EE.UU. apoyó hoy que se juzgue a los responsables del genocidio en Darfur, después de que la cámara de apelación de la Corte Penal Internacional (CPI) decidiera revisar la orden de detención contra el presidente sudanés, Omar Hasan Al Bachir, para revisar si puede imputársele el cargo de genocidio.
"Estados Unidos apoya fuertemente los esfuerzos internacionales para llevar a los responsables del genocidio y de los crímenes de guerra en Darfur a la justicia y cree firmemente que no puede haber una paz duradera en Darfur sin responsabilidad y justicia", dijo el portavoz del Departamento de Estado, Philip Crowley.
Crowley habló así después de que la cámara de apelación de la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, decidiera por unanimidad que sea revisada la orden de detención contra el presidente sudanés, Omar Hasan Al Bachir, para volver examinar si puede imputársele el cargo de genocidio.
Preguntado directamente por la prensa si el Gobierno estadounidense apoya el juicio a Bachir en esta corte, Crowley señaló que Estados Unidos "apoya los esfuerzos para conseguir justicia en este caso".
El portavoz subrayó que Estados Unidos "continuará animando al Gobierno sudanés y a todas las partes en conflicto a cooperar con la Corte Penal Internacional".
Sobre Al Bachir pesa desde el 4 de marzo pasado una orden de detención internacional por crímenes de guerra y lesa humanidad en Darfur, pero no el de genocidio.
Los jueces rechazaron entonces ese cargo al considerar, por mayoría, que las pruebas presentadas por la Fiscalía no ofrecían "motivos razonables" para pensar que Al Bachir tuvo la intención específica de destruir a una parte de la población, los grupos four, massalit y zaghawa
Pero la cámara de apelación de la CPI aceptó hoy el recurso de procedimiento del fiscal Luis Moreno Ocampo, quien recriminó que no se hubiera aceptado ordenar la detención de Al Bachir por supuesto delito de genocidio debido a una mala interpretación del análisis de las pruebas presentadas en primera instancia.
Según datos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), 35.000 personas han sido asesinadas en Darfur y más de 300.000 han fallecido por hambre y enfermedad desde 2003.
En un comunicado, el Gobierno de Jartum subrayó que se mantiene firme en su postura de no reconocer ninguna potestad o prerrogativa de ese tribunal sobre los ciudadanos sudaneses.
Además, Sudán no ha suscrito el Estatuto de Roma, por el que se fundó la CPI y que entró en vigor en 2002.
