El popular Banco de Desarrollo Rural de Guatemala (Banrural), el segundo más grande y sólido del país, se ha convertido en víctima colateral de las denuncias del asesinado abogado Rodrigo Rosenberg, que puso en entredicho su probidad financiera.
La Superintendencia de Bancos de Guatemala (SIB) señaló hoy a Efe que los señalamientos del abogado, divulgados a través de un vídeo que se divulgó después de su asesinato, el pasado 11 de mayo, provocaron que "en menos de 48 horas" fueran retirados del banco "más de 500 millones de quetzales (unos 62,5 millones de dólares), por temor a una intervención".
La fuente aseguró que el principal beneficiario de la crisis de Banrural es "otro de los bancos grandes" del país, que no identificó.
El vídeo de Rosenberg, grabado tres días antes de su muerte, acusa al presidente Álvaro Colom, a su esposa, Sandra Torres, su secretario privado, Gustavo Alejos, al empresario Gregorio Valdez, y a los altos ejecutivos del Banrural de ordenar y planificar su asesinato, el domingo 10 de mayo.
En la cinta, Rosenberg aseguró que Banrural era utilizado por el Gobierno del presidente Colom para realizar "negocios ilegales y millonarios".
Esos negocios, precisó, "van desde el lavado de dinero hasta el desvió de fondos públicos a programas inexistentes de la señora del presidente, Sandra de Colom, así como la financiación a 'empresas de papel' utilizadas por el narcotráfico".
La SIB emitió un día después, el martes 12 de mayo, un comunicado en el que aseguró que Banrural "es una institución sólida, líquida y solvente" y negó los rumores sobre una supuesta intervención de la institución.
Banrural, de capital mixto, con activos que superan los 3.125 millones de dólares, se dedica principalmente al otorgamiento de créditos agrícolas, comerciales y artesanales a pequeños y medianos empresarios, y a cooperativistas del país, respaldados en su mayoría por los programas de asistencia social del actual Gobierno.
El 21 por ciento de las acciones de ese banco pertenece al Estado, y el restante 79 por ciento a más de 5.000 socios, en su mayoría cooperativistas agrícolas.
Según denunció Rosenberg en el vídeo, su asesinato fue ordenado por tener detalles de la muerte a tiros, el pasado 14 de abril, del empresario Khalil Mussa y su hija Marjorie, de quienes era abogado.
Esas muertes, aseguró, también fueron ordenadas por Colom, Torres, Alejos, Valdez, y los directivos de Banrural, José Ángel López, Fernando Peña y Gerardo de León.
Mussa, quien en diciembre del año pasado fue llamado por el presidente Colom para representar al Gobierno en la junta directiva de Banrural, nunca llegó a asumir el cargo, "para evitar problemas", señala Rosenberg en su grabación.
"En realidad no tenían ninguna intención de que él (Mussa) asumiera dicho puesto", y "sólo utilizaban su buen nombre con el argumento de que si no se repartían nuevas cuotas de poder (Mussa) iba a denunciar cuando descubriera la corrupción con la que el gerente general de Banrural maneja ese banco", sostiene la denuncia del abogado asesinado.
Los directivos de Banrural han negado los señalamientos de Rosenberg y han iniciado una masiva campaña de publicidad con la que pretenden recuperar la confianza diezmada por las acusaciones.
El poderoso sector empresarial, aglutinado en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), pidió hoy al Gobierno ordenar una "auditoría forense" de ese banco para "determinar la situación real de Banrural".
La "auditoría forense" solicitada por el Cacif, según la fuente, debe ser realizada "por una firma internacional independiente", y deberá abarcar "todos los fideicomisos estatales administrados por ese banco, y en particular los relacionados con los productores de café".
