Empresarios no aprueban nuevo impuesto a bebidas
El sindicato de trabajadores de Coca-Cola y Cervecería Nacional señaló que esto puede crear una inestabilidad en la plaza de trabajo.
Los diputados sustentan que la ley tiene por objetivo promover un estilo de vida saludable enfocado en la alimentación y nutrición. Víctor Arosemena
La iniciativa de crear un nuevo impuesto selectivo al consumo de bebidas azucaradas y energéticas del 8% sobre su precio, ya sean importadas o de producción nacional, no es avalada por los empresarios y trabajadores de la industria manufacturera.
En el anteproyecto de ley 104 de 25 de septiembre de 2017, que aún no ha sido prohijado y que reposa en la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional, se establece que la obligación de este impuesto se paga al momento de la compra de la bebida azucarada, ya sea en supermercados, abarroterías o distribuidores en general.
En la exposición de motivos, los diputados sustentan que la ley tiene por objetivo promover un estilo de vida saludable enfocado en una alimentación que asegure un óptimo estado nutricional. Y concienciar sobre las consecuencias del consumo de azúcar.
Sin embargo, el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Severo Sousa, afirmó que este no es el mejor momento para aplicar un impuesto porque no será asumido por la industria, sino trasladado al consumidor.
"Si bien es cierto que el consumo de bebidas azucaradas está afectando la salud de muchos panameños, no estoy seguro de que esta sea la mejor forma de tratar de aplicar un tributo al producto, que tendrá que ser costeado por el consumidor", manifestó.
Agregó que se deben buscar otras formas de educar al panameño para que se apliquen mejores prácticas y formas de comer y no consumir las bebidas azucaradas.
Michael Morales, presidente del Sindicato de Industriales de Panamá (SIP), coincide con Sousa y agregó que esta medida afecta a una industria que viene en decadencia en los últimos años.
"Entendemos que hay necesidad de crear una mayor conciencia sobre el consumo de bebidas azucaradas y alimentos, sin embargo, eso se hace por medio de la educación y no de una manera forzosa, aplicando un impuesto", recalcó.
Expresó que la industria en general se ha ido mermando año tras año, aunque en 2017 hubo una pequeña mejoría, pero en términos generales, la situación del sector es grave.
A juicio de Morales, este es otro reto que tendrá que enfrentar la industria de manera innecesaria e inoportuna.
Un informe del SIP detalla que la industria manufacturera en Panamá presentó al cierre del año 2016 una contracción de 2.8% en su valor agregado bruto, 53.6 millones de dólares menos con respecto al año anterior. La afectación mayor se registró en los alimentos y las bebidas.
El gremio detalló que las actividades con bajas fueron: azúcar (11.9%), bebidas (10.7%), cemento (5.1%), pesca (8.4%), concreto premezclado (12.8%) y sustancias químicas (11.1%).
En el 2016, más del 60% del valor de la economía panameña se concentró en cuatro sectores, siendo el de la construcción el que más aporta.
"La industria manufacturera a duras penas aporta un 5%; en los dos últimos años, una disminución en el valor agregado bruto de 80 millones de dólares", de acuerdo con la SIP.
Por su parte, el sindicato de trabajadores de Coca-Cola y Cervecería Nacional ha manifestado que imponer un nuevo impuesto puede crear una inestabilidad en las plazas de trabajo.
Añadieron que estarán atentos a cualquier llamado de movilización contra el anteproyecto de ley que crea un impuesto de 8%.
Pedro Acosta, presidente de la Unión Nacional de Consumidores y Usuarios de la República de Panamá (Uncurepa), dijo que sí se debe aplicar un impuesto a las bebidas azucaradas y energéticas, pero el tema debe ser consensuado con la población, las autoridades y las empresas.
"Con lo que no estaría de acuerdo es con que se aplique inmediatamente porque eso afecta el bolsillo de los consumidores, por lo que es una discusión que puede llevar muchos años, ya que hay intereses económicos", destacó Acosta.
Las recaudaciones del impuesto serán asignadas al Ministerio de Salud (Minsa), un 25% para proyectos dirigidos a la concienciación, prevención y tratamiento de los pacientes con diabetes y un 75% será destinado al Instituto Oncológico Nacional para la compra de equipos, terapias medicamentos y adiestramiento de los profesionales.
La Secretaría de Estado dio a conocer que la iniciativa de crear un nuevo impuesto no ha sido presentada por el Gobierno Nacional, sino que ha sido de los diputados.
De aprobarse esta iniciativa, comenzará a regir a partir de enero del próximo año.