Guatemala y El Salvador deben primar energías renovables para bajar pobreza

 Las agendas de desarrollo local, nacional y regional de El Salvador y Guatemala deben dar prioridad a las energías renovables para buscar mejorar la calidad de vida de la población, especialmente de aquella que se encuentra en situación de pobreza, según un estudio difundido hoy.

Esta es la principal conclusión del estudio "Brechas y puentes entre la política fiscal y las energías renovables: El Salvador y Guatemala", presentado este martes en Guatemala en el marco de un foro sobre política fiscal y energías renovables.

El evento ha sido organizado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) y el Instituto Humanista para la Cooperación con los Países en Desarrollo (Hivos), que elaboraron el informe.

Se presentaron los principales resultados de este documento, y en el que se presenta el desarrollo de una metodología para medir el gasto público en energía (GPE).

Las dos entidades recordaron que uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) persigue garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para toda la población.

Por ello, el papel que juegan los Estados para la promoción y adopción de energías renovables "es fundamental para tener sociedades sustentables".

En la actualidad, a nivel mundial, más del 90 por ciento de la energía que se consume proviene de fuentes energéticas no renovables (carbón, gas natural, energía nuclear y petróleo), y tres cuartas partes del consumo energético mundial son debido a la industria y el transporte.

En el caso de El Salvador, detalla el escrito, durante la década de 1980 el 76,6 por ciento de la demanda de energía eléctrica era satisfecha mediante la producción proveniente de fuentes renovables, pero en el año 2013 esta representó solo el 50,8%.

En Guatemala, en ese mismo periodo, las fuentes renovables pasaron de satisfacer del 62 al 55% de la demanda de energía eléctrica.

En El Salvador hay un 5% (aproximadamente 310.000 personas) de los hogares que no cuentan con acceso a energía eléctrica, mientras que en Guatemala este porcentaje alcanza el 10% (1,5 millones de personas aproximadamente).

En cuanto al gasto público en energía (GPE), entre 2007 y 2014 el Estado salvadoreño destinó 3.718 millones de dólares al sector energético, lo que equivale a un promedio anual de 464,8 millones (el 2% del PIB).

Estas cifras representan una tendencia al alza, pues se pasó de 297,6 millones (1,5% del PIB) en 2007, a 549 millones (2,2% del PIB) en 2014.

En tanto, el Estado de Guatemala gastó 2.886 millones de dólares, lo que equivale a un promedio anual de 360,8 millones, con una clara tendencia al alza, en términos nominales, pero con cierta estabilidad, cuando se compara el gasto en términos del PIB, quedando en torno al 0,7% del PIB.

En ese mismo periodo, en términos del presupuesto, el GPE ha representado el 6,3% del gasto público total en el caso de El Salvador y el 4,1% en Guatemala.

Un dato que comparten ambos países es que el principal destino del GPE ha sido los subsidios: en El Salvador han representado el 58,1% las erogaciones en subsidios al transporte, gas propano y electricidad; mientras que Guatemala ha destinado el 45,0% para el transporte y la electricidad.

Estos subsidios además de entregarse a fuentes energéticas no renovables, advierte el estudio, "están mal focalizados", pues los reciben, principalmente, "quienes no están en situación de pobreza", mientras que las inversiones específicas en energías renovables solo representan un 5,1% del total del GPE en Guatemala y 11,9% en El Salvador.

Ante esta situación, Icefi e Hivos recomendaron a los Estados garantizar que cualquier proyecto energético contenga un modelo de gobernanza que permita a las comunidades decidir las condiciones en las que dichos proyectos se deben ejecutar, para que tengan un impacto en el bienestar de la población y en los recursos.