Marco General de la Políticas

El Panamá América

La economía panameña está basada en un sector de servicios bien desarrollados que es responsable de más del 60 por ciento del GDP. Los servicios incluyen el Canal de Panamá, las actividades de los puertos de contenedores, navieras, registros de naves, bancos, seguros, así como la manufactura y distribución en la Zona Libre de Colón. El sector industrial, que es responsable del 19 por ciento del GDP, está conformado por manufactura, minería, servicios públicos y la construcción. La agricultura, forestación y pesca son responsables del 7 por ciento del GDP. El gobierno se lleva el 14 por ciento restante.
La economía creció 3.2 por ciento en términos reales durante 1999, lo que es una baja comparada al 3.8 por ciento que se registró en 1998. El Gobierno de Panamá estima un crecimiento durante el 2000 un poco menor al 3 por ciento, pero las predicciones de los economistas independientes son un crecimiento aún menor. El crecimiento de la economía ha sido detenido por el continuo descalabro de la Zona Libre de Colón, la salida de los militares norteamericanos, y en general por la inexperiencia de la nueva administración. La Administración de Moscoso carece de una agenda económica y hasta ahora a rehuido dirigirse a los asuntos relacionados con el comercio, tales como la deuda panameña, la falta de balance fiscal, las costosas leyes laborales. Esto ha creado un sentimiento de incertidumbre entre los prospectos para comerciantes panameños y ha detenido las nuevas inversiones. Un raro y reciente incidente donde el gobierno panameño actúo para apoyar la reputación de los negocios en Panamá fue el de pasar las leyes que se dirigían a las críticas internacionales sobre el tema de que Panamá es blando en cuestiones de lavado de dinero. Sin embargo, a corto y mediano plazo se puede ver una crecimiento menor y desempleo en Panamá
El principal culpable de la caída de la Zona Libre de Colón es la continua inestabilidad política y el giro negativo de la economía en sus principales países clientes como Venezuela, Colombia, Perú y Ecuador. Problemas de clima, virus en camarones, políticas bananeras en Europa, la falta de eficiencia y las disputas laborales continúan haciendo daño a las exportaciones agrícolas de Panamá. Durante la primera mitad del año, el gasto de los consumidores se redujo. La combinación de unos servicios públicos con costos elevados y una baja en la productividad de la mano de obra continúa haciendo que el costo unitario de producción se mantenga más alto que el promedio de la región. La industria de la construcción, a pesar de que no está con tanto vigor como en años anteriores, se mantiene con un sólido crecimiento, sostenida principalmente por un crédito bancario fácil de obtener y la disponibilidad de capital que ha salido de Sur América.
En general, el estado ha reducido su participación directa en la economía de Panamá en los últimos años. A pesar de esta tendencia poco favorable, el gobierno panameño ha retenido los impuestos indirectos que distorsionan el mercado, así como las inversiones, en las recién privatizadas telecomunicaciones, puertos, y el sector de la energía. A su favor tenemos que tanto el gobierno anterior como el actual han bajado el déficit del presupuesto del país de 4.4 por ciento a 1.6 por ciento, respectivamente. La nueva administración de Mireya Moscoso (Septiembre 1999) redujo la tendencia de liberalización del comercio y la tendencia de las privatizaciones del gobierno anterior, especialmente cuando la nueva competencia estaba comenzando. En su segundo mes de mandato, aumentó dramáticamente las tarifas en algunos productos agrícolas. Por un pequeño período después de que Panamá se unión a la Organización Mundial del Comercio (OMC), llegaron a tener las tarifas más bajas de América Latina. El aumento de Moscoso las tarifas de productos agrícolas llevó a Panamá al límite del acuerdo de inclusión a la OMC, con algunos niveles llegando al 300 por ciento. La privatización de algunos negocios poco eficientes del gobierno ha sido detenida, contrario a los compromisos con el Fondo Monetario Internacional.
