El Congreso nicaragüense entró hoy en receso hasta el 16 de agosto próximo, en medio de una pugna entre sandinistas y la oposición liberal por un controvertido decreto del presidente Daniel Ortega que prorroga en el cargo a autoridades del Estado cuyo mandato expiró este año.
El titular del Legislativo, el sandinista René Núñez, reconoció durante la plenaria que en el primer semestre de este año, por "las dificultades políticas internas", la Asamblea Nacional permaneció "casi paralizada" y no logró elegir a 25 funcionarios públicos a los que se les venció su período.
Ortega prorrogó unilateralmente en sus cargos, en la víspera del inicio del actual período legislativo, a funcionarios del Estado cuyos períodos de mandato finalizaron este año, entre ellos, tres magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el pleno de árbitros del Consejo Supremo Electoral (CSE), acusados por la oposición de fraude en las elecciones municipales de noviembre de 2008.
La oposición sostiene que la competencia para extender esos mandatos es del Congreso, pero la Sala Constitucional de la Corte Suprema, en decisiones tomadas por sus tres integrantes sandinistas y sin los otros tres liberales, ha rechazado que se pueda derogar el decreto en el Legislativo.
Ortega aprobó el decreto por la decisión de los opositores de no tramitar en el Legislativo la renovación de ningún cargo de otros poderes del Estado en protesta por el resultado de las elecciones municipales de 2008 y la decisión de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de anular, en octubre, el artículo que prohíbe la reelección presidencial.
Ese fallo, también dictado en una controvertida sesión sin la mitad de los magistrados del órgano, los liberales, fue criticado por la oposición, que prometió entonces unirse para contrarrestarlo.
"A pesar de que estuvimos casi paralizados durante tres meses, en este caso, de enero a marzo, donde escasamente aprobamos una ley y algunos decretos, hemos logrado, a la fecha, la aprobación de 17 leyes", dijo Núñez, del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Entre ellas mencionó las leyes que protegen a las familias de embarazos y partos múltiples, la creadora de un fondo para la compra de tierras a favor de mujeres rurales de escasos recursos, la de aseguro y reaseguro y la orgánica del Banco Central de Nicaragua.
También destacó que ratificaron préstamos por 87,2 millones de dólares con diferentes organismos financieros internacionales para atender a niños en extrema pobreza, infraestructura vial y promover la generación de energía hidroeléctrica.
Durante 2009, el Congreso mantuvo también su inconsistencia en celebrar sesiones ordinarias. En la primera parte, en protesta de la oposición por los resultados de los comicios municipales de noviembre de 2008, ganados ampliamente por los sandinistas y considerados fraudulentos por los opositores.
Y en la segunda parte del año pasado, la oposición se resistió a hacer quórum en protesta ante el fallo dictado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que allana el camino a la reelección del presidente Ortega.
