Los conservadores son contrarios a intervenir en el mercado. Por eso, la última persona que hubiera podido abogar por un control federal de precios es el diputado republicano de California Duncan Hunter, a quien la Unión Conservadora Estadounidense considera un político modelo. El giro político de Hunter ocurrió cuando un herrero californiano de El Cajon le mostró su factura de electricidad del mes de diciembre: 115,000 dólares, cuatro veces más de lo que pagaba antes de la crisis energética en el estado. "Llegué a la conclusión de que esto no era libre empresa", explica Hunter, congresista republicano de San Diego. El mismo día en que George W. Bush tomó posesión de la presidencia, Hunter presentó un proyecto de ley para que el Gobierno pusiera topes a las "tarifas en el mercado de la energía eléctrica injustas o excesivas".
Pero el Gobierno no mostró mucho interés. Tanto Bush como el vicepresidente Richard Cheney llevan seis meses insistiendo en que sería un grave error regular las tarifas eléctricas en California. Pero este argumento tiene en contra un claro problema político: los principios de libre mercado de Bush no son más que un reflejo de los intereses de sus partidarios en la industria energética, altos ejecutivos que se están beneficiando con decenas y cientos de millones de dólares en stock options, y cuyas ganancias empresariales se han triplicado en los últimos tiempos. "Las consecuencias de la no intervención han sido una transferencia masiva de riqueza de los ciudadanos de California a los barones de la industria energética de Houston, Charlotte y Atlanta", declaró para TIME el gobernador demócrata de California Gray Davis. En 1999, la factura de electricidad del estado de California ascendió a 7,000 millones de dólares. En 2000, fue de 27,000 millones y este año podría ser de 55,000 millones. California cuenta con 54 votos en el colegio electoral y no está acostumbrada a que Washington le dé la espalda. Pero si las súplicas de los usuarios no han conseguido que Bush vuelva a plantearse de nuevo un tope para los precios de la energía eléctrica, tal vez lo consigan las protestas de los mismos republicanos. El control de la Cámara de Diputados depende de una media docena de escaños republicanos de California, y podría perderse en las elecciones parlamentarias del año próximo.
Tom DeLay, líder de la mayoría republicana en la Cámara de Diputados, indicó a Bush hace dos semanas que no contara con los republicanos para eliminar los controles de precios. Esto podría tener repercusiones en el Senado. Trent Lott, líder de la minoría republicana en el Senado, ha advertido también a la Casa Blanca de que los problemas de California podrían propagarse a otros 10 estados. Esto pondría en peligro los escaños de los senadores republicanos Wayne Allard de Colorado, Larry Craig de Idaho y Gordon Smith de Oregon. Si a Bush no le importa perder votos en California hay muchos demócratas que quieren aprovecharlos. El senador demócrata Joseph Lieberman, ex aspirante a la presidencia, es desde la semana pasada director de comité cuya primera iniciativa fue celebrar audiencias sobre la crisis energética del estado.
Bush se encuentra en un atolladero. Por un lado están sus principios y sus amigos ricos, y por otro la posibilidad de apagones, aumentos de precios e incluso la rebelión de sus propios legisladores. Necesita encontrar una salida, y posiblemente ya la haya encontrado. Una institución poco conocida, la Comisión Federal Reguladora de la Energía (FERC, por sus siglas en inglés), convocará esta semana una junta extraordinaria que por primera vez incluye a dos integrantes nombrados por Bush.
Durante el año pasado, la FERC ignoró las peticiones de imponer un control de precios en California y otros estados del Oeste. Como botón de muestra, en una audiencia celebraba por un subcomité del Congreso a mediados del año pasado en San Diego, el director de la FERC Curtis Hebert sugirió a los usuarios que debían acostumbrarse a la subida de las tarifas eléctricas. "Si la verdad mata a la abuela, es mejor que se muera", declaró. Cuando la situación se agravó a principios de este año, la FERC sólo controló los precios durante los peores momentos de la crisis, aunque esta semana podría aprobar un control de precios permanente.
¿Por qué está cediendo la FERC? Los que se oponen a los controles de precios afirman que hacen mucho más daño que provecho, como descubrieron Jimmy Carter y Richard Nixon en su momento. Según el Secretario de Energía Spence Abraham, los precios tope sólo son una fórmula para "aumentar el alcance, duración y frecuencia de los apagones".
Pero el gobernador de California Davis, junto con prácticamente todos los congresistas demócratas y republicanos de California, afirman que hoy el mercado es cualquier cosa menos libre. En su opinión está siendo manipulado por las grandes empresas eléctricas, creando una escasez artificial para exprimir a los usuarios de California y obtener miles de millones de dólares. ¿De qué otro modo podría un proveedor de electricidad como Enron Corp -una empresa gigantesca dirigida por uno de los contribuyentes más cercanos a Bush-aumentar un 281% sus beneficios durante el primer trimestre?. Hasta el respetado teórico del libre mercado Alfred Kahn, considerado el padre de la desregulación de las líneas aéreas, está harto de la situación: "Es absurdo pensar que los precios tope influyen en el suministro de la industria energética", afirma.
Las posibles medidas que impondrá la FERC llegan justo cuando California está recibiendo un respiro. Según el gobernador Davis, el estado sólo pagó el miércoles pasado 29 millones de dólares por el suministro, una cifra muy inferior a los 100 millones diarios que se pagaban a mediados de mayo. La FERC atribuye la reducción del gasto a sus planes de emergencia, pero Garry South, consejero de Davis, afirma que se debe a las temperaturas inferiores a lo normal y a que las empresas eléctricas "prefieren pasar desapercibidas hasta que se solucione el problema".
Para Bush, la gran ventaja de tener una FERC nominalmente independiente es el hecho de distanciarse del problema y decir al mismo tiempo que es capaz de resolverlo. Es una forma de quedar al margen con disimulo. En una gélida reunión con legisladores californianos celebrada la semana pasada, Cheney recalcó la oposición del Gobierno al control de precios, pero insinuó que la FERC podría aliviar la situación. La Casa Blanca cree en el libre mercado, pero no le molestaría que quienes frenaran sus excesos fueran representantes de Bush. Ganar en este doble juego requiere ciertas acrobacias semánticas. La FERC ya está diferenciando entre "tope de precios", imponiendo un precio máximo, y "reducción de precios", que consiste en fijar un precio basado en una fórmula que incluye los costos de producción.
La Casa Blanca ya está ensayando la versión de los hechos. En una reciente reunión con sus funcionarios, el consejero económico Larry Lindsey les pidió que utilizaran el término "precios tope", que según las encuestas suena menos rígido que "control de precios". Los republicanos en el Capitolio también están buscando en sus diccionarios otras formas de describir el abrupto cambio de política. Hay quienes prefieren pedir a sus aliados en la industria energética que devuelvan sus "beneficios inmerecidos", en vez de acusarlos de "extorsión". Y para quienes consideran que "precios tope" es un término demasiado fuerte, pueden optar por "reducción de mercado".
Pero el alivio no llegará si las medidas adoptadas por la FERC no logran reducir los precios. "Mejor es eso que nada, aunque no sea tan atractivo como parece. Es fácil eludirlas. Los suministradores de electricidad venderían el producto a intermediarios (cosa que ya hacen), y no tienen que rendir cuentas a la FERC", afirma Davis, quien planteará el problema ante el comité de Lieberman que se reunirá esta semana. Las medidas tampoco devolverán a California los 7, 000 millones de dólares que el estado calcula haber pagado de más a las compañías eléctricas desde mayo pasado.
Aunque las medidas de la FERC son efectivas, los republicanos tienen mucho terreno por recuperar en California. La popularidad de Bush está cayendo en picada en el estado por la forma en que está abordando el problema. El mes pasado Bush realizó su primera gira presidencial por el estado, y mantuvo en Los Angeles una fría reunión con Davis. Mientras las verdaderas negociaciones tenían lugar en otra parte. Algunas fuentes informaron a TIME que uno de los principales asesores de Bush, Karl Rove se reunió con el alcalde republicano saliente Richard Riordan, para pedirle que se enfrente a Davis el año entrante en las elecciones para gobernador del estado. Rove y otros líderes republicanos han seguido presionando, y han dejado saber a Riordan que los amigos ricos de Bush estarían dispuestos a financiar su campaña. Riordan no sólo quiere privar al gobernador demócrata de su puesto sino crear el ambiente propicio para que los republicanos sigan gobernando en la Cámara de representantes de Washington. Los californianos tendrán ocasión de presenciar un ensayo de esa guerra esta semana.
Un grupo llamado Alianza Estadounidense de Contribuyentes está patrocinando anuncios en la televisión con tomas desenfocadas de un Davis robotizado, y en los que se le acusa de ser el verdadero culpable de la crisis. Esta alianza se define como "grupo defensor" pero sus fondos provienen de cientos de empresas, como la gigantesca compañía eléctrica Reliant Energy, a la que funcionarios californianos acusan de subir injustificadamente los precios. (Uno de sus directores es James Baker, quien ayudó a Bush en el recuento de votos en Florida, y el presidente es Steve Letbetter, uno de los principales tesoreros de Bush). Fuentes republicanas revelaron a TIME que el veterano activista republicano Scott Reed dirige la alianza, y tiene pensado recabar 25 millones de dólares para continuar la campaña publicitaria. Ed Gillespie, asesor externo de Bush, es defensor de la Enron en el Congreso y está recolectando otros 500,000 dólares para financiar anuncios contra el control de precios. Pero Davis tampoco carece de recursos. Contrató por 30.000 dólares mensuales a dos ex estrategas de Al Gore, Mark Fabiani y Chris Lehane, para encargarse de las relaciones públicas relacionadas con la crisis energética. Sin embargo, Fabiani y Lehane, conocidos como "maestros del desastre" desde su trabajo en la Casa Blanca durante los escándalos de Clinton, son consultores de Southern California Edison, otra empresa eléctrica en el ojo del huracán.
California es tan sólo una parte de los problemas energéticos de los republicanos. El plan de Bush para aumentar la producción nacional está pasando por malos momentos. A mediados de abril, encuestas internas del Congreso mostraban que los republicanos están 3 puntos por debajo de los demócratas en lo que se refiere a la confianza de los votantes. Hace dos semanas la desventaja ya se había ampliado a 15 puntos. Los republicanos temen que la situación empeore cuando Lieberman y otros dos directores del comité convoquen audiencias sobre la política energética de Bush y sus aliados en la industria. Las autoridades estatales y federales están haciendo indagaciones sobre posibles manipulaciones de varias empresas eléctricas y operadoras de oleoductos.
Aunque los legisladores federales consigan paliar las crisis en California, la falta de suministros y el calor harán que continúen esporádicamente los apagones. Es difícil saber quién pasará el verano más caliente: los californianos, los ejecutivos de las empresas eléctricas George W. Bush.
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