El uso del dólar como moneda legal de Panamá significa que las políticas fiscales del gobierno son solamente los instrumentos de políticas macroeconómicas. Por consiguiente, tanto el gasto como la inversión del gobierno están atados a los ingresos por impuestos y otros, así como la habilidad de gobierno para pedir prestado. La última está llegando a su límite superior, debido a que la deuda en general del Panamá es ahora cerca del 60 por ciento del GDP. El nuevo gobierno ha pospuesto las reformas de impuestos y gastos como resultado de una economía más lenta. El nuevo presupuesto publicado apunta la necesidad de aumentar el gasto social pero no está dirigido a cómo el gobierno pretende obtener estos nuevos fondos.
Recientemente el gobierno ha iniciado varios programas para darle un empuje al turismo. Las propuestas en el nuevo presupuesto también apuntan al aumento en el gasto del gobierno en el sector turismo. El gobierno también apoya el desarrollo de nuevas facilidades en dos puertos en Colón para que sean visitados por cruceros por primera vez desde 1965. Con esto dicho, el apoyo a la promoción de la infraestructura y servicios de apoyo al turismo no han ido de la mano de las ambiciosas proyecciones del sector público para esta área.

POLITICA DE TASA DE CAMBIO
El Balboa, moneda oficial de Panamá está paralela al dólar a una tasa de 1:1. El Balboa solamente circula en monedas. Todo el papel moneda en circulación es en dólares de los EE.UU. Una paridad fija significa que la competitividad de los productos de los EE.UU. en Panamá depende de los costos de transporte así como las barreras de entrada relacionadas o no con tarifas. Los exportadores de los EEUU no tienen riesgos de pérdidas en tasas de cambio en sus ventas en Panamá.

POLITICAS ESTRUCTURALES
Durante su campaña electora, la Presidenta Moscoso prometió repetir la reducción drástica de las tarifas agrícolas de su predecesor, y mejorar la pobreza en Panamá, especialmente la pobreza rural. El gobierno panameño no ha llevado a cabo ninguna otra actividad tendiente a la liberación del comercio ni a la reducción de distorsiones en la estructura económica. La privatización de la compañía de acueductos y alcantarillados que administra el gobierno (IDAAN) está fuera del tapete, al igual que un plan similar que había para el aeropuerto internacional. Se acaba de terminar una convocatoria para el centro de convenciones local y el gobierno planea dar a conocer el nombre del ganador a principios de Octubre. Debido a la transición del gobierno no se ha tenido mayor progreso en atraer inversionistas para las áreas revertidas, y la misma continúan sufriendo debido a diferencias internas sobre planes para los principales proyectos. Panamá se encuentra cerca de completar un acuerdo de libre comercio con Méjico, pero las conversaciones se han detenido por diferencias en los servicios financieros y el sector agrícola, a pesar de una visita de alto nivel de la Presidenta Moscoso a la Ciudad de Méjico.
Las inversiones extranjeras, muchas de las cuales provenían de los EEUU, fluían a Panamá a un ritmo estable bajo la administración de Pérez Balladares. Las compañías de energía, telecomunicaciones y puertos /carga invirtieron cantidades significativas en los sectores y/o compañías que ya no estaban regulados y/o privatizados. Sin embargo, el gobierno actual no ha hecho mucho por los nuevos inversionistas de la administración anterior, y el FDI ahora a llegado a su nivel más bajo de la década. Más aún, varias entidades del gobierno de Panamá han adoptado una postura de confrontación al dirigirse a estos nuevos inversionistas, desalentando nuevas inversiones. Un gobierno panameño con una actitud de poca ayuda y que promueve las disputas ha desalentado a los potenciales inversionistas que deseaban establecerse en Panamá.
