Impuesto a las bebidas azucaradas crea polémica

Luego que se retomara la discusión del proyecto de ley 570, que establece un impuesto selectivo al consumo de bebidas azucaradas, ha generado reacciones entre los consumidores y economistas, quienes coinciden en que la normativa es positiva y pone un alto al problema que está afectando a la población panameña.

La iniciativa busca crear un nuevo impuesto selectivo al consumo de bebidas azucaradas y energéticas del 8% sobre su precio, ya sean importadas o de producción nacional.

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La obligación de este impuesto se paga al momento de la compra de la bebida azucarada, ya sea en supermercados, abarroterías o distribuidores en general.

No obstante, el Sindicato de Industriales de Panamá (SIP) asegura que el tema tiene una óptica diferente, pues se trata de un problema de salud que debe ser atendido de manera integral, promoviendo una alimentación balanceada y un estilo de vida saludable; con la participación de las autoridades, la industria, las organizaciones internacionales, la sociedad civil y la población en general.

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"Cualquier nueva medida impositiva repercutirá negativamente en el agro, la industria y consecuentemente en la economía del país, por lo que el SIP se opone rotundamente a esta iniciativa legislativa", señaló la SIP.

Agregó que esta medida puede tener un efecto sobre la inversión y los más de 24 mil empleos directos e indirectos que dependen de esta industria.

De acuerdo con el sindicato, la industria de bebidas azucaradas se ha visto afectada por las importaciones en los últimos años.

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Además ha decrecido de manera desmedida y esta medida afectaría la competitividad de los productores.

Sin embargo, para el economista Olmedo Estrada la SIP está defendiendo las industrias que están bajo su organización, pero no le importa la salud del pueblo que son los afectados por la diabetes juvenil y la diabetes tipo 1 y 2 producida en gran parte por el consumo de bebidas azucaradas.

Indicó que estas industrias deben buscar alternativas para que dentro de las áreas industrial y agroindustrial se generen productos nuevos que lleven menos azúcar al consumo de los panameños.

"Nadie obliga a nadie a consumir una bebida azucarada, sin embargo, nuestra sociedad no tiene acceso a otras bebidas saludables porque son más caras", argumentó.

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De acuerdo con la iniciativa, un 25% de la totalidad de las recaudaciones del impuesto que establece la norma será asignado al Ministerio de Salud para la prevención y tratamiento de los pacientes con diabetes, mientras que el otro 75% será para el Instituto Oncológico Nacional para la compra de equipo con tecnología de punta, obtención de terapias, adquisición de equipo para tratamiento y cura de los pacientes, y adiestramiento de los profesionales de la salud.

Cifras de la Contraloría General de la República de Panamá detallan que la producción de bebidas gaseosas en el 2017 disminuyó un 11.9% en comparación al 2016 cuando registró 5.5%.

El presidente de la Unión Nacional de Consumidores y Usuarios de la República de Panamá (Uncurepa), Pedro Acosta, también coincide con Estrada y añadió que el proyecto no es malo, pero debe ser bien estudiado para evitar el descontento de las compañías, pero siempre pensando en la salud.

"Yo creo que la salud es primero y dependerá de la orientación que tenga el Gobierno Nacional para poner un alto a este problema que está afectando a la gran mayoría de la población, entre ellos niños", manifestó.

Algunas de las bebidas a las que se les busca aplicar este impuesto están dentro de la canasta básica.