El Congreso chileno aprobó hoy el establecimiento de un nuevo impuesto a la gran minería, iniciativa conocida como "royalty", luego de que la Cámara de Diputados se pronunciara afirmativamente en el último trámite de la normativa.
La iniciativa modifica el régimen del impuesto específico y establece una tasa variable entre 5 y 14 por ciento a todos los proyectos nuevos y desde 2018 para aquellos en desarrollo, una vez que acabe la actual invariabilidad tributaria, vale decir hasta el 2023.
El proyecto establece una escala para el régimen general que comienza en 5 por ciento de impuesto específico a la minería para márgenes operacionales mineros menores o iguales al 35 por ciento, hasta una tasa del 14 por ciento cuando el margen operacional llega a 85 por ciento.
La aprobación de la iniciativa se logró tras un acuerdo político suscrito la semana pasada entre el Gobierno y los senadores de la oposición, consenso que además crea un Fondo de Inversión y Reconversión Regional de carácter permanente que recibirá aportes anuales por 100 millones de dólares durante los próximos cuatro años.
Tras la votación el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, aseguró que con esto "Chile queda entre los países que están en el rango alto, no es más alto, pero sí el rango alto de la tributación minera", aclarando que no sería bueno tener una de las tributaciones más altas, puesto que se busca "tener un justo equilibrio".
Con respecto al aporte para la reconstrucción del terremoto del 27 de febrero pasado, el secretario de Estado dijo que el proyecto "aporta más de 1.000 millones en los próximos tres años, recursos que se destinarán a salud, vivienda, educación y regiones.
El pasado 8 de julio, una comisión mixta de ambas cámaras rechazó la propuesta gubernamental de un impuesto específico a la gran minería que serviría para financiar en parte la reconstrucción en Chile tras el terremoto y posterior maremoto del pasado 27 de febrero.
Una densa sesión terminó echando por tierra todas las propuestas del Gobierno en torno al "royalty" (regalía) minero, y finalmente se despachó la instancia de la reconstrucción sin incluir este camino como fórmula para obtener 600 millones de dólares.
Aunque el Ejecutivo presentó una nueva indicación ante la comisión para aumentar de 600 a 1.000 millones de dólares la recaudación tributaria por concepto del impuesto minero y destinar mayores recursos a las regiones, la propuesta no logró consenso y fue rechazada.
El articulado aprobado en el Congreso permitirá recaudar en sus tres primeros años de vigencia al menos 1.000 millones adicionales a los que pagan las empresas mineras dependiendo de la tasa de impuesto específico a la que están actualmente sujetas.
