El Gobierno colombiano denunció hoy que Salvatore Mancuso, antiguo jefe máximo de las disueltas AUC y extraditado a Estados Unidos, se burla de sus víctimas con "anuncios ficticios" sobre la entrega de bienes para reparar a los afectados por la actividad de esa organización paramilitar.
Mancuso no ha entregado los "más de 21 bienes" que asegura haber cedido a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (Acción Social), sostuvo esta entidad gubernamental, que tiene a cargo la recepción de propiedades para efectos de reparación de víctimas.
La entidad desmintió a Mancuso un día después de que este ex paramilitar afirmara que Acción Social y su dependencia Fondo para la Reparación de Víctimas (FRV) le ha puesto "muchísimas trabas para recibir los bienes".
En una diligencia ante un fiscal de Montería (noroeste) transmitida por vídeo desde Washington, el ex jefe máximo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) no descartó que pueda hacer entrega de sus bienes por intermedio del Gobierno de Estados Unidos.
Acción Social afirmó en que "es falso" que Mancuso le haya entregado los bienes inmuebles a los que alude y que "miente además" cuando asegura que lo entregado tiene un valor de 30 millones de dólares.
El ex jefe de las AUC ha ofrecido entregar 37 propiedades, pero el FRV sólo ha recibido ocho de ellas, por cuanto las otras 26 tienen problemas legales, precisó la dependencia del Ejecutivo.
La entidad explicó que esta mayoría de bienes "tienen inconvenientes que dificultan su entrega", como contratos de arrendamiento por veinticinco años que fueron formalizados después de que Mancuso dejara las armas, embargos o una tradición de propiedad que no ha sido esclarecida.
"Más que retórica y discursos superficiales, los postulados deben entregar bienes verdaderamente saneados y no continuar haciendo anuncios ficticios, que no son más que una burla a las víctimas", enfatizó Acción Social.
Mancuso dejó las armas a finales de 2004 junto a 1.425 de sus subalternos, dentro de un proceso de paz con el Gobierno del presidente Álvaro Uribe que terminó a mediados de 2006 con la disolución de las AUC, que desarmaron a más de 31.000 paramilitares.
Unas solicitudes estadounidenses de extradición sobre él y otros catorce ex jefes de las AUC llevaron a Uribe a autorizar la entrega masiva de estos ultraderechistas en mayo de 2008.
Los quince fueron procesados en distintas cortes judiciales por narcotráfico, lavado de activos y financiación al terrorismo.
