PPC objeta actuación del Estado en la toma de control de puertos Balboa y Cristóbal

La toma de los puertos Balboa y Cristóbal por parte del Estado panameño es un punto culminante de la campaña ilegal que el Estado inició hace un año dirigida contra Panama Ports Company, sus inversionistas y su contrato de concesión, aseguró PPC en un comunicado. 

La reacción de PPC se da luego que se publicó en la Gaceta Oficial el fallo que declaró inconstitucional el contrato de esa empresa con el Estado panameño y seguidamente, el Ministerio de la Presidencia ordenó a la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) asumir el control de todos los bienes que se encuentren dentro o fuera de las instalaciones de ambas terminales.

En este sentido, PPC dijo que "objeta firmemente los pasos del gobierno para desarrollar y llevar adelante su toma ilegal sin transparencia ni coordinación". Además, la empresa asegura que se reserva todos los derechos y recursos contra el Estado, sus agentes y terceros en relación con este asunto.

Según la empresa, "no ha consentido ni consiente la toma de los puertos, ni el uso o control de los recursos o propiedad de PPC.  La disrupción causada por el Estado genera serios riesgos en las terminales". 

De hecho, asegura que nada de lo actuado por el Gobierno "ha sido comunicado ni coordinado con PPC ni con sus inversionistas" y hace responsable al Estado "de cualquier y todo perjuicio o daño causado por sus propias acciones confiscatorias".

Asimismo, señala que "simultáneamente (mientras se publicaba en Gaceta el fallo y el Decreto Ejecutivo No. 23 ordenando una “ocupación”), representantes del gobierno llegaron sin invitación a los puertos, incluyendo altos representantes de la Presidencia, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) en Balboa.  

Estos emisarios, señala la terminal, entregaron una carta de la AMP indicando que la concesión de PPC ya no existe, que los puertos son propiedad del Estado y que PPC debe cesar operaciones. 

El Estado tomó control, removió a PPC y amenazó con persecución penal ante cualquier falta de cumplimiento. El Estado tiene control de los puertos, asegura en su comunicado.

Para la empresa el proceder que ha tenido el Gobierno resultan inconsistentes con la legislación aplicable y con la posición de larga data del Estado durante casi tres décadas. 

Es más, PPC recordó que el Estado intervino en los puertos, según ellos, en total desapego del hecho de que PPC es una entidad privada que es dueña de y controla propiedad física, comercial, técnica e intelectual, así como otra propiedad tangible e intangible, sobre la base de décadas de inversión en Panamá.  El Estado no ha pagado compensación alguna", sentenció.