Gobierno debe evitar la quiebra masiva de empresas

La pandemia de la covid-19 conlleva a los países a una crisis de salud, pero a la vez una crisis económica y Panamá no escapa de esta realidad que desde hace un año está golpeando sin piedad.

Panamá, al igual que el resto de los países en la región, se verá forzado a adoptar medidas para poder reactivar la economía, la cual deben estar enfocada en salvaguardar la estructura ocupacional y evitar la quiebra masiva de empresas.

Aunque se desconoce la cifra de las empresas que no han podido reabrir tras la crisis de la pandemia, hay más de 130 mil trabajadores que tienen contrato suspendido y más de 7 mil que quedaron sin trabajo, según cifras del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel).

Otras de las medidas es garantizar la subsistencia de las personas durante el tiempo que sea necesario para superar la epidemia, teniendo en mente los elevados niveles de pobreza e informalidad y coadyuvar a la protección de la salud de las personas, en línea con los objetivos del control de la epidemia en cada territorio.

Para 2021 se prevé una leve recuperación del 4%, impulsada por una mejora de los flujos comerciales, la recuperación de los sectores del transporte, la logística y otros asociados al Canal, los repuntes en los sectores de la minería y la construcción, y a mejoras en el consumo interno y las inversiones.

El economista Armando Sempris, manifestó en un informe económico, que los proyectos del Estado y la planificación son fundamentales.

"Aquí deben entrar a funcionar las políticas económicas que el Gobierno Nacional tiene para detener la caída y, en el mejor de los casos, hacer que repunte la economía. Esto implica poner a funcionar los proyectos gubernamentales detenidos, y el resto lo harán los agentes económicos", expresó.'

7

mil trabajadores han quedado cesado a raíz de la pandemia durante el 2020.

6

mil millones de dólares ha adquirido en deuda el Gobierno en el último año.

Sempris explicó que los recursos obtenidos mediante deuda y ahorros pueden ser insuficientes si la crisis se prolonga, especialmente con la pérdida de recaudación.

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En este contexto, el economista señaló que es predecible que el balance fiscal en Panamá se deteriore y que la deuda, como proporción del producto interno bruto (PIB), se incremente de forma significativa y regrese a niveles no vistos desde 2006, cuando el país comenzó a disminuir de forma significativa sus niveles de endeudamiento.

A la fecha la deuda pública de Panamá supera los 38 mil millones de dólares y aumentó en el último año en más de 6 mil millones de dólares.

Impacto en la calificación

La rebaja de la calificación de tres calificadoras de riesgo implica que el país tiene menos capacidad para pagar sus deudas.

Este deterioro hará más caro para Panamá endeudarse, por lo que los fondos necesarios para pagar ese incremento del costo de la deuda es dinero menos que el Estado tendrá para otros usos, como salarios, nuevas contrataciones, dar subsidios, obras de infraestructura, reparar hospitales, escuelas, etc., señaló René Quevedo.

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Agregó que esta desfase haría inminente un aumento de los impuestos y el país se haría menos atractivo a la Inversión Extranjera Directa (IED), por lo que al margen de estimular el consumo y la actividad económica para reactivar el pago de tributos al Fisco, es imperativo recortar el gasto estatal.

Atraer inversión

En este escenario de estrechez fiscal, alto endeudamiento del Estado y descapitalización del sector privado, luego de casi un año de paralización económica.

Panamá busca superar el golpe de la pandemia del covid-19 atrayendo inversión extranjera, a través de ventajas fiscales aprobadas el año pasado, con el apoyo del Gobierno de EE.UU. para promover Panamá como un destino seguro y de calidad; para captar empresas de manufactura .

Panamá sigue siendo el quinto país más atractivo para la IED en Latinoamérica ,sin embargo, el cada vez más acentuado discurso xenofóbico, creciente inestabilidad política y la amenaza de cambio en las reglas de juego a Minera Panamá, la mayor inversión extranjera en la historia del país ($6.7 mil millones), atentan directamente contra la seguridad jurídica y ponen en peligro la atracción de nuevos inversionistas

Todo esto en un entorno de férrea competencia con países como Chile, Uruguay, Costa Rica y México, que promocionan la seguridad jurídica, estabilidad política, paz social y una cultura abierta a los extranjeros como sus puntos fuertes.