Crisis de la CSS, el mayor reto para las finanzas públicas

La estabilidad económica, política y social de Panamá pende de un hilo ante la crisis que enfrenta la Caja de Seguro Social (CSS) y la cual necesita una pronta solución.

Si bien el gobierno de Laurentino Cortizo instaló durante su gestión un Diálogo Nacional para buscar una salida a este problema, no se logró un consenso de las alternativas que se deben tomar.

Incluso, durante esta negociación hubo sectores que decidieron no participar y otros que abandonaron la mesa, tras considerar que el mecanismo y metodología del diálogo no eran los adecuados.

En ese momento, el diálogo se interrumpió mientras se esperaba el estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En el informe la OIT se deja claro que las reservas del programa de IVM se acaban, dejando a la CSS sin la posibilidad de pagar las pensiones y jubilaciones de miles de personas que dependen de ese fondo.

Tal y como lo indica René Quevedo, consultor en inserción laboral, la situación del IVM de la CSS representa el mayor reto que enfrentan las finanzas públicas y la peor amenaza a las perspectivas de mantener el grado de inversión de la deuda soberana panameña, obtenido a mediados del 2010.

El panorama tal y como lo plantea la OIT necesita de una solución urgente, pero hasta la fecha no se han visto acciones concretas del Gobierno Nacional.

El Informe de la OIT señala directamente a la precariedad laboral como principal causante de la crisis, indicando textualmente: "El indicador tasa de informalidad del empleo muestra una tendencia al alza muy preocupante en términos de su correlación con el deterioro de la base de financiamiento del Régimen de IVM. De no tomarse medidas de intervención de política para revertir esta tendencia, el país corre con el riesgo de una profunda afectación de la sostenibilidad económica del régimen, que podría alcanzar niveles críticos, con alto costo social".

Quevedo recuerda que la precariedad laboral se sigue agravando. En el 2022, el Mitradel tramitó un promedio de 20 mil nuevos contratos por mes (versus 32 mil en el 2019), de los cuales, 18% (3,600) son Indefinidos y 82% (16,400) son Temporales (definidos o por obra terminada), al tiempo que, según cifras oficiales del INEC, mensualmente se incorporan a la economía más de 10 mil nuevos informales (versos 3,079/mes en el 2019).

Se está generando 37% menos empleos formales y tres veces más informales que en el año prepandemia, mientras que de todos los empleos que se generan al mes, 9 de cada 10 son informales o temporales.

Por otro lado, el problema financiero del Programa IVM fue abordado por la Calificadora de Riesgo Moody's, en su Informe del 25 de octubre 2022, en el cual rebajó la perspectiva de la deuda panameña de estable a negativa, sustentando su rebaja de perspectiva estable a negativa en el hecho de que el proceso de reducción del déficit requerido para cumplir con las metas de la Ley de Responsabilidad Fiscal será cada vez más complicado.

Esto es debido a las crecientes presiones de gasto público y mayor probabilidad de que el Gobierno necesite proporcionar apoyo financiero a la CSS, dado que, ya que el IVM está destinado a consumir sus reservas.

En ausencia de medidas correctivas, Moody's señala que se requerirá apoyo financiero recurrente del Gobierno equivalente a más del 1% del PIB anual.

Sobre la base del PIB estimado para el 2022, la sugerencia de Moody´s equivaldría a unos $680 millones anuales, 5 veces más de los $140 millones que hoy aporta el Gobierno.

El experto explica que "Haciendo un ejercicio de matemática simple, restando los $190 millones ya comprometidos una vez ratificado el nuevo Contrato entre Minera Panamá y el Estado, el Gobierno deberá buscar fuentes de financiamiento por unos $350 millones de su Presupuesto Anual, lo cual requerirá la racionalización o reorientación del gasto público, mayor recaudación fiscal, o nueva deuda, como temen las Calificadoras".

Agrega que una figura temporal que le permitiría al Gobierno ganar tiempo es un posible "financiamiento" de alguno (s) de los otros tres programas de la CSS (Enfermedad y Maternidad, Riesgos Profesionales, Administración) al IVM.

Por su parte, el empresario, comentarista deportivo y analista político, Juan Carlos Tapia, considera que la solución debe partir del presidente de la República, Laurentino Cortizo, quien debe tomar una decisión.

"Este tiene que ser un diálogo llamado por el presidente, mientras no llame el Ejecutivo no se van a reunir", señala Tapia.

Recuerda el comentarista que no ha habido ninguna modificación de la CSS que no haya sido encabezada por el Ejecutivo.

Todos los presidentes, su primera promesa, según Tapia, es esta y Nito Cortizo inclusive fue más allá, al decir que Varela había pateado la lata.

El analista reconoce que los políticos, y en este caso el gobernante PRD, saben el precio que van a pagar políticamente, "es más, tocar el tema de la CSS pudiera costarle el entierro al PRD de los próximos 10 o 15 años, porque la gente no entiende que todos tienen que sacrificarnos para resolver este problema.

"Este problema no es que vamos a coger lo que produce el Canal y meterlo allí, eso no alcanza porque la base del IVM está diseñada para el fracaso, no para el éxito. Porque cotizan poco y reciben pensiones por años", señala.

Tapia propone que todos los asegurados coticen por lo menos 30 años y después de allí decidan a qué edad y con qué porcentaje se pueda jubilar.

Además, considera que el Gobierno debe aplicar la Ley Orgánica de la CSS y presionar a los empresarios morosos a que paguen lo adeudado o si no van a la cárcel, porque han robado la cuota descontada a los trabajadores.

También le pide a los directivos de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura (CCIA) que exijan a sus miembros que paguen lo adeudado a la CSS.

Se pregunta: ¿La CCIAP qué ha hecho para que algunos de sus miembros que son morosos de la CSS paguen las cuotas descontadas a los trabajadores?.

Plantea que si la CCIAP quiere tener autoridad no debe aceptar a ningún miembro que tenga morosidad con la CSS porque eso es robar.

"La solución tiene que venir por todos los lados. No se puede permitir que un empresario extranjero tenga muchos empleados sin que estén cotizando.", indica el empresario.

En tanto, el dirigente del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato) Rafael Chavarría es de la opinión que el debate sobre la solución a la crisis de la CSS debe incluir todos los temas.

Manifiesta que es necesario que haya un estudio de la OIT que incluya todas las inquietudes de los tres sectores: Gobierno, trabajadores y empresarios.

Chavarría plantea que en primer lugar hay que regresar al sistema solidario. Recuerda que en el 2018 la OIT hizo un estudio donde 30 países a nivel mundial habían privatizado, como se hizo en el 2005 en Panamá las pensiones de los jubilados y pensionados de la CSS y 18 de ellos han regresado a las jubilaciones solidarias.

También se tiene que hacer un estudio de cuánto la CSS le da salud a la población panameña, "hasta donde yo tengo entendido en Panamá la seguridad social es la única en el mundo que le da más salud a la población que el Estado".

Agrega que hay que hacer un estudio de las medicinas que compra la seguridad social, ya que Panamá es uno de los tres países junto a Canadá y Suiza que más caro compra los medicamentos.

El sindicalista señala que se tiene que hacer un diálogo para consensuar una ley que corrija y beneficie a los asegurados y jubilados. Recuerda que en Panamá a los jubilados solo se le aumenta 10 dólares cada 5 años, mientras que en otros países es un porcentaje más alto.

Mientras el debate sobre la crisis de la CSS se mantiene, y las opiniones varían sobre las medidas que se deben tomar, la crisis en esta institución de seguridad social se agrava con el pasar de los años.

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