El Congreso de Perú investigará las denuncias de secuestro y torturas a un grupo de campesinos y periodistas en 2005 por parte de policías y agentes de seguridad de la minera Majaz, informó hoy la parlamentaria Marisol Espinoza.
Espinoza, del Partido Nacionalista Peruano, anunció en una rueda de prensa en la ciudad norteña de Piura la conformación de la comisión investigadora y dijo que, si es necesario, impulsará que el caso llegue a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El pasado 13 de enero, 28 campesinos y periodistas denunciaron que fueron secuestrados y torturados en 2005 en el campamento minero de Majaz, y demandaron sanciones para los agentes que los atacaron.
El ministerio del Interior empezó una investigación por las denuncias de las víctimas, pero hasta ahora no hay ningún encausado.
Sin embargo, unas fotografías tomadas por la misma policía que registran todo el operativo dentro del campamento minero han servido para que el grupo de afectados insista en su reclamo.
Por su parte, la empresa Monterrico ha acusado a los denunciantes de actos de terrorismo.
El presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, declaró estar "horrorizado" por las imágenes, publicadas por la prensa, y pidió un informe por lo ocurrido, pues "nadie debe torturar a nadie" en el país.
Según las denuncias, el 1 de agosto de 2005 un grupo de campesinos de dos comunidades de la sierra de Piura, cerca de la frontera con Ecuador, llegaron acompañados por cuatro reporteros hasta el campamento de Majaz, ubicado en una zona agreste y alejada de la provincia de Huancabamba.
Buscaban conversar con la empresa porque se oponen a la actividad minera en su jurisdicción, netamente agrícola, pero al llegar al campamento fueron reprimidos por la policía y retenidos dos días contra su voluntad.
El centro minero de cobre, que ahora está en manos de la china Zijin, aún no puede operar plenamente en la zona a pesar de que el Gobierno ha aprobado su actividad por decreto supremo, pues las comunidades se oponen a ello.
Uno de los torturados, el periodista Julio Vásquez, relató que los policías los golpearon, amarraron y cubrieron con capuchas rociadas con gas lacrimógeno.
En el grupo había dos mujeres, una de ellas periodista, y por lo menos un menor de edad, de 16 años.
Uno de los campesinos retenidos, Melanio García, recibió una herida de bala en el cuello y murió al día siguiente.
Un día después del secuestro de los campesinos llegó el fiscal Félix Toledo al campamento pero, lejos de constatar las agresiones, recriminó a los comuneros por protestar contra la mina y les abrió una investigación por daños y actos de terrorismo.
El viceministro de Justicia de Perú, Erasmo Reyna, pidió hoy a la Fiscalía de Piura que acelere la investigación, ya que la denuncia fue presentada en junio de 2008.
En una nota de prensa, Reyna precisó que la investigación apunta al jefe de la división territorial de la Policía en Piura, quien según las evidencias comandó el operativo, además de a otros tres agentes y personal de seguridad de la empresa minera.
