La Procuraduría de Ecuador se mostró hoy satisfecha por la decisión del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), que no dio paso a las medidas solicitadas por la petrolera Murphy contra el Estado ecuatoriano.
El CIADI no dio paso a una orden temporal para que el Estado ecuatoriano se abstuviera de terminar, anticipadamente, el contrato que tiene con la estadounidense Murphy en la Amazonía ecuatoriana.
En un comunicado, la Procuraduría informó de que Murphy Exploration and Production solicitó en marzo pasado el arbitraje del CIADI, un organismo del Banco Mundial, por considerar que se violaron "los estándares de protección previstos en el Tratado Bilateral de Inversiones entre Ecuador y Estados Unidos".
Ecuador rechazó la demanda, interpuesta por la vigencia de la denominada Ley-042 que en 2006 estableció un reparto a partes iguales entre las petroleras y el Estado, sobre los ingresos adicionales que las compañías obtenían por el alto precio de la venta de crudo ecuatoriano en los mercados internacionales.
El Gobierno de Quito ha argumentado que la aplicación de dicha ley no tiene que ver con las inversiones, sino que se trata de un caso de régimen comercial.
Según la Procuraduría, el CIADI, después de escuchar los argumentos de ambas partes, decidió "abstenerse en esta etapa del procedimiento de adoptar el pedido de la compañía", ya que lo consideró innecesario ante el compromiso de Ecuador de no acabar el contrato con Murphy de forma anticipada.
Una fuente del organismo señaló a Efe que esta decisión, tomada en una primera reunión de las partes, "deja en muy buena situación a Ecuador ante el Tribunal" y ante el desarrollo del resto del proceso de arbitraje, pese a que "no resuelve el pedido de medidas preventivas ni el tema de fondo".
La Procuraduría ya esperaba esa decisión del CIADI, al considerar que el Gobierno de Quito y las petroleras que operan en el país "se encuentran en un proceso de negociación de los contratos petroleros".
Por ello, asegura la Procuraduría, "no existía justificación alguna para que el Tribunal (CIADI) ordenara al Ecuador abstenerse de adoptar cualquier medida en relación a dichos contratos".
Sin embargo, la decisión del CIADI "es un claro reflejo de la credibilidad" que el Tribunal dio a los argumentos presentados por Ecuador en el proceso, cuya controversia se empezará a discutir el próximo año.
El Gobierno ecuatoriano ha superado varios contenciosos con las petroleras privadas presentadas ante el CIADI, en un momento en que negocia el cambio de los contratos de participación en la renta y extracción de crudo, por los de prestación de servicios.
Murphy es una petrolera asociada a la hispano-argentina Repsol, que opera en el denominado Bloque 16, en la Amazonía ecuatoriana.
El petróleo es el principal producto de exportación de Ecuador y los ingresos que obtiene por la venta del crudo financian casi un 35 por ciento del presupuesto del Estado.
