La junta directiva de la Asamblea Nacional de Nicaragua acordó hoy suspender las sesiones plenarias de esta semana por falta de consenso de las diversas fuerzas políticas sobre los temas a discutir, informaron fuentes legislativas.
El legislador opositor Carlos García dijo a periodistas que la directiva del Parlamento, integrada por siete miembros, decidió en reunión extraordinaria, por mayoría de votos, suspender las sesiones plenarias programadas para hoy y mañana y convocarlas hasta el próximo martes.
En esa reunión también se acordó incluir en agenda un proyecto de ley para declarar nulo un decreto aprobado por el presidente Daniel Ortega, en enero pasado, que prorroga en el cargo a autoridades con mandatos que expiran este año.
Ese decreto fue enviado para su interpretación a la Corte Suprema de Justicia, que también ha entrado en crisis por ese acuerdo presidencial.
"Se va a celebrar plenaria la próxima semana, siempre y cuando ese proyecto de nulidad (sobre el decreto) pase a Comisión de Justicia" para su dictamen, señaló el legislador opositor, tras explicar que ese fue el acuerdo de la directiva del Parlamento.
El Congreso nicaragüense se mantiene paralizado desde hace ya casi dos meses debido a la pugna que mantienen el oficialismo y la oposición por ese decreto aprobado por Ortega.
Desde el pasado 24 de febrero el Congreso no ha conseguido realizar una sola sesión, las últimas cinco convocatorias para hacerlo han sido infructuosas y en lo que va de año sólo ha aprobado una ley, mientras el Gobierno y la oposición se acusan mutuamente de paralizar el Legislativo y ninguno asume su responsabilidad.
El oficialismo acusa a la oposición de boicotear la aprobación de leyes económicas, sociales y préstamos a favor de Nicaragua, por ese decreto, que alega, debe ser resuelto por el Poder Judicial, no por el Legislativo.
La oposición, en cambio, acusa a los sandinistas de impedir el proceso de formación de leyes en una iniciativa para declarar nulo, por inconstitucional, ese decreto del Ejecutivo.
Ortega ratificó y prorrogó en sus cargos, en la víspera del inicio del actual período legislativo, a 10 magistrados del Consejo Supremo Electoral, tres de la Corte Suprema de Justicia, cinco fiscalizadores de cuentas y otros importantes cargos cuyo mandato finaliza este año, facultad que, según la oposición, corresponde al Parlamento.
Debido a esa crisis, el Congreso solamente ha celebrado cuatro sesiones ordinarias -solo una completa- y tres sesiones especiales, en las que ha aprobado una ley, cuatro decretos y una resolución sobre el polémico decreto que no tiene carácter vinculante, según un informe de secretaría legislativa.
Ortega aprobó el decreto después de que la oposición llegara a un pacto en noviembre pasado para no ratificar ni renovar en la Asamblea a las autoridades que concluían mandato "mientras no se escoja para esos cargos a personas capaces, honestas e imparciales, de acuerdo a los preceptos constitucionales".
Las diferencias entre sandinistas y liberales por ese decreto se ha trasladado a la Corte Suprema de Justicia, donde los magistrados liberales desconocen en sus cargos a dos colegas sandinistas, bajo el alegado que se le venció su período el domingo pasado.
