Ser el mayor abanderador del mundo también es un riesgo

Panamá se ha conocido en los últimos años como uno de los abanderadores más grandes del mundo con más de ocho mil barcos registrados, lo que le trae ingresos de unos $150 millones al año, aunque en algunas oportunidades este título le ha costado otros millones.

Entre enero y marzo de 2014, Panamá sumó 1,286 nuevos registros a su haber de barcos abanderados, lo que a pesar de representar una disminución de 13.2% con respecto al 2014, cuando fue de 1,482 naves, lo ubica como uno de los mayores abanderadores.

Para el 2015, el registro de buques que ondean bandera panameña podría cerrar por encima de las 9,300 naves.

Esto que podría representar para Panamá un ingreso de más de $150 millones anuales, lo que sumado a otros registros, como la inscripción de empresas, entre otros, podría llegar a generar ingresos por $300 millones.

Frente a este potencial, el administrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Jorge Barakat, aseguró que la institución se encuentra moviendo fichas como el proceso automatizado de abanderamiento y descuento de barcos en construcción, en pro de aumentar la cantidad de registrados.

"Siempre que se cumplan los requisitos de ley, el abanderamiento de naves en construcción ahora se puede culminar en 3 horas", agregó Barakat.

No obstante, el comportamiento de estas más de 9 mil naves y las que se planean sumar representa un riesgo de millones para Panamá, en caso de que estas incurran en algún delito.

Fernando Solorzano, director general de Marina Mercante en la AMP, aseguró que un Estado de Abanderamiento, en este caso Panamá, "no tiene implicaciones legales por actuaciones ilegales de un buque perteneciente a su marina mercante".

Agregó que "un buque tiene obligaciones y, en el supuesto que se vea involucrado en un acto ilícito, este deberá hacerle frente... sin embargo, el Estado de Abanderamiento no será parte (imputada) del proceso judicial llevado contra los propietarios u operadores de un buque".

Para algunos internacionalistas y abogados marítimos, esta aseveración es irresponsable, ya que en ausencia de los propietarios de la nave, Panamá tendrá que hacerle frente a cualquier litigio.

Para muestra un botón y es que en el Tribunal Internacional de Derecho del Mar (TIDM) residen algunos expedientes en los que Panamá, como Estado, ha tenido que hacerse cargo de los actos realizados por buques que, aunque no son de empresas panameñas, se encuentran abanderados por este país.

En el caso del antiguo buque Camouco, que se encontró en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Francia, cuando su permiso de pesca solo se extendía hasta aguas profundas internacionales del Atlántico Sur, Panamá tuvo que pagar una fianza de $1.2 millones por la liberación del barco.

Esto, a pesar de que el barco no era de armadores panameños; sin embargo, los responsables (propietarios) nunca aparecieron.

El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Julio De La Lastra, explicó que si bien el Estado abanderador no tiene la obligación de hacerles frente a las disputas legales de sus buques, "lo hace como un acto de buena fe", en ausencia de sus armadores.

Pero el caso Camouco no es el único que ha llevado a Panamá a cortes internacionales por temas marítimos.

Más casos

El buque Chaisiri Reefer 2, con bandera panameña, fue arrestado en el puerto Mukalla (Yemen) cuando zarpaba hacia Tailandia con una carga de calamar y pescados variados por el valor de 950 mil 332 dólares.

Pero a diferencia del caso Camouco, en esta oportunidad el armador del barco se hizo cargo del pago de la garantía comercial para que el barco fuese liberado.

Por otro lado, Panamá también ha resultado ganador en algunos litigios y es que en el caso del barco Virginia G, el órgano falló a favor de Panamá.

El Virginia G, que había sido contratado para trasladar combustible entre una empresa distribuidora y otros barcos, fue arrestado en Guinea Bissau por estar surtiendo a barcos pesqueros dentro de la ZEE, lo que estaba prohibido; sin embargo, este país no comunicó a Panamá del incidente para que, como país abanderador, pudiera intervenir.

Esta falta le costó a Guinea Bissau un total de $388,506 por el combustible y $163,076 por daños al buque, los cuales Panamá exigió como abanderador.