Jubilados dispuestos a dialogar; los empresarios insisten en que se vete

Los jubilados aseguraron estar dispuestos a conversar para llegar a un acuerdo que beneficie a todas las partes involucradas en la aplicación del proyecto de ley No. 226, que amplía los descuentos a este grupo poblacional.

Guillermo Cortés, representante del Movimiento Mundos, señaló estar preparado para defender la iniciativa, pues, contrario a lo que mencionan algunos gremios empresariales, considera que la misma cumple con las formalidades necesarias para convertirse en ley de la República en beneficio de los más de 100,000 jubilados y pensionados del país.

Agregó que, pensando precisamente en la solvencia económica de las pequeñas y medianas empresas para hacer frente a este descuento, el documento, a diferencia de la ley No. 192 de diciembre de 2020, abre el compás para que el porcentaje brindado sea deducible 100% como crédito fiscal al impuesto sobre la renta a todas las entidades, sin importar su clasificación.

Dicha disposición, reiteró Cortés, fue respaldada por los empresarios durante la discusión del proyecto en la Asamblea Nacional; por ello, no entiende por qué, tras su aprobación en tercer debate, solicitan su veto.

Con respecto al caso de las pequeñas farmacias, explicó que su problema no es el descuento, sino los incentivos adicionales que ofrecen sus competidores, y que debido a su tamaño no pueden replicar.

"Los adultos mayores no somos responsables de las grandes ventas ni de las bajas ventas", subrayó.

Aunque la intención de los jubilados es que la iniciativa se apruebe íntegramente como salió del Legislativo, reconocen que en la reunión convocada por el presidente José Raúl Mulino pueden surgir recomendaciones que están dispuestos a considerar para lograr su sanción.

Pese a la disposición que han mostrado los jubilados, pensionados y personas de la tercera edad a dialogar, el sector empresarial insiste en la objeción presidencial.

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) solicitó al mandatario devolver el documento a la Asamblea para su revisión técnica, económica y jurídica.

El gremio admitió que facilitarle a este grupo cubrir sus necesidades básicas debe ser prioridad; sin embargo, se debe buscar una solución justa y sostenible que no recaiga principalmente en las empresas y los prestadores de servicios.

"Una medida de esta naturaleza requiere un análisis integral que determine cómo se financiarán los beneficios y quién asumirá efectivamente su costo", expresaron a través de un comunicado.

Sugieren que se priorice a las personas de menores ingresos y se evalúen mecanismos de compensación tributaria que les ayuden a cargar con este beneficio, evitando que su cuantía afecte a los propios consumidores.

Apede puntualizó que su objetivo no es limitar los descuentos, sino contribuir a una solución "equilibrada, transparente y sostenible".

La reunión entre el Ejecutivo, representantes de la Cámara de Comercio y jubilados se desarrollará la próxima semana.