Minería ilegal se multiplica y suprime a la competencia

La minería clandestina en Panamá prolifera   en el país, desde Chepo hasta Darién, y atenta no solo en  contra de  los beneficios económicos que pueda percibir el Estado, sino que permite que los materiales extraídos se vendan a menor  precio, lo que genera una competencia desleal.

Versión impresa

Según los empresarios, la actividad ilegal no tiene  cargas financieras como las que asumen una concesionaria y al no detectarlas debido a que no se mantienen siempre en una misma área, el Estado panameño enfrenta millonarias fugas de dinero, explicaron los involucrados, lo que causa además daños irreparables al ambiente.

En ese sentido, el presidente de la Cámara Minera de Panamá (Camipa), Zorel Morales,  enfatizó: “Sabemos de fuentes que conocen los sitios, que la minería ilegal está proliferando en toda la zona desde Chepo a Darién”.

Según Morales, “es obvio, es más fácil producir en la ilegalidad que enfrentar trámites burocráticos eternos”.

Mientras,  el empresario Roberto Cuevas señaló que la minería ilegal nunca paga las cuantiosas  inversiones que se necesitan para este tipo de actividad.

“Una concesión   de extracción de materiales de la construcción, como  arena y piedra, invierte de 3 a 6 millones de dólares, mientras que una  de oro o cobre  podría llegar hasta los 6 mil millones de dólares”,  aseguró Cuevas.

Destacó, además, los créditos financieros que asumen las concesionarias legalmente establecidas.

“Cuando se adquiere una concesión se invierte  un  aporte de los accionistas,  y por otro lado, con deudas financiadas por los bancos. El ilegal no tiene estas cargas financieras”, sostuvo.

Esta proliferación  en  áreas con gran potencial minero se debe a una precaria   institucionalidad y capacidad técnica, con marcos legales ambiguos y contradictorios, con sistemas de otorgamiento de permisos mineros ineficientes, subjetivos y discrecionales, enfatizó Morales.

Morales aseguró que el Estado efectúa una clara invitación a la proliferación de la ilegalidad, no solamente en el caso de la extracción de minerales metálicos, sino que también en el caso de los agregados de construcción no metálicos.

Sin embargo, la minería se desarrolla en el país mediante varios parámetros y normas que los empresarios deben cumplir.

Uno de los primordiales  es el estudio de impacto ambiental que se exige para la explotación minera que representa  costos en la operación.

Según Cuevas, para cumplir con un estudio de impacto ambiental,  requiere personal capacitado y supervisión.

Aparte de que la minería fraudulenta no colabora con  el Estado en captar todos los beneficios económicos posibles que genera la actividad,  se cometen  delitos penales y ambientales como derrame de aceite y combustible en los ríos.

En cuanto a las penalidades, según información proporcionada por la Dirección de Recursos Minerales del Ministerio de Comercio e Industrias (Mici), las personas que incurran en estos delitos podrán ser sancionados con multas que van desde los $1,000 hasta los $10,000.

En tanto, en el aspecto ambiental, Félix Wing, secretario del Ministerio de Ambiente, indicó que no hay mínimos ni máximos en estas penas y se utilizan metodologías para calcular los daños y así establecer la cuantía de las multas.

Morales añadió que esta mala práctica se realiza en espacios prohibidos como las riberas de ríos, lagunas, cabeceras de cuencas y las zonas de áreas naturales protegidas y utiliza equipo y maquinaria pesada.

Mientras,  Cuevas agregó que no se hace de manera ordenada,  ni brinda compensación ni restauración en los lugares donde    se  ocasionan  los daños, y esto perjudica al país.