Crean plataforma de inclusión para impulsar microempresas

Más de 200,000 empresarios que por mucho tiempo han desarrollado sus actividades comerciales sin los permisos correspondientes y sin acceso al crédito ahora podrán formalizar sus operaciones y gozar de mayor crecimiento, gracias a un esfuerzo público-privado que se inició en 2009 y concluye este lunes.

Se trata de cuatro leyes que benefician al sector informal del país, además de acuerdos bancarios, una iniciativa para simplificar los trámites necesarios para establecer una empresa, y el desarrollo de un plan piloto para fomentar la ejecución de contratos formales entre grandes empresas, microempresas y pequeñas compañías (Mype) proveedoras.

“Con las nuevas iniciativas el empresario no pondrá en riesgo sus bienes personales, tiene mayor acceso al crédito, podrá contar con los permisos correspondientes a un menor costo y tiempo, además ingresará con facilidad a mayores mercados”, manifestó el director general del Centro Nacional de Competitividad (CNC), Nicolás Ardito Barletta.

Estos son solo algunos logros alcanzados a través del Programa de Apoyo a la Inclusión Económica del Sector Informal de Panamá (Pasi), desarrollado por el Centro Nacional de Competitividad y financiado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El aumento del sector informal, año tras año, originó en la Dirección de Políticas Públicas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la idea de crear este programa de inclusión del sector informal.

De acuerdo con la última encuesta que llevó a cabo el Instituto Nacional de Estadística y Censo (Inec), en agosto de 2013 existían 529,672 ocupados informales no agrícolas, es decir, que aproximadamente 39 de cada cien ocupados en Panamá tienen un empleo informal.

La cifra refleja un aumento del empleo informal en relación con 2012, pasando a representar del 37.3% al 38.6% de la población ocupada del país.

Programa

El objetivo de la iniciativa es lograr que las micro y pequeñas empresas crezcan e ingresen a la economía formal para que la población ocupada informalmente cuente con mayores beneficios, contribuyendo consecuentemente con el crecimiento del país.

Para dar origen a las herramientas con las que hoy cuentan los micro y pequeños empresarios, el CNC llevó a cabo un estudio de la economía informal del país con el apoyo público y privado.

Participaron en la iniciativa la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, el Ministerio de Comercio e Industrias (Mici), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), entre otras entidades e instituciones.

“Esta unión público-privada, para crear una plataforma en beneficio de los empresarios informales, que hemos logrado en Panamá, no ha sido posible en algunos países”, indicó Barletta.

Para el director del CNC, los dueños de microempresas informales en todas partes del mundo son componentes importantes de la sociedad y al apoyarlos se fortalece la democracia.

Según la encuesta realizada por el CNC, existen cerca de 200,000 empresarios dueños de micro y pequeñas empresas en el país, que generan alrededor de 430,000 trabajadores, lo cual significa un promedio de 2.2 trabajadores por empresa.

El estudio señala también que entre el 60% y el 79% de estas empresas no cumplen con algunos de los requisitos necesarios para desarrollar sus actividades comerciales y el 60% de los trabajadores no cuentan con seguro social.

De acuerdo con Barletta, esta situación se debe a la falta de capacidad financiera de las empresas, y el Pasi es un instrumento con el que se eliminan los obstáculos para que las microempresas se formalicen, aumenten sus beneficios, tengan más acceso al crédito y a los mercados, y logren contratos para defender sus ventas y pagar sus créditos.

Nuevos beneficios

Los objetivos antes mencionados, según Barletta, se lograron principalmente a través de cuatro leyes aprobadas el 31 de diciembre de 2013.

Una de estas normativas nuevas es la Ley 129, de garantías mobiliarias, que modifica la de 1955, ampliando los bienes que pueden servir de garantía para un préstamo.

Esta es una de las reglamentaciones más importantes aprobadas para el CNC, porque abre el mercado de crédito para estos pequeños empresarios.

Barletta asegura que existen alrededor de $90 millones en crédito otorgados a microempresarios y la demanda puede ser de hasta $300 millones, así que hay por lo menos mercado para $210 millones adicionales.

Acotó que la nueva reglamentación servirá para cubrir esta demanda, ya que los empresarios podrán adquirir préstamos teniendo como garantía más bienes mobiliarios que se han incluido.

Antes solo servían como garantía mobiliaria carros, maquinarias, etc. Sin embargo, ahora se han incluido las cuentas por cobrar, intangibles como la propiedad industrial, el derecho de autor y hasta los inventarios.

Otro de los nuevos beneficios es la oportunidad que tienen los dueños de estas empresas de crear una sociedad anónima respaldada por la Ley 132, que crea las microempresas de responsabilidad limitada (MRL), que al igual que las otras cuatro fue presentada por el Mici, impulsada por el CNC y respaldada por diversas entidades gubernamentales y el sector privado.

Esta reglamentación está dirigida a salvaguardar el patrimonio personal de los empresarios.

“Es una sociedad anónima que le permite al microempresario separar su riesgo empresarial de su riesgo personal. Hoy por hoy él hace su negocio, se compromete, se endeuda, mañana lo demandan y tiene que entregar todos sus bienes, incluyendo su casa, para poder cubrir la deuda”, explicó el especialista.

El dueño de la empresa informal solo debe contar con cerca de 40 dólares y llenar un formulario aprobado por Ampyme y otras entidades relacionadas con la actividad.

Con la creación de la sociedad anónima, que debe estar compuesta solo por el microempresario, de darse un fracaso solo cubrirá el crédito con los bienes de la empresa y no con los personales. La tercera ley es la 135, y se establece que formará parte del historial crediticio el pago de los servicios públicos, siempre que el empresario esté de acuerdo. En tanto, la Ley 130 define claramente las operaciones de microcrédito y se establecen los requisitos que debe cumplir la persona para obtener el crédito.