El restrictivo Código Laboral panameño fue revisado en 1995, aunque una fuerte oposición permitió únicamente reformas marginales. Los sindicatos continúan oponiéndose a las iniciativas de reformas, algunas veces hasta de manera violenta. A pesar de varios programas de salud y vivienda, el gobierno y el Banco Mundial estima que un 40 por ciento de la población panameña vive en pobreza. Tomando en consideración un relativamente alto nivel de ingreso per capita de más de $3,600 (dólares), la historia de Panamá muestra que la distribución de ingresos en el país no parece ser equitativa. La industria de la construcción en Panamá requiere que el salario mínimo sea revisado cada dos años. En el 2000, el gobierno de Panamá aumentó el salario 12 por ciento o un poco arriba de los $250/mes el cual contó con aplausos de la comunidad comercial y los trabajadores. Los problemas se terminaron cuando Moscoso se comprometió a aumentos futuros de salario en hasta un 40 por ciento para finales de su período.
Panamá no mantiene restricciones en el flujo de capital o la repatriación de capital para los inversionistas extranjeros, ni reserva grandes sectores de la economía para sus nacionales.

POLITICAS DE MANEJO DE DEUDAS
La deuda externa pública de Panamá totalizó $5.33 billones de dólares a mediados del 2000. A pesar de que la soberanía de la deuda panameña se mantiene por debajo del grado de inversión, varios bancos panameños gozan de una calificación de inversión. La deuda doméstica panameña en circulación era $2.27 billones a mediados de año. El gobierno recién instalado ha declarado públicamente su rechazo a aumentar la deuda externa, pero acumuló $440 millones durante su primer año y planea tomar otros $500 millones en 2001 según el presupuesto. Dicho esto, la deuda pública en general debe disminuir un poco para finales del año, en la medida en que la amortización de capital va a exceder los nuevos préstamos por $30 millones. El servicio de deuda (capital e intereses) será excluido en $1.7 billones (20 por ciento del GDP) este año. El gobierno actual de Panamá intentaba repagar esta deuda con dineros de la venta de las acciones del gobierno de Panamá en la compañía telefónica privada que es un monopolio, administrada por Cable & Wireless (UK) y su fondo fiduciario, un fondo del gobierno acumulado de varias privatizaciones recientes, pero no logró el apoyo de la mayoría de la Asamblea Legislativa. Como resultado, el fondo fiduciario de $1.35 billones se mantiene, por ahora, sujeto a estrictas inversiones y guías para la conservación del capital.

AYUDA
Asistencia para el desarrollo proveniente de los EEUU en 1999 totalizó $5.3 millones. Adicionalmente, el Departamento de Agricultura de los EEUU a través de su Servicio de Inspección de Salud Animal y Vegetal (APHIS) opera en el programa para la erradicación del gusano barrenador en Panamá. APHIS planea construir una planta para la mosca estéril del gusano barrenador en Panamá a un costo de alrededor de $80 millones, para iniciar operaciones en 2003.
Ayuda para el desarrollo de otras fuentes vino principalmente del Banco Inter Americano de Desarrollo, que actualmente posee un portafolio en Panamá de $953 millones ($911 millones que serán desembolsados en los próximos cuatro años), y un acuerdo pendiente (que no ha sido desembolsado) del Fondo Monetario Internacional. El Banco Mundial proporcionó fondos para varios proyectos de desarrollo e infraestructura en Panamá. El Departamento de Estado de los EE UU en su División de Narcóticos dio $500,000 en el 2000 para combatir las actividades ilegales en Panamá. La República de China y el gobierno de Japón han proporcionado cantidades significativas de ayuda tanto en 1999 como en 2000.

BARRERAS SIGNIFICATIVAS PARA LAS EXPORTACIONES DE EEUU
La inclusión de Panamá en la OMC transformó de manera positiva el régimen tarifario que tan solo hace unos años era el más alto en la región. Sin embargo, la iniciativa inicial de comercio del nuevo gobierno de Moscoso fue un aumento abrupto de las tarifas en varios productos agrícolas importados. A través del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, Panamá ha adoptado de facto, un régimen arbitrario de licencias de importación para productos que están sujetos a permisos sanitarios y fitosanitarios bajo las leyes panameñas. La inspección de plantas y el proceso de certificación requerido para las plantas procesadoras de carne y pollo extranjeras consume mucho tiempo, y constituye una barrera adicional.
