Diógenes Espinoza le dio un plazo de 24 horas a las autoridades para atender sus exigencias, de lo contrario, aseguró que se tomarían las oficinas públicas.
El líder sindical continúa refugiado en la embajada de Bolivia.
Este sábado se le imputaron cargos a Genaro López por los presuntos delitos de estafa, blanqueo de capitales y falsedad de documentos.
La investigación de la Procuraduría General de la Nación se basa en la supuesta comisión de delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales, entre otros.
El proyecto con costo de $1,420 millones fue adjudicado en 2018 al consorcio chino por el Gobierno de Juan Carlos Varela y debía estar listo en 2023.
La investigación penal en contra de los miembros del Suntracs data del año 2022.
Lo que esta ocurriendo actualmente con el SUNTRACS puede terminar en el debilitamiento del sindicato.
El secretario general del Suntracs llegó a eso de las 2:30 de la madrugada, se saltó la cerca, tocó la puerta y con nota en mano solicitó el asilo.
Según la embajada de Bolivia, el representante de los trabajadores de la construcción solo cuenta con protección temporal mientras se analiza su caso.
Los trabajadores en los cuatro frentes de trabajo decidieron voluntariamente retomar sus trabajos.
Las auditorías revelaron que el sindicato ha transferido cerca de 8 millones de dólares a la cooperativa.
La funcionaria manifestó que la OIT, como organismo tripartito compuesto por empleadores, trabajadores y gobiernos.
Solo falta determinar las medidas cautelares que se le impondrá al acusado, mientras se desarrolla la investigación por parte del Ministerio Público.
Mulino acusó al Suntracs de ser una "mafia sindicalista" y aseguró que no es un sindicato, sino que dejó de serlo hace mucho tiempo.
En primera instancia se había reportado que Caballero había sido dejado en libertad bajo medidas cautelares tras ser aprehendido durante las protestas del lunes
Se han registrado impactos diversos en los proyectos de construcción. Algunos están completamente detenidos.
Derogar la ley No. 462 pondría en riesgo el pago de las jubilaciones.
Los manifestantes exigen la derogación de la ley No. 462.
