión Nacional de Consumidores y Usuarios de la República de Panamá (Uncurepa), Pedro Acosta, los agentes económicos tienen mucha influencia "política" o de otro tipo para lograr que no funcionen las cosas.
No obstante, Acosta confía "en que la Corte entenderá que no se puede mantener este tipo de injusticias hacia los consumidores".
El pleno aprobó, por insistencia, en tercer debate, el proyecto de ley N.°10, que modifica y adiciona artículos a la Ley 45 de 2007, sobre protección al consumidor y defensa de la competencia, luego de haber recibido el veto parcial del Ejecutivo por considerarlo inconveniente.
