Sindicalistas impugnarán decretos que rigen la suspensión de contratos en Panamá
El Gobierno Nacional decretó una nueva restricción de movilidad por género y número de identidad personal, además de la suspensión de la jornada laboral que regirá entre el 4 y el 14 de enero en las provincias de Panamá y Panamá Oeste.
El Suntracs ha realizado varios cierres de calles pidiendo derogación del decreto.
El poderoso sindicato de la construcción de Panamá impugnará por "inconstitucionales" dos decretos ejecutivos sobre la suspensión de contratos en el país por la emergencia derivada de la pandemia de la COVID-19, dijo este jueves su presidente, Saúl Méndez.
"Vamos a demandar esos dos decretos, vamos a presentar demandas de inconstitucionalidad" contra ambos, dijo Méndez en medio de otra protesta para exigir una "cuarentena sin hambre" para los trabajadores.
Desde que en marzo se decretó la primera cuarentena en Panamá para frenar el avance de la COVID-19, el Ejecutivo aprobó el mecanismo de la suspensión de contratos de los trabajadores dado el cierre de la economía no esencial, que fue reabierta mediante un lento proceso que culminó a mediados de octubre.
De acuerdo con las cifras oficiales, más de 270,000 contratos fueron suspendidos, y tras la reapertura se han reactivado unos 105,000.
El Ejecutivo emitió el decreto 229, que establece porcentajes de reintegro a los puestos de trabajo a partir del 1 de enero, y el 231, que aplazó hasta el 1 de febrero la entrada en vigor del primero debido a la imposición de una nueva cuarentena, en las primeras semanas de enero, para enfrentar un fuerte repunte de la covid.
Panamá, un país de 4.2 millones habitantes que acumula 242,744 casos de la covid-19 y 3,975 muertos, vive desde noviembre un fuerte repunte de la pandemia que ha llevado al límite al sistema sanitario y que las autoridades están enfrentando con nuevos confinamientos.
Las restricciones de movilidad por género y número de identidad personal y la suspensión de la jornada laboral regirá entre el 4 y el 14 de enero en las provincias de Panamá, donde está la capital, y la contigua Panamá Oeste, las más pobladas del país y también las que tienen el mayor número de contagios del nuevo coronavirus.
Con las impugnaciones "estamos diciendo que esta pelea no ha terminado, que la pelea se va a dar, primero para que esta cuarentena (de enero) no sea con hambre, y segundo para que se respeten los contratos que ya se habían reactivado", dijo Méndez.
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Grupos de trabajadores de la construcción volvieron a protestar este jueves en la capital y algunos puntos del país para exigir que los salarios no sean suspendidos durante la cuarentena de enero, a la que, sostuvieron, no se oponen porque la consideran una vía para frenar el fuerte repunte de la COVID-19.
Por su parte, el sector patronal ha expresado su rechazo a la nueva cuarentena con el argumento de que llevará a la quiebra a centenares de empresas, lo que elevará aún más el desempleo, y también ha pedido que se revise el decreto que establece el reintegro de los trabajadores suspendidos alegando que atenta contra la sostenibilidad de la economía formal.
La crisis de la COVID-19 elevó de 7.1 a 18.5 % el desempleo, la mayor tasa en 20 años, de 45 % a 52.8 % la informalidad, según datos oficiales hasta octubre pasado, y derrumbó en 20.4 % del producto interno bruto (PIB) de los nueve primeros meses del 2020.