El paro de transporte en Asunción y el área metropolitana entró hoy en su segundo día con menos fuerza, aunque con la amenaza de una huelga general si el Gobierno paraguayo no accede a las demandas de los trabajadores.
Las autoridades no reportaron desórdenes en los piquetes que los huelguistas instalaron en las principales vías de acceso a la capital después de que el primer día concluyera con autobuses apedreados y una treintena de detenidos.
La circulación de vehículos de las empresas que no se sumaron a la medida fue más fluida y a partir de hoy camiones y autobuses de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional comenzaron a cubrir el itinerario de los huelguistas.
"A partir de ese momento y durante la huelga vamos a estar cubriendo el transporte", anunció el comandante de la Policía Nacional, comisario José Giménez.
Los dirigentes sindicales anunciaron que las tres