Llaman a juicio a la empresa PCNET por presunta falsificación de software

La Fiscalía Décima de Circuito de Panamá, dictaminó el llamamiento a juicio en contra de los propietarios de la empresa PCNET, S.A., por ser presuntos responsables de los delitos de reproducción y distribución no autorizada de programas de computación, señaló Harry Díaz representante de la empresa Business Software Alliance (BSA).
La recomendación fue hecha por José Ayú Prado, encargado de la Fiscalía Décima y de acuerdo con las investigaciones efectuadas por las autoridades, que tuvieron su origen con una denuncia interpuesta por Business Software Alliance (BSA), contra la compañía PCNET, S.A., por presunta piratería de software.
A raíz de la denuncia presentada el 3 de septiembre de 1998, la Fiscalía Décima realizó una inspección judicial del local comercial de PCNET, S.A., donde fueron inspeccionadas todas la computadoras destinadas a la venta y las que eran utilizadas en las operaciones administrativas de la empresa.
Según Díaz, en la diligencia se encontró un número considerable de programas (30) copias que habían sido instalados en las computadoras sin contar con la licencia correspondiente que autoriza la reproducción de softwars, además de (13) computadoras personales que fueron decomisadas por las autoridades.
El representante legal de Business Software Alliance (BSA), Harry Díaz explicó que la Ley 25 de 1996, señala que por este tipo de acción se establecen multas de hasta B/.20,000.00 y las mismas dependerán del área donde se cometan las faltas.
Díaz precisó que si se trata de una empresa de la Zona Libre, la multa podría alcanzar los B/.75,000.00 , sin embargo, hay que dejar claro que la aplicación del derecho de autor y de marca son de diferentes ramificaciones y no se sancionan igual.
Díaz expresó que la BSA está tratando de mantener las medidas exhibitorias de los juzgados civiles para evitar la presión criminal sobre los posibles infractores.
Señaló por otra parte, que los distribuidores de computadoras y softwars que no estén vendiendo con la licencia que los autoriza se les está llevando a cabo una gestión a nivel criminal.
De acuerdo con Díaz , a los usuarios de software se les está haciendo una investigaciones en los juzgados civiles.
En tanto Audrey Williams, representante de BSA, señaló que en los casos de demandas civiles lo que se persigue es una indemnización por daños y perjuicios.
Williams dijo que en este caso la Ley de Derecho de Autor estipula sanciones entre los B/.10,000.00 y B/.20,000.00 y cuando se trata de indemnizaciones para el titular de los programas el monto a pagar se determinará según el valor de los programas que han sido pirateados y la cantidad de copias que sean encontradas, porque uno de los factores que determina el daño es el valor de la licencia que se debió haber pagado.
La también representante legal de la Business Software Alliance (BSA), indicó que se ha estipulado que el programa Office tiene un valor estimado entre los B/.500.00 y B/.700.00.
Se ha establecido que las compañías demandadas pagarán los gastos de la parte demandante.