Proyecto de ley 789 cierra la puerta a especuladores
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Al exigir inversiones reales y sólidas puede sonar como limitantes para algunos que no puedan cumplir, o que solamente quieren especular.

De acuerdo con la propuesta de ley, aprobada en tercer debate, los beneficios solo son para inversiones en turismos. Pixabae
El polémico proyecto de ley 789, que crea incentivos para el fomento de la actividad turística en el país, cierra las puertas a los especuladores, genera más transparencia y promueve equidad para los inversionistas.
Dicha propuesta, que está en manos del Ejecutivo esperando la sanción presidencial, corrige algunas distorsiones contempladas en la actual Ley 122 de 2019.
El principal cambio que se hace es la reducción del porcentaje de crédito fiscal del 100% a un 60% de la inversión total del proyecto declarada ante la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP).
Además, se limita el crédito aplicable por la inversión en infraestructura del plan maestro al 5% del valor total de la inversión. En ambos casos se excluye el valor de la finca.
También se acortará el periodo establecido en la Ley 122 para la aplicación del incentivo fiscal hasta el 31 de diciembre de 2024, un menos de lo contemplado actualmente.
Incluso, el beneficio se condiciona a inversiones en hoteles o sitios de alojamiento, incluyendo sus inversiones complementarias turísticas y se exige al inversionista que antes de poder aplicar su crédito fiscal, demuestre que ya inició la construcción del proyecto.
A pesar de los cambios, sus detractores aseguran que con esta propuesta se busca "saquear" las arcas del Estado.
"Aquí hay una mala interpretación, porque no se habla de emitir créditos fiscales sobre lo que ya tiene el Estado, sino sobre la inversión futura, inversión que viene, por lo tanto, no se puede hablar de saquear arcas, porque no se está hablando de usar dineros que ya están, impuestos ya pagados, se está hablando de a futuro", aseguró el empresario Severo Sousa.
De hecho, Sousa plantea que, aun así, los créditos a futuros -tal cual como se está planteando en la nueva ley- han quedado reducidos, ya que originalmente era del 100% y ahora se está hablando de 60% del valor del proyecto de construcción, descontando valor de tierra y solo 5% en infraestructura.
"No solo eso, sino que para que tenga acceso a ese crédito fiscal, la obra ya tiene que estar iniciada con un año de operación, lo cual garantiza de alguna manera que ya se metió plata en Panamá, que ya se crearon fuentes de empleos en la primera etapa de construcción, ya se están pagando algunos impuestos a nivel municipal como a nivel nacional. Se está pagando ITBMS, se está pagando una planilla, se está pagando seguro social y seguro educativo, etc, agregó.
En medio del debate público, la figura del promotor del proyecto ha sido satanizada. Incluso, se habla de que el proyecto tiene nombre y apellido. Sin embargo, la ley es clara al determinar cuál es el proceso a seguir para aplicar al beneficio.
"Al final no es el promotor, como lo están tratando de decir, el que gana esos créditos fiscales. El promotor tiene que salir a una bolsa de valores a poner unos bonos, para que inversionistas extranjeros lo compren y sean ellos los beneficiados. Eso, en un periodo de 8 años aproximadamente, porque solamente se puede usar 15% por año máximo, o sea, que si lo hace muy bien, le toma 8 años y ese promotor, al no ser el que recibe los créditos fiscales, tiene que aportar al fisco todos los pagos de impuesto sobre la renta que se generen y otros impuestos", explicó Sousa.
De acuerdo con Souza, la ley es abierta para todo aquel que quiera hacer inversiones reales y sólidas; y que además puedan iniciar prontamente la ejecución de esos proyectos nuevos.
"Esos son los parámetros que puedan sonar como limitantes para algunos que no puedan cumplir, o que solamente quieren especular. Eso obviamente no le hace bien al país en ningún sentido, por eso quedan excluidos y salen a hablar cosas que no son. No hay que tener un nombre y apellido específico porque, además, existen hoy en día más de 40 proyectos que están a la espera de aplicar, unos más adelantados que otros, entre los que están medianos empresarios que han logrado interesar inversionistas extranjeros, basándose en los incentivos de esta ley, que de otra forma no van a tener la oportunidad de realizar ese sueño o esa inversión y esto de alguna manera se los facilita", aseguró.
Sousa destacó que lo más importante es que para cualquier que quiera invertir tiene que tener las cosas en regla: tiene que tener una inversión sólida, es decir, la capacidad real de hacer la inversión, esto no está para gente que venga a especular. Si usted dice que tiene un grupo que va a invertir un millón, 100 o 200 tiene que tener el dinero disponible para invertir." Esto lo que hace es que cierra las puertas a especuladores", puntualizó.
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