El sistema judicial panameño representa otro obstáculo potencial para los inversionistas y comerciantes. Existe un atraso enorme en los casos criminales y civiles, los que toman varios años para ser resueltos. Muchos inversionistas tienen preocupaciones sobre la potencial corrupción del proceso judicial.
Como miembro de la OMC, Panamá ha garantizado que su sistema de avalúo de aduanas cumple con los estándares internacionales. En general, el procesamiento de documentos para importaciones de productos manufacturados y mineros es razonablemente rápido, eficiente y confiable. Sin embargo, algunos importadores se han quejado de clasificaciones erradas de sus productos y, en casos aislados, se exigen impuestos excesivos. Importadores de productos agrícolas continúan experimentando cambios repentinos y arbitrarios en los procedimientos y prácticas. Panamá es un participante activo en la negociación del FTAA y servirá como país sede de la nueva ronda de negociaciones que deben comenzar en marzo del 2000.
En el sector de los servicios financieros, las restricciones para dueños extranjeros en mínima, excepto para los casos de compañías financieras que no son bancos. Bancos, compañías de seguros y corredores de bolsa de los EEUU son bienvenidos y en algunos casos son líderes en el mercado local.

POLITICAS DE SUBSIDIOS PARA EXPORTACIONES
Las leyes panameñas permiten que cualquier compañía importe materia prima o productos semi procesados a un impuesto de tres por ciento para consumo doméstico o producción, o sin impuestos para producciones para la exportación. Adicionalmente, las compañías que no están actualmente recibiendo el beneficio bajo la Ley de Incentivos Espaciales de 1986, tienen una deducción de impuestos de hasta el 10 por ciento de sus ganancias provenientes de operaciones de exportación hasta el 2002. La Ley de Turismo de 1994 (Ley 8) permite deducciones del ingreso gravable del 50 por ciento de cualquier cantidad invertida por ciudadanos panameños en el desarrollo del turismo.
Debido a las obligaciones que tienen con la OMC, Panamá ha revisado sus políticas de subsidios para exportaciones. El Certificado de Ahorro Tributario (CAT), que se le daba a las firmas que producían productos no tradicionales para la exportación cuando los exportadores nacionales cumplían con los niveles mínimos de contenido y valor agregado, será gradualmente eliminado. La política permite a los exportadores recibir CATs igual al 15 por ciento de los valores agregados de exportaciones hasta el año 2002, lo que es una reducción del 20 por ciento antes de 1998. Después del 2002, el programa será eliminado. Los certificados son transferidos y puede ser utilizados para pagar las obligaciones de impuestos al gobierno, o pueden ser vendidos en el mercado secundario a un descuento. El gobierno se ha puesto más estricto al definir el valor agregado nacional, intentando reducir la cantidad que el exportador reclama.
Un número de industrias que produce exclusivamente para la exportación, tales como la industria camaronera y el turismo, están exentas de pagar ciertos tipos de impuestos y de impuestos de importación. El gobierno panameño utiliza esta política para atraer la inversión extranjera. Las compañías que se benefician de estas exenciones no son elegibles para recibir los CATs para sus exportaciones.
La Ley 25 de 1996 dispone que el desarrollo de las "zonas procesadoras para la exportación" son parte de un esfuerzo por ampliar el sector manufacturero de Panamá mientras que a la vez promueve la inversión en las antiguas bases militares de los EEUU que fueron transferidas a Panamá para su control. Las compañías que operan en estas zonas pueden importar sin impuestos si sus productos ensamblados en las zonas son exportados. El gobierno también dispone otros incentivos fiscales para las compañías en las zonas procesadoras para la exportación. La mayoría de estas empresas se encuentran en sus primeras etapas de desarrollo, con solamente unos pocos. Los mismos están creciendo esporádicamente, dependiendo de la ubicación.

PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE EEUU
Derechos de Propiedad Intelectual: Panamá está adscrita a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la Convención de Ginebra, la Convención Intelectual de Bruselas, la Convención Universal de Derechos de Autor, la Convención de Berna para la Protección Lietraria y Trabajos Artísticos, la Convención de París para la Protección de la Propiedad Intelectual, y la Convención Internacional par la Protección de las Variedades de Plantas. En noviembre de 1998 fue uno de los primeros países en ratificar el Convenio de Derecho de Autor y el Convenio de Presentaciones y Fonogramas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.
La protección de los derechos de la propiedad intelectual en Panamá han mejorado significativamente en los últimos años, pero aún se mantienen serias preocupaciones sobre el uso diseminado de programas de computadoras pirateados en oficinas gubernamentales, medidas fronterizas inadecuadas para combatir el trasiego de productos falsificados a través de Panamá, y el cumplimiento en la Zona Libre de Colón. En 1998, un Departamento de la Propiedad Intelectual fue creado en la Zona Libre de Colón. Esto fue visto como un paso positivo que demuestra que Panamá está interesado en mejorar el cumplimiento y el nuevo departamento ha logrado algunos éxitos. Sin embargo, se requiere de un esfuerzo más expandido para lograr que este problema se controle completamente.
En Agosto de 1994, la Asamblea Legislativa pasó la Ley 15 (Ley de Derecho de Autor) para ayudar a modernizar su protección de la propiedad intelectual. Esta ley comprensiva de derecho de autor está basada en un modelo de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. La ley moderniza la protección de la propiedad intelectual en Panamá, dispone el pago de derechos, facilita la persecución de violadores de los derechos de autor, protege los programas de computadoras y convierte en felonía las violaciones de derecho de autor.
Una nueva Ley de Propiedad Industrial (ley 35) entró en vigencia en Noviembre de 1996. Proporciona 20 años de protección de patentes en lugar del período anterior de 5 a 15 años para extranjeros y de 5 a 20 años para panameños. La ley otorga protección de patente a partir de la fecha de la inscripción. Las patentes farmacéuticas son otorgadas solamente por 15 años, pero pueden ser renovadas por diez años adicionales, si el dueño de la patente le da una licencia a una compañía nacional (mínimo de 30 por ciento de capital panameño) para explotar la patente. La ley dispone la protección de marcas de fábrica, simplificando el proceso de registro de marcas de fábrica y haciendo que los términos se renovaran por períodos de diez años. La Ley de la Protección Industrial dispone protecciones específicas para los secretos comerciales.
El gobierno también pasó un Ley Anti Monopolio a inicios del año 1996 ordenando la creación de cuatro cortes de comercio para procesar casos exclusivamente relacionados con antimonopolio, patentes, marcas de fábrica, y derechos de autor. Dos cortes y un tribunal superior comenzaron a operar a mediados de 1997, pero las demás cortes han sido aplazadas. Algunos dueños de propiedad intelectual de los EEUU ha experimentado retrasos significativos cuando han tratado conseguir remedios a violaciones en el sistema judicial panameño.
En los últimos años, las autoridades panameñas han conducido numerosas batidas contra operaciones grandes de piratería de videos, y varios casos aún están pendientes en las cortes. En una serie de batidas a finales de 1998, las autoridades capturaron más de cinco millones en discos compactos pirateados que se estaban transportando a través del Aeropuerto Internacional de Tocumen, la cual se cree que es la captura más grande en toda Latinoamérica.
A pesar de que la Oficia del Fiscal ha tomado una posición de hacer cumplir las leyes vigorosamente, la Oficina de Derecho de Autor no ha sido efectiva, y el sistema judicial panameño no ha proporcionado un remedio rápido y efectivo para los litigantes civiles privados bajo las leyes. Panamá se encuentra en el proceso de modernizar sus registros de derechos de autor y patentes y marcas de fábrica. El gobierno también se encuentra preparando un borrador para enmendar sus leyes de derecho de autor que implementarán completamente los nuevos Convenios de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Una iniciativa que puede consolidar las funciones de los derechos de autor, patentes y marcas de fábrica en una sola entidad autónoma y otra iniciativa para crear una oficina para un Fiscal de IPR ha sido retrasada debido a limitaciones en los recursos y la transición del gobierno.

DERECHOS DE LOS TRABAJADORES
Derecho de Asociación: los trabajadores del sector privado tienen derecho a formar y unirse a sindicatos de su elección, sujeto a su registro por el gobierno. El gobierno no controla o apoya financieramente a los sindicatos, pero la mayoría de los sindicatos están íntimamente afiliados a los partidos políticos. Existen actualmente alrededor de 250 sindicatos activos, agrupados bajo 6 confederaciones y 48 federaciones, representando a aproximadamente 10 por ciento de la fuerza laboral. Los trabajadores de los servicios civiles tienen permitido formar asociaciones y federaciones de empleados públicos, pero no a través de sindicatos. Las organizaciones sindicales en cada nivel pueden y en efecto se afilian a organismos internacionales.
Derecho a Organización y Negociación Colectiva: el Código Laboral dispone que la mayoría de los trabajadores tienen derecho a organizarse y negociar colectivamente. Las leyes protegen a los trabajadores de sindicatos de discriminación para los sindicalistas y requiere que los empleado es reintegren a aquellos que hayan sido despedidos por actividades sindicales. El Código Laboral también establece una junta de conciliación en el Ministerio de Trabajo para resolver las reclamaciones y dispone de un proceso de arbitraje. Las Leyes de Servicio Civil permite que la mayoría de los servidores públicos se organicen y negocien colectivamente y les otorga el derecho a huelga.
Prohibición de trabajos forzados u obligados: el Código Laboral prohibe los trabajos forzados y obligados, y no se ha reportado ninguna práctica de esto.
Edad mínima para el empleo de niños: el Código Laboral prohibe el empleo de niños menores de 14 años así como aquellos menores de 15 años, si el niño no ha completado sus estudios de escuela primaria. Los niños menores de 16 años no pueden trabajar sobre tiempo, aquellos menores de 18 años no pueden trabajar en turnos de noche. Los niños entre 12 y 15 años pueden llevar a cabo trabajos de agricultura livianos, que no interfieran con su educación. El Ministerio de Trabajo vela por el cumplimiento de estas disposiciones en respuesta a reclamos y puede ordenar la terminación de empleos no autorizados. Sin embargo, no ha hecho cumplir las disposiciones del trabajo de niños en las áreas rurales debido a escasez de personal.
Condiciones Aceptables de Trabajo: El Código Labora establece una semana de trabajo estándar de 48 horas y dispone de por lo menos un período de 24 horas de descanso por semana. También establece un mínimo de tarifa de salario, a pesar de que es relativamente alto el costo de las áreas urbanas, el salario mínimo no es suficiente para apoyar a un trabajador y su familia por encima del nivel de pobreza. El Ministerio de Trabajo no hace cumplir adecuadamente las leyes de salario mínimo debido a que no tiene suficiente personal y recursos económicos. Los comercios panameños rutinariamente evaden el pago de las contribuciones a la Caja de Seguro Social. El gobierno es responsable de los estándares de salud y seguridad ocupacional. En papel, el gobierno tiene la responsabilidad de llevar a cabo inspecciones periódicos de sitios peligrosos en el trabajo, pero en la práctica su habilidad para hacer las inspecciones de seguridad adecuadas está sujeta a la escasez de fondos y la falta de personal entrenado. E código laboral le permite a los trabajadores salirse de situaciones que presenten un peligro inminente contra su salud y seguridad sin perjudicar sus trabajos, sin embargo, esta práctica casi nunca ocurre. Los estándares de salud y seguridad generalmente hacen énfasis en la seguridad en vez de en los peligros para la salud a largo plazo, pero el entrenamiento y cumplimiento de las regulaciones de seguridad en el lugar de trabajo o el uso de equipos de seguridad es relajado.
Derechos en Sectores con inversiones de los EEUU: los derechos de los trabajadores en sectores con inversiones de los EEUU generalmente son iguales a aquellos en otros sectores. Tal y como se menciona arriba, la industria del banano, la cual tiene inversiones de EEUU significativas, continúa produciendo reclamos sobre peligros para la salud, principalmente debido a que los trabajadores son expuestos a los pesticidas.