Dispensa o recortes, entre alternativas del Gobierno

La empresa privada ve con buenos ojos que el Gobierno asuma el aumento de la tarifa eléctrica, mientras que los economistas aseguran que con la disposición del Ejecutivo se confirma que lo dicho por la Autoridad de los Servicios Públicos (Asep), de que este incremento no afectaría a todos los ciudadanos, era falso.

El pasado 5 de julio, la entidad aseguró que este incremento solo afectaría a los clientes que consuman más de 300 kWh. Sin embargo, la realidad es otra, ya que los empresarios han advertido que traspasarán los costos a los consumidores porque ellos no pueden asumir un aumento más.

De hecho, los consumidores organizados por el Instituto Panameño de Derecho de Consumidores y Usuarios (Ipadecu) y la Unión Nacional de Consumidores y Usuarios de la República de Panamá (Uncurepa) solicitaron a la Asep una explicación por dicha alza y anunciaron que preparan una querella administrativa de plena jurisdicción.

Las protestas y el rechazo de diferentes gremios obligaron al presidente Juan Carlos Varela a buscar una posible solución al alza de la tarifa eléctrica.

El mandatario dijo que la única forma de que se suspenda el incremento es que el Presupuesto General del Estado asuma el aumento.

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Esto se daría con espacios fiscales que permitan que el Órgano Ejecutivo pueda asimilar en su presupuesto un cargo de $60 millones, lo que permitirá asumir el costo de la luz por seis meses.

A juicio de Varela, el 50% del aumento de la tarifa se dio por el alza del precio del petróleo y el otro 50% por el costo de transmisión de la línea 3, argumentos que según los expertos no tienen sustento alguno.

Para Severo Sousa, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), si hay algo que necesita en este momento el pueblo es tranquilidad, y el alza de la tarifa eléctrica es un gran obstáculo en ese sentido.

El empresario cree que una dispensa fiscal en ese sentido sería vista con buenos ojos, pero debe quedar claro que se tomarán las medidas pertinentes para que con la entrada de AES y el incentivo a otras fuentes renovables, esto no nos pase en un futuro inmediato.

Mientras, el economista Augusto García coincide con Sousa en que el Gobierno es el que debe asumir el costo del aumento y no los ciudadanos porque él es el único responsable.

"Con lo anunciado por el Gobierno se desmintió lo que dijeron el director de la Asep, Roberto Meana, y el secretario nacional de Energía, Víctor Urrutia, de que solamente se afectaba a una cantidad de clientes", recordó.

Es decir, por una decisión incorrecta del Gobierno se pretende transferir a los clientes algo que provocará un efecto recesivo nefasto para la economía, expresó.

Este efecto ya lo han pronosticado varias entidades internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, Indesa y la revista británica The Economist, que han rebajado sus pronósticos de crecimiento para el país este año.

En tanto, Héctor Cotes, presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), explicó a Panamá América que la propuesta de subsidiar la tarifa por parte del Gobierno es una solución temporal, que si bien evita que todos los panameños tengan un aumento en la tarifa por los próximos seis meses, no resuelve el problema de fondo porque se debe revisar el modelo de gestión de la Empresa de Transmisión Eléctrica Panameña (Etesa).

A su juicio, "el costo del subsidio lo pagamos todos los panameños porque los fondos del Gobierno salen de nuestros impuestos y esto se traduce en menos obras estatales por realizar en este año".

De igual forma piensa el presidente del Colegio Nacional de Economistas, Olmedo Estrada, quien considera que como ya el presupuesto está aprobado y se asignaron las partidas, se recortarán fondos de algún ministerio o institución para sacar los $60 millones y asumir el costo de la luz.

Advirtió que esto significa que este año no se cumplirán todos los programas que tenían ya planificados.

El Gobierno debe hacer un plan de contención del gasto público, que es lo que hace mucho tiempo se le viene diciendo, pero no quieren hacerlo y, al contrario, hacen un gasto improductivo, aseveró.

No obstante, a pesar de que se disminuya el gasto y se ahorren los fondos, se seguirán quedando cortos con el dinero y no llegarían a los $300 millones que se solicitaron como dispensa, afirmó la presidenta de la Asociación de Zonas Francas de Panamá, Aida Michell de Maduro.