Luego de aprobarse hoy en tercer debate el proyecto de ley que modifica y adiciona artículos a la Ley 45 de 2007, y dicta medidas sobre el derecho de los consumidores al uso de estacionamientos en locales y centros comerciales, Edwin de Souza, representante de la Asociación de Restaurantes y Afines de Panamá (ARAP), explicó a Panamá América que no hubo consenso con el sector empresarial.
Destacó que como empresarios solicitaron a los diputados que se hiciera un estudio científico, idóneo y responsable como se han hecho en otros países con la Alcaldía, la ATTT y el Ministerio de Salud.
Según De Souza se ha comprobado que si obliga que los estacionamiento sean gratuitos, genera proliferación de gases tóxicos y esto triplica la emisión de gases, porque las personas comienzan a manejar indiscriminadamente de un lugar a otro sabiendo que no tienen que pagar.
"Esto crea un efecto tipo colesterol para las vías y afecta a todos en el área metropolitana obligando a la gente con o sin carro a tener que sufrir todos problemas de salud, ambiental y tráfico", agregó.
Considera que estos diputados han insultado y faltado el respeto a la clase empresarial utilizando viejos mecanismos de exaltación social, lo que podría iniciar la punta del iceberg de una serie de medidas sociales, políticas y económicas.
"Van a utilizar a todas las personas como carne de cañón con tal de poner en jaque la Asamblea al Ejecutivo de este país", sentenció de Souza quien también aseguró que esto es algo muy preocupante y triste que está siendo visto por empresas extranjeras.
Manifestó que por tradición se ha tenido el modelo económico de la República como un mercado libre. "No se puede hablar de abuso, abuso es cuando usted no tiene alguna alternativa, no es así lo que sucede con los estacionamientos", enfatizó.
Comentó que ningún empresario va a meter una medida de cobro que sea completamente desfavorable, porque la misma clientela le va a decir lo que puede y no cobrar porque eso es el resultado de una economía de libre oferta y demanda.
"Ya somos noticia internacional de que Panamá está cambiando su modelo económico y eso no ayuda para nada en una economía donde hemos visto una pequeña desaceleración y que va a redundar negativamente a todo el país", indicó el empresario.
Ante esta intervención en la propiedad privada afirma que un empresario extranjero puede interponer una demanda contra el Estado por cambiar las condiciones jurídicas económicas, a las que se le permitía hacer una inversión.
