El secretario de la Presidencia de Uruguay, Alberto Breccia, defendió hoy la legitimidad del decreto promulgado esta semana por el Gobierno para revocar todos los actos administrativos de gestiones anteriores que frenaron unos 80 juicios de la dictadura (1973-1985).
Breccia recordó en declaraciones a la radio El Espectador que la Corte Interamericana de Derechos Humanos exigió al Estado uruguayo en una sentencia condenatoria emitida en marzo pasado eliminar los "obstáculos" legales para abrir esos procesos.
Además, agregó, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) uruguaya "ha declarado reiteradamente la inconstitucionalidad" de la Ley de Caducidad, que sirvió para impedir abrir causas contra los militares y policías que violaron los derechos humanos durante el Gobierno de facto.
"En consecuencia, el Poder Ejecutivo entiende que aquellos actos dictados sobre la base de normas que han sido atacadas en pronunciamientos internacionales y nacionales por el máximo órgano judicial adolecen de un severo defecto de ilegitimidad y por lo tanto procede a la revocación", argumentó el funcionario.
Tras anunciar el propio Breccia la promulgación del decreto el pasado lunes, el mismo día en que se cumplían 38 años del golpe de Estado de 1973, en las últimas horas la Presidencia informó a través de su página web que el documento ya fue firmado por el presidente José Mujica y sus ministros.
La medida anula decisiones tomadas en el pasado por los presidentes Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000), Luis Alberto Lacalle (1990-1995) y Jorge Batlle (2000-2005).
La Ley de Caducidad, aprobada en 1986 y ratificada en dos referendos en 1989 y 2009, concede al Ejecutivo de turno la potestad de decidir si un caso está amparado por esa normativa.
Sanguinetti, Lacalle y Batlle así lo consideraron en todas las causas que llegaron a sus manos, pero Mujica y su inmediato antecesor, Tabaré Vázquez (2005-2010), ambos del izquierdista Frente Amplio, reabrieron en cambio varios procesos.
Hace un mes fracasó en el Parlamento un proyecto oficialista para anular la Ley de Caducidad por la disidencia del legislador Víctor Semproni, del gubernamental Frente Amplio, que impidió la mayoría.
El argumento de Semproni fue que el plan era inconstitucional porque violaba los dos referendos y pretendía aplicarse con carácter retroactivo.
El decreto aprobado ahora, en las palabras de Breccia, supera esas trabas porque no anula la Ley de Caducidad aunque en la práctica deja "sin efecto" el artículo 1 de la citada normativa, "que había consagrado esa decisión de no perseguir penalmente" a los culpables de los crímenes.
El Gobierno sostiene que cuando la revocación de actos administrativo es "por razones de ilegitimidad", como dice el texto, sus efectos se proyectan hacia el pasado, aunque también reconoce que el decreto puede llegar a ser recurrido.
"Puede ser impugnado por diversas vías y ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo lógicamente también", subrayó hoy Breccia.
Una de las razones que ha empujado a Mujica a abrir este nuevo frente de batalla es la cercanía del 1 de noviembre, fecha de prescripción de los delitos cometidos en aquella época, según una sentencia dictada en mayo pasado por la SCJ.
Entonces, el alto tribunal consideró que en el caso de 28 uruguayos detenidos-desaparecidos durante el Gobierno de facto, por el que fueron procesados los militares retirados José Nino Gavazzo y Ricardo Arab, los delitos cometidos debían ser considerados "ilícitos comunes" y no "de lesa humanidad".
Fuentes de la SCJ consultadas por Efe sostienen que aunque en Uruguay la jurisprudencia no es vinculante, ese es un precedente que ningún juez puede desconocer.
