Las ciudades construidas alrededor de puertos suelen ser prósperas. No es así en Buenaventura, en la costa del Pacífico de Colombia. Sus cuatro puertos recaudan más ingresos de aduanas que en los de cualquier otra ciudad del país. Aun así, dos tercios de los 400 mil  habitantes de Buenaventura son pobres.

El Pacífico ha sido una zona que no progresa por su aislamiento. La corrupción es en parte responsable, sin embargo, el Gobierno central en Bogotá carga también con gran parte de la culpa.
El auge del comercio con Asia a partir de los años noventa debió haber enriquecido el Pacífico, pero el Gobierno impuso leyes que frustran la construcción de infraestructura y la inversión.

Una de ellas es la Ley 70 de 1993, según la cual el 60 por ciento de la tierra de la costa del Pacífico (6 millones de hectáreas) es propiedad colectiva. Colombia decretó esa ley para beneficiar a la población mayormente afrocolombiana de la región.

De cierta forma, la Ley 70 y el derecho relacionado de las comunidades a ser consultadas respecto a los proyectos que las afectan, derivados del convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales, están frenando el progreso de la gente de la región.

Ese efecto ha empeorado gracias a la incapacidad del Gobierno de emitir leyes que definan la aplicación de ambos derechos. Eso genera que las tierras sin dueño puedan ser reclamadas por las comunidades y la incertidumbre convierte gran parte de la costa en tierra de nadie.

Nadie sabe cuántas personas viven en las tierras colectivas. Los costos indirectos se sienten en todo el país.

El presidente de Colombia, Iván Duque tiene iniciativas: la construcción de un puerto y una zona libre de impuestos en Chocó e incluso carreteras, pero el Gobierno no tiene manera de adquirir esas tierras. El mandatario prometió emitir leyes que mitiguen los efectos de la Ley 70 y las consultas previas, pero, para ello necesita la aprobación de las comunidades étnicas, y algunas no comparten su idea de progreso.