Panamá
El nuevo contrato de concesión incluye términos económicos relacionados a la protección a la baja del precio del cobre, así como impuestos, créditos y regalías.
A partir de 2023, Minera Panamá S.A. entregará al Estado una contribución mínima anual de $375 millones en ingresos del Gobierno. Foto: Archivos
Luego de 14 meses, el Gobierno de Panamá y la empresa Minera Panamá S.A, filial de la candiense First Quantum Minerals Ltd. alcanzaron un nuevo contrato de concesión, a 20 años prorrogables, para el proyecto Cobre Panamá.
El nuevo contrato de concesión incluye términos económicos relacionados a la protección a la baja del precio del cobre, así como impuestos, créditos y regalías, detalló este jueves el ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro Boyd en su informe a la nación.
De esta manera, Minera Panamá S.A. se compromete al pago de $375 millones, más $20 millones adicionales para cubrir impuestos y regalías hasta el cierre del año 2022, detalló First Quantum Minerals Ltd.
A partir de 2023, la empresa entregará al Estado una contribución mínima anual de $375 millones en ingresos del Gobierno, compuesta por impuestos corporativos, retenciones fiscales y una regalía minera basada en las ganancias del 12% al 16 %, con protecciones a la baja.
El contrato anterior beneficiaba a la empresa con una regalías de entre el 2 % y 5 %, con el nuevo contrato la empresa paga regalías entre el 12% y el 16 % en función de la ganancia bruta, pagará impuesto sobre la renta, impuesto de dividendos, remesa e ITBMS por compras, detalló el ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro Boyd.
En cuanto a la protecciones a la baja, dicho contrato establece hasta fines de 2025 el precio del cobre por debajo de $3,25 por libra y desde el 2026 y más allá, una contribución fiscal total para ese año de menos de $300 millones, agregó First Quantum Minerals Ltd.
El contrato establece protecciones en cuanto al precio del cobre y en cuanto a la producción anual en toneladas, detalló Alfaro Boyd. La protección de $3.25 es la única protección que va aplicar durante los primeros cinco (5) años. Una vez concluida esa etapa de los primeros cinco años, entran a regir las siguientes protecciones que son el precio de $2.75 y la producción de 250 mil toneladas al año.
"Ambas protecciones se mantienen, pero en los primeros cinco años del contrato, donde la empresa garantiza un pago mínimo de $375 millones, la única protección que aplicará será la del precio del cobre a $3.25. Si en los años posteriores, cae de $2.75 son protecciones que eximen a la empresa de pagar el impuesto mínimo garantizado de $3.75, pagará de acuerdo al régimen fiscal establecido en el contrato", indicó Alfaro Boyd.
Alfaro asegura que el nuevo contrato establece una nueva forma de regalía mucho más beneficiosa para los panameños y con normas laborales conforme a los estándares internacionales.
Tampoco establece créditos fiscales ilimitados. El nuevo contrato establece un monto fijo de crédito fiscal por infraestructura pública y no permite el establecimiento de nuevos créditos fiscales, además restringe el uso y aplicación de dichos créditos.
Beneficios sociales
El ministro de comercio también aseguró que el nuevo contrato establece el uso justo y equitativo de las regalías e impuestos que pague la empresa a través del Fideicomiso Conquista del Atlántico.
De esta manera, un 50 % de los fondos se asignan al IVM de la Caja de Seguro Social, 20 % para aumentar las jubilaciones a $350 mensuales, 25 % se asignará al proyectos de los municipios aledaños y becas, 5 % para la construcción y desarrollo del Instituto para el Perfeccionamiento y Bienestar del Docente.
El contrato establece una plan de cierre de mina sustentado por la empresa que debe cumplir con los mayores estándares internacionales en materia ambiental.
Las consultas públicas del nuevo contrato durarán 30 días y posteriormente, será sometido al Consejo de Gabinete, a la Contraloría General de la República y la Asamblea Nacional.
El MICI trabaja en la divulgación electrónica del contrato para garantizar las observaciones, además de las consultas públicas con gremios, universidades y otros sectores sociales por un periodo de 30 días, señaló Alfaro.
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