¿Contrato de equiparación portuaria podría ser derogado?

El aire electorero siempre trae consigo propuestas que en algunos casos buscan derogar acuerdos y leyes aprobadas por el gobierno de turno. Este ambiente de incertidumbre le puede estar tocando la puerta a la empresa Panama Ports Company, que durante esta administración logró la equiparación de su contrato con el Estado.
Para los candidatos presidenciales la exoneración realizada a la empresa Panamá Ports Company, subsidiaria de Hutchison International Terminal, ha lesionado las finanzas del país, toda vez que deja de percibir ingresos anuales por el orden de casi $30 millones.
La equiparación del contrato de la empresa portuaria que entró en vigencia a partir de mayo de 2002, le otorgó iguales condiciones fiscales que las que poseían las otras empresas portuarias.
Desde entonces, el Estado ha dejado de percibir casi 60 mil dólares. Para Rolando Mirones, ex director de Ingresos, revisar la equiparación que se le hizo al contrato de PPC, sería beneficioso para el Estado, ya que significa 30 millones en ingresos corrientes anuales y que hoy día no se perciben.
Además, en un país donde las necesidades son altas, este dinero debe ser utilizado para obras de carácter social, apuntó Mirones, quien considera que no existe ningún aspecto negativo en revisar la equiparación realizada al contrato de PPC.
"Aunque deja claro que realizar la equiparación que se le hizo a la empresa durante está administración, no significa que en un dos por tres se volverá a las condiciones iniciales del contrato firmado con el Estado".
Explicó, que lo primordial es que el nuevo gobierno se siente con los directivos de la empresa a fin de encontrar otra solución a la equiparación del contrato.
PPC solicitó la equiparación del contrato con el propósito de realizar una inversión de $200 millones para realizar obras de modernización y ampliación.
Sin embargo, para Mirones en ningún momento el gobierno debió haber cedido a otorgar la equiparación para que la empresa realizará tal inversión, ya desde un inicio que la compañía firmó el contrato con el Estado tenía conocimiento de que la ampliación del puerto para poder ser más competitivos. Por ende, la empresa con o sin la equiparación del contrato debía haber realizado la inversión, ya que de lo contrario, hubiese visto reflejada pérdidas en sus libros, acotó.
"La modernización en la infraestructura y ampliación fue parte del contrato firmado con el Estado", recalcó Mirones.
En su opinión "la equiparación del contrato de PPC fue un acuerdo para favorecer a un grupo muy pequeño de personas y no realmente a la actividad portuaria".
El otro problema que ve el ex director de Ingresos es el hecho de que a la fecha no ha existido una fiscalización sobre las obras que realiza la empresa para modernizar los puertos.
Ya que es importante conocer si realmente esta empresa ejecutó las obras que costaban alrededor de $200 millones, tal como indicaron en su momento.
Otras dos empresas que se favorecieron de una equiparación de su contrato fueron Colon Container Terminal (CCT), Manzanillo International Terminal (MIT).
Primeramente la ampliación trataba de ampliar la capacidad del puerto dos veces al área inicial utilizada. Esto se lograría a través de la ampliación del muelle, como del patio de contenedores.
A esto se le suma los trabajos de la tercera fase que están en proceso de culminación que incluye las mejoras y ampliación del puerto de Balboa, que contemplaba el dragado del canal de aproximación al muelle 18 y la reubicación de los muelles flotantes, entre otros puntos.
Según el cálculo inicial los trabajos de modernización traerían como beneficio económico ingresos por el orden de los $100 millones.
Al comenzar a hablar de una revisión de la equiparación del contrato de PP C, llega a la mente la idea que esto puede hacer dudar sobre la seguridad jurídica que ofrece el país.
Pero como explicó Mirones, cuando se firma un contrato con una empresa por lo regular contiene una cláusula que les permite realizar revisiones a futuro, y está práctica no viola la seguridad jurídica de la empresa que opera en el país.
El Panamá América intento una reacción de parte de parte de la empresa Panamá Ports Company, pero no se logró ninguna respuesta sobre el tema en discusión.