Semana decisiva en Paraguay para la privatización de telefónica

El Gobierno paraguayo afronta una decisiva semana sobre la privatización de la empresa estatal de telefonía (COPACO) tras rechazar una solicitud de aplazamiento del Congreso, que se reunirá el martes próximo para debatir la paralización de la venta.
La Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO), cuya venta está prevista para el próximo 30 de mayo, es la más importante de la tres empresas públicas que la administración de Luis González Macchi se ha propuesto privatizar, junto a la de agua y la de ferrocarriles.
El pulso entre el presidente de Paraguay y el Congreso se ha inclinado a favor del primero tras la ratificación de la apertura de sobres con ofertas en esa fecha, en abierto desafío al Congreso, que el martes último pidió un aplazamiento por 60 días.
Los diputados y senadores, reunidos en sesión conjunta, amenazan con derogar la ley de privatizaciones si González Macchi no accede a la petición para corregir las irregularidades denunciadas por sectores encargados de velar por la transparencia del proceso. Sin embargo, la pretensión perdió cierta fuerza después de que el gobernante ratificara el pasado viernes los plazos, lo que supone un rechazo a la postura de los legisladores, compartida por la dirección del gobernante Partido Colorado.
Mientras tanto, el Gobierno también afronta el martes un bloqueo de carreteras en las principales rutas del país, impulsado por dos organizaciones campesinas, grupos sociales y de partidos políticos minoritarios de izquierda que se oponen a la política económica del Gobierno.
En contrapartida, la decisión presidencial cuenta con el respaldo del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que condicionó la concesión de un crédito de contingencia de unos 60 millones de dólares -que tramita el Gobierno-, al traspaso de la telefónica.
Algunos legisladores oficialistas y del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), el principal de la oposición, que criticaron con dureza el proceso, suavizaron en los últimos días su punto de vista y dijeron que algunas de las irregularidades fueron subsanadas.
"Una mayoría del partido considera que el proceso debe culminar el 30 de mayo. Consideramos que los reclamos ha sido satisfechos en parte y no vemos inconveniente muy graves que tengan que frenar el proceso", afirmó el diputado Oscar Denis, presidente del PLRA.
Por su parte, el vicepresidente del país, el también liberal Julio César Franco, destacó que "no podemos seguir cargando al pueblo paraguayo, con esta carestía económica, la baja calidad en la prestación de servicios".