Europa acuerda inicio de política energética

LOS LÍDERES de la UE aseguraron ayer con solemnidad haber puesto la primera piedra de una nueva política común de la energía, al término de una cumbre en Bruselas, en la que volvieron a expresar su fe en la revitalización de la economía europea.
Según el portugués José Manuel Durao Barroso, presidente del Ejecutivo de la UE, la fecha del 24 de marzo de 2006 será recordada en la historia de la integración europea por haber alumbrado una nueva "Política Energética para Europa".
De contornos más que difusos todavía, la PEE viene a sumarse desde ayer al ejercicio de estímulo del crecimiento económico y el empleo que todas las primaveras desde el año 2000 acometen los jefes de estado o gobierno.
Las conclusiones de la cumbre de Bruselas atribuyen a esta nueva política energética tres objetivos principales: aumentar la seguridad del suministro, velar por la competitividad de las economías y fomentar la sostenibilidad del medio ambiente.
La política energética para Europa deberá "garantizar la transparencia y la no discriminación en los mercados; ser compatible con las normas de competencia y con las obligaciones de servicio público; y respetar plenamente la soberanía de los Estados miembros sobre la elección de las combinaciones energéticas".
Pero el cumplimiento simultáneo de estas cuatro premisas se anuncia muy problemático.
Como resaltó el presidente del Parlamento Europeo, Josep Borrell, lo único que ha existido de momento en la agenda común ha sido una política de competencia aplicada a la energía, pero no un auténtico mercado interior en este sector, con libre circulación y reciprocidad garantizadas.
En realidad, la energía, y especialmente las grandes operaciones de concentración empresarial ligadas a la inminente liberalización plena del gas y la electricidad (2007), se está convirtiendo en un motivo de fuertes tensiones entre los socios europeos.
Los Gobiernos de España y Alemania aparecen enfrentados por el control de la eléctrica española Endesa, mientras que Francia e Italia se han cruzado duras acusaciones a propósito de la titularidad futura del gran grupo franco-belga Suez.
El primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, no ha dudado en calificar de "proteccionista" la actitud del gobierno francés de Dominique de Villepin al promover de manera precipitada la fusión entre el grupo público Gaz de France y la compañía privada Suez con el fin de malograr una opa planeada por la italiana Enel.
En el caso español, es la Comisión Europea la que amenaza con un procedimiento de infracción inminente contra las modificaciones legislativas introducidas por Madrid con el manifiesto objetivo de dificultar la opa del gigante alemán E.ON sobre Endesa.
Esta compañía española era objeto de otra opa previa protagonizada por la empresa catalana Gas Natural que contaba ya con el favor y la autorización del Gobierno español y que perseguía la creación de un "campeón nacional" en este sector estratégico de la energía. Pero en la cumbre de Bruselas, ninguna de estas fricciones salió finalmente a relucir.