El gobernador en ejercicio del Distrito Federal de Brasilia, Paulo Octavio Alves, bajo presión por un grave escándalo de corrupción que mantiene detenido al titular del cargo, José Roberto Arruda, presentó hoy su renuncia al Partido Demócratas.
"Vengo por medio de esta a comunicar mi renuncia al partido", informó Alves en una nota dirigida a Demócratas y difundida por esa formación política.
Alves asumió bajo sospecha la Gobernación de Brasilia después de que el pasado día 11 Arruda fue detenido en forma preventiva por orden de un tribunal que investiga un sonado asunto de corrupción en la capital brasileña.
El escándalo comenzó en noviembre pasado, cuando se divulgaron unos vídeos filmados con cámaras ocultas en los que se ve a Arruda cuando distribuye entre colaboradores unos gruesos fajos de dinero, que según la policía provenía de diversas corruptelas y comisiones pagadas por empresas que trabajan con el gobierno regional.
Antes de ser detenido, Arruda también presentó su renuncia al partido Demócratas, que al igual que hacía ahora con Alves amenazaba con expulsarle de la formación.
A causa de los escándalos la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, varios de cuyos miembros son acusados de haber participado en las corruptelas, estudia varios pedidos de destitución contra Arruda y contra Alves, que asumió el cargo en forma interina en su condición de vicegobernador.
Desde entonces, Alves está presionado por diversos sectores políticos que exigen su renuncia, pero ha respondido que permanecerá en el cargo hasta encontrar una "salida política" a la crisis que se ha generado tras la detención de Arruda.
Por su parte, el gobernador espera detenido en unas instalaciones de la Policía Federal a que el Supremo Tribunal Federal decida sobre un recurso de hábeas corpus intentado por su defensa, que califica de "inconstitucional" su arresto.
Tanto Arruda como Alves han negado las acusaciones en su contra, pese a que la policía sostiene que las pruebas acumuladas, que se refuerzan con las imágenes en que se distribuye el dinero, son más que "contundentes".
Tras el escándalo, algunos partidos políticos han pedido que Brasilia sea objeto de una "intervención federal", lo que supondría la destitución de Arruda y Alves y su reemplazo por dos funcionarios nombrados directamente por el Gobierno nacional.
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, manifestó su "preocupación" por el caso, pero sostuvo que una intervención sólo podrá ser decidida si la justicia lo recomienda.
