Un tribunal superior colombiano anuló este martes un fallo que obligaba a una electrificadora estatal a pagarle 62 millones de dólares a la firma TermoRío, propiedad de la estadounidense Sithe Energies, lo que paralizaría temporalmente el acceso del país al ATPA señalaron ayer voceros oficiales.
Según un reporte oficial, el Consejo de Estado -máximo tribunal administrativo-, anuló por unanimidad el fallo que obligaba a la Electrificadora Estatal del Atlántico (Electranta) a desembolsarle 62 millones de dólares a la firma TermoRío por incumplir un contrato de generación de energía. De acuerdo con los magistrados, el Tribunal de arbitramento que condenó a Electranta debió regirse por las leyes procesales colombianas y no por el reglamento de arbitraje y conciliación de la Cámara de Comercio Internacional, como fue el caso. La propietaria de la empresa colombiana es la multinacional estadounidense Sithe Energies, que empezó siendo socia minoritaria de TermoRío y a lo largo del pleito se hizo del 99.8% de sus acciones.
Al respecto, TermoRío emitió un comunicado en el que calificó de insólito el fallo y dijo que Colombia no es un país confiable para los inversionistas extranjeros.
En ese sentido, Robert Kartheiser, vicepresidente de la compañía de energía aseguró que “Colombia parece reservarse el derecho de cambiar las reglas del juego cuando decide incumplir contratos. Lo que no podrá negar es que incumplió un contrato con comportamiento que fue tan flagrante que el Tribunal de Arbitramento lo calificó como reprochable”.
Agregó que su empresa estudiará todas las opciones, dentro y fuera de Colombia, para hacer valer sus derechos contractuales y lograr que la justicia prevalezca.
Por su parte el jurista Jorge Arango, quien participó en el litigio a nombre de la nación, dijo que se hizo justicia ya que “el pleito no se podía dirimir bajo leyes internacionales”. Analistas consultados por medios de prensa dijeron que la decisión del alto tribunal tiene un doble efecto para Colombia pues, si bien frena el pago de la condena, podría complicarle al país -por lo menos temporalmente- el acceso a los beneficios arancelarios contemplados en el ATPA.
O’Neill argumentó que se decidió la ayuda a Uruguay porque este país “durante mucho tiempo llevó adelante políticas sanas, favoreciendo el libre comercio, la baja inflación y siguió las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional.
Con Uruguay, Washington aplica una política diferencial en relación a Argentina y Brasil por su política financiera saludable y por eso “Estados Unidos continuará apoyando a las instituciones” uruguayas, subrayó.
Al finalizar el feriado bancario, el oficial BROU sufrió retiros por 40 millones de dólares, un 5% del total de sus depósitos a la vista, informó a la AFP el director de la institución, Pablo García Pintos.
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