El Gobierno salvadoreño prepara una ley para la concesión de El Puerto de La Unión (sudeste) para "mejorar las condiciones" a los empresarios que "no se han querido arriesgar" por las condiciones de la infraestructura, informó hoy el secretario técnico de la Presidencia, Roberto Lorenzana.
Según el funcionario, la legislación que actualmente rige las concesiones portuarias establece "obligaciones" para los concesionarios que los inversionistas "no se han querido arriesgar" a asumir, principalmente en la movilización de volúmenes de carga en la zona oriental del país.
"Estamos trabajando en la posibilidad de que se apruebe una nueva ley de concesiones, que haga más flexibles estos contratos, es una ley de servicios portuarios para que los inversionistas puedan hacerse cargo de este reto sin tener las obligaciones" que la legislación vigente establece, detalló.
Añadió que la misma propuesta que se presentará al Congreso, en fecha no rebelada, surgirá de las "consultas que se han hecho con las empresas que han participado en las licitaciones" previas, mismas que han sido declaradas desiertas.
"Ellos han estado participando, pero dijeron que en esas condiciones (actuales) no se hacen cargo y han pedido justamente que se adecúe la legislación y esto permitirá que gradualmente se vaya movilizando la actividad económica en El Puerto de La Unión", expuso el jefe del Gabinete Económico.
Por otra parte, Lorenzana señaló que dicho puerto posee condiciones de infraestructura "inadecuadas".
"Ese fue un proyecto mal hecho, mal diseñado, lo diseñaron en el lugar más inadecuado, con un asolvamiento permanente y hay que gastar 10 millones de dólares cada año para limpiarlo", explicó.
El Puerto de La Unión fue inaugurado el 21 de junio de 2010 por el expresidente Mauricio Funes, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), mismo partido que el del actual Ejecutivo.
El puerto está diseñado para manejar buques de hasta 300 metros de longitud y operar 750.000 contenedores por año, cifra que lo convierte en una de las terminales marítimas con mayor capacidad en la región centroamericana y tuvo un costo de 200 millones de dólares.