El Gobierno iraní ha pospuesto por un mes más su decisión de suprimir los subsidios a la gasolina, pese a que ya ha comenzado a pagar las compensaciones en metálico prometidas a la población.
Según el director del organismo para la gestión de combustibles en el Transporte, Mohamad Royanian, los conductores aún recibirán hasta el 21 de noviembre su cuota de 60 litros de gasolina a un precio de 7 céntimos de euro el litro.
"Durante el mismo tiempo, se cobrará a 32 céntimos de euro el litro de gasolina que supere la cuota", explicó Royanian, citado por la agencia de noticias local Mehr.
La importante subida que experimentará la gasolina una vez que el plan de subsidios se aplique de forma definitiva es una de las decisiones más delicadas del plan económico presentado por el presidente iraní, Mahmud Ahmadienyad.
Hace unos años, un incremento en el precio del carburante desencadenó graves protestas populares, con la quema incluso de estaciones de servicio.
Ahmadineyad presentó a principios de año un plan estatal para sustitución de los subsidios a los combustibles, los alimentos y la energía por ayudas directas a la población, calculadas según el poder adquisitivo declarado por las familias.
Aunque aún no se ha anunciado oficialmente su puesta en marcha, sus efectos han comenzado ya a plasmarse en gastos como el recibo de la luz o el gas.
A principios de este mes, el Gobierno emprendió la primera medida al reducir de 90 a 60 litros mensuales la tarjeta que permite acceder a la gasolina subvencionada.
Además, esta semana comenzó a enviar a las cuentas bancarias de los habitantes de tres provincias del país la compensación en dinero en efectivo, que según la prensa local "ronda los 32 dólares por persona".
Funcionarios del gobierno han calculado, por su parte, que alrededor de 60,5 millones de personas de los 74,7 millones de habitantes del país, recibirán una media de 65 euros mensuales.
La controvertida supresión de los subsidios ha enfrentado al Gobierno y al Parlamento, que ha tratado de frenarla, y se ha convertido en una muestra más de la división que acecha al régimen desde la polémica reelección del presidente en junio de 2009, entre denuncias de fraude por parte del a oposición reformista.
Economistas iraníes han advertido de los graves prejuicios que esta medida puede tener en la economía domestica, ya que se teme un crecimiento notable de la inflación.
