Trabajadores denuncian que Hacienda Loma Linda no les paga prestaciones ni les reconoce derechos

Hidelbrando Vargas, subsecretario general del Sindicato Unico de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Afines (SUNTRACS), denunció la existencia de una empresa en el distrito de Chame, que por tres años ha dejado de pagar el Seguro Social a cerca de 35 trabajadores y de no hacerles efectivo el pago de sus prestaciones laborales por igual tiempo.

Vargas declaró que los propietarios de la Hacienda Loma Linda, en el corregimiento de Buenos Aires, mantienen laborando a los trabajadores sin firmar contratos de trabajo y sin proporcionarles equipos de seguridad; existiendo obreros hasta con dos años de laborar y que no han recibido el pago del décimo tercer mes.

Agrega Vargas que existen trabajadores que en tres años no se han acogido a sus vacaciones, por lo que se optó -luego de una solicitud de los propios trabajadores- por interponer ante la Dirección Regional de Trabajo en Panamá Oeste, un pliego de peticiones a la empresa.

La empresa alega que el trabajo que se realiza es de agroforestería, de acuerdo a los permisos que posee; no obstante ello, el propio Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL), a través de una nota del 22 de junio de este año indica que se están realizando trabajos de construcción y que es aplicable el Código de Trabajo.

Vargas sostuvo que la empresa, que está construyendo una serie de galeras o invernaderos para el cultivo de plantas con fines de exportación, mantiene laborando soldadores, albañiles, ha realizado movimiento de tierra y en donde el piso de los invernaderos ha sido construido por los obreros "a puro pulmón".

Señala el dirigente sindical que una vez presentado el pliego de peticiones, la empresa optó por interponer un Recurso de Amparo ante la Corte Suprema de Justicia, en contra de la directora regional del MITRADEL en Panamá Oeste Blanca Castro, logrando que se suspendiera la acción del pliego; no obstante, se logró que un nuevo pliego fuera aceptado por la Dirección Nacional de Trabajo.

Hidelbrando Vargas sostuvo que la empresa, como medida de represalia hacia los trabajadores, procedió a despedir a 13 de los obreros de mayor tiempo, para lo cual se vale de un documento de "mutuo consentimiento" que los empleados firman en blanco al inicio de la relación laboral, con el cual le están calculando a los trabajadores el pago entre B/.

250.

00 y B/.

350.

00; ello por tres años de trabajo.

Según Vargas, se ha podido constatar que aún los propietarios del proyecto no han procedido a incluir a los trabajadores dentro del régimen del Seguro Social, afirmando que de verse obligados, paralizarán "de hecho" las labores dentro del proyecto, enfatizando que éstos perciben además un salario de B/.

0.

80 la hora, cuando para el área de Chame es de B/.

1.

08.

Se calcula que cada obrero debiera cobrar un aproximado de B/.

2,000 en salarios caídos, más el pago de décimo tercer mes, prima de antigüedad, vacaciones e indemnizaciones, siendo la principal razón del pliego el que la empresa pague a los trabajadores lo que en justicia les corresponde.

No obstante, el propietario de la hacienda Loma Linda, Juan Arias, desmintió todos estos señalamientos, asegurando que la Corte Suprema de Justicia ya emitió un fallo a su favor luego que interpusieran un Amparo de Garantías; estando el caso en manos de sus abogados.

Arias afirmó que en la hacienda lo que existe es una compañía que realiza un proyecto de agroforestería y en la que se realizan trabajos de cultivo de orquídeas para la exportación y no los inherentes a la industria de la construcción, por lo cual resulta ilegal que el SUNTRACS quiera afiliar a los trabajadores que allí laboran.

Sostuvo que la dirigencia del sindicato no se atrevió a apelar la decisión de la Corte Suprema, recalcando que dentro de las acusaciones formuladas a éste en el Amparo de Garantías, estaban las haber falsificado una serie de firmas de trabajadores en el proyecto.

Arias negó igualmente, que no se haya estado pagando las prestaciones laborales a todos los trabajadores, toda vez que para cada trabajador despedido existía un finiquito firmado con los trabajadores, enfatizando que como toda actividad agrícola, se contrata trabajadores durante la temporada en que se necesitan.

En tanto, dijo desconocer el hecho de que el SUNTRACS haya presentado ante el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) un nuevo pliego de peticiones.

Arias alegó que cuando se requirió realizar trabajos de construcción se dieron contratos a algunas empresas, advirtiendo que éstos (el sindicato) pueden hacer lo que quieran -refiriéndose a la posibilidad de que los trabajadores sean convocados a un paro- puesto que él se está rigiendo por lo que establece la ley.