La batalla por el uso de los dispositivos electrónicos
Panamá fue sede la semana pasada de la cumbre antitabaco, evento que fue aprovechado por grupos que apoyan el uso de los cigarrillos electrónicos.
En Panamá, una última ley aprobada en 2022 va dirigida a sacar de circulación estos dispositivos, que todavía es común verlos en centros de diversión nocturnos. Foto ilustrativa
El uso de los cigarrillos electrónicos como alternativa para reducir el consumo de tabaco en el mundo es un debate que levanta pasiones y Panamá fue el epicentro de este, la semana pasada.
El país fue sede hasta el sábado de la Conferencia de las Partes del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el Control del Tabaco (COP10) que reunió a representantes de más de 180 naciones.
Para la viceministra de salud de Panamá, Ivette Berrío, estos productos son una injerencia que representa la industria del tabaco y que constituyen "unos de los mayores obstáculos para la aplicación efectiva" del convenio marco sobre la reducción del tabaquismo.
Berrío habló en nombre de los países de América Latina, quienes presentaron una propuesta consensuada.
Existe un "conflicto fundamental e irreconciliable entre los intereses de la industria tabacalera y los intereses de la política de salud pública", añadió la viceministra, citada por la revista digital Estrategias & Negocios (E&N).
Panamá, que ha sido un referente en el endurecimiento de leyes contra los cigarrillos, sancionó en 2022 la Ley 315 que prohíbe la comercialización de productos de tabaco que incluyen cigarrillos electrónicos y vapeadores. La restricción se extiende a los lugares donde está prohibido fumar cigarrillos.
A nivel regional, 21 países regulan estos dispositivos, mientras que 8, entre los que se incluye Panamá, han prohibido su venta. Los otros siete son Argentina, Brasil, México, Nicaragua, Suriname, Uruguay y Venezuela.
Como consecuencia, Panamá enfrenta una batalla contra el contrabando de cigarrillos, con un mercado negro gigantesco que lidera la mercancía de artículos que entran y se venden de forma ilegal en las calles de nuestras ciudades.
Alejo Campos, director regional de Crime Stoppers para América Latina y el Caribe, reveló que, en Panamá, 95% del comercio del cigarrillo es ilegal.
"Y este dinero de recaudación ilegal va directamente para las estructuras del crimen que operan aquí en Panamá y que son las mismas que después operan con el tema del narcotráfico", dijo el experto.
Agregó que, por cada contenedor con esta mercancía ilegal, la recaudación para estas organizaciones criminales es de un millón de dólares.
Desde el otro lado, hay sectores que argumentan que no hay estudios contundentes que comprueben efectos nocivos de los vapeadores en la salud humana.
Es más, los proponen como alternativas para que las personas salgan de la adicción del tabaco.
En forma paralela a la cumbre del COP 10, en el país se efectuó el pasado 6 de febrero, el segundo foro latinoamericano Nicotina y Reducción de Riesgo: Ciencia, Regulación y Activismo en el que se analizó y discutió el rol crucial de las alternativas de riesgo reducido en la lucha contra el tabaquismo.
Se conversó sobre cómo las alternativas como los cigarrillos electrónicos pueden contribuir significativamente a la reducción de daños del tabaquismo.
En contraparte, se señaló que en aquellos países que han prohibido los cigarrillos electrónicos, ha habido un aumento del comercio ilegal y limitado las opciones de los fumadores para acceder a alternativas más seguras.
"Prohibirlos no solo impide que los fumadores accedan a alternativas más seguras, sino que también fomenta el mercado negro y facilita el acceso de estos productos a menores de edad, y demás consecuencias negativas que esto conlleva," explicó Rafael Lara Liy, director de Rauder, organización sin fines de lucro que busca difundir y defender los Derechos Humanos.
Por su parte, Mariana Hoyo, participante en el panel de médicos del foro, comentó que, como profesionales de la salud, su deber es actualizarse, analizar, entender y cuestionar las evidencias, pero también deben asumir una posición de empatía hacia los pacientes que buscan mejorar su salud.
"Debemos considerar alternativas que disminuyan los riesgos. Esta es la base de la alianza terapéutica que ayuda realmente a la persona y no la estigmatiza, sino que trata de aliviar su condición", señaló la doctora.
Estos grupos también tienen sus estudios que buscan validar que el uso de estos dispositivos incide en una reducción significativa de las tasas de tabaquismo.
Se refirieron a uno realizado en Suecia que en tan solo 15 años ha reducido sus tasas de tabaquismo de 15% a 5.6% y ha logrado una tasa de mortalidad por enfermedades relacionadas con el tabaco, un 39.6% menor que el promedio de la Unión Europea.
El foro concluyó con un manifiesto que exige a los gobiernos de América Latina derogar prohibiciones y desarrollar marcos regulatorios basados en evidencia científica.
"Nuestro objetivo es lograr que los fumadores adultos tengan acceso a alternativas menos dañinas, como parte de una estrategia integral para reducir el impacto del tabaquismo en la salud pública y que nuestras voces sean escuchadas", dijo Rafael Lara, director de Rauder.