"¿Será que necesita más plata para donar a colegios privados y hacerle cirugías estéticas a sus amigos?. El Bolsillo de los más ricos primero. Es obvio que están detrás de los terrenos. Calle Panamá calle, no solo los universitarios tienen que defender a Panamá, el país entero tiene que hacerlo también", son solo algunas de las reacciones.
Son múltiples las reacciones en contra del Decreto Ejecutivo 130, que establece directrices para la actualización de la información catastral; economistas, dirigentes de distintas asociaciones y la población, a través de las redes sociales, muestran su indignación por una iniciativa que, según algunos, esconde intereses particualares.
"Elevar impuestos catastrales es el objetivo del Gobierno y reducir el presupuesto para los municipios", considera el economista y catedrático, Juan Jované.
"Para el especialista, el Gobierno sigue jugando con la idea de elevar el catastro, con el fin de darle paso a la especulación".
Este argumento lo comparte también Pedro Acota, de la Unión Nacional de Consumidores y Usuarios de la República de Panamá,quien además rechaza la iniciativa porque considera que golpeará a la clase más humilde y a la misma vez explica que detrás del decreto existen grandes interés y terratenientes.
Mientras que Iván Carlucci, de la Federación Internacional de Profesionales Inmobiliarios (FIABCI), condidera que esta reglamentación, firmada por el presidente Juan Carlos Varela y el titular de la cartera de Economía, Dulcidio De la Guardia, es ilegal , porque no puede estar por encima del Código Fiscal, pues todo lo que tenga implicación fiscal debe ser Ley.
Sin embargo, el Gobierno argumenta que el decreto no hace referencia a los reavalúos, ni aumento de impuestos, pero Acosta explica que el Decreto 130 es parte de una estrategia que desarrolla el Gobierno, una operación con pinzas para aumentar el impuesto de inmueble y prevé que se emitirán otras reglamentaciones con este fin.
Panameños reaccionan
El tema ha enardecido a los panameños, quienes arremeten contra la iniciativa y el Gobierno, a través de las redes sociales.
"¿Será que necesita más plata para donar a colegios privados y hacerle cirugías estéticas a sus amigos?. El Bolsillo de los más ricos primero. Es obvio que están detrás de los terrenos.. Calle Panamá calle, no solo los universitarios tienen que defender a Panamá, el país entero tiene que hacerlo también", son solo algunas de las reacciones en las redes sociales.
Tanto es así que el Frente Panameño Independiente invitó, a través de las redes sociales, a una concetración hoy a las 4:00 p.m., en el Parque Urracá, frente al hotel Miramar.
Argumentos del MEF
De la Guardia argumentó que el decreto tiene tres objetivos, el primero es que los contribuyentes a la hora de realizar una compra venta desglosen cuál es el valor de la mejora y del terreno en la escritura, para faciliar el registro de la escritura en la Dirección General de Ingresos (DGI) y en la Autoridad Nacional de Tierras (Anati).
El segundo objetivo, según el Ministro del Mef, es obligar a los municipios a que den la información de los permisos de construcción y ocupación, que ellos emiten en cada uno de sus distritos.
Por último, la reglamentación tiene que ver con la obligación que tiene la DGI de informarle a los alcaldes de las fincas que están morosas, de tal forma que puedan informarles a las personas de sus distritos la situación y facilitarles el proceso de pago y el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, aseguró De La Guardia.
El MEF colgó un video en su cuenta de facebook con las explicaciones del Ministro, en momentos en que la opinión pública se aboca a un rotundo rechazo al Decreto 130.
Detalles del Decreto 130
El Decreto, que establece directrices para la actualización de la información catastral y fue publicado en la Gaceta Oficial el pasado miércoles 7, señala que los municipios, instituciones o funcionarios encargados de expedir permisos para levantar construcciones, refaccionarlas o repararlas deberán emitir a la Autoridad de Administración de Tierras (Anati) y la Dirección General de Ingresos (DGI), dentro de los 15 días siguiente del mes anterior, un reporte.
El reporte debe tener los permisos de construcción otorgados, cambios de zonificación o uso de suelo, así como de los permisos de ocupación, que contengan los datos necesarios a fin de mantener la actualización de la información catastral de las respectivas fincas o inmuebles.
Los propietarios de las fincas que realicen algunas de las modificaciones a su bien inmueble también deberán actualizar las mejoras realizadas ante la Anati, dentro de los seis meses siguientes a la fecha del permiso de ocupación; de no ser así, esta entidad podrá hacerlo de manera oficiosa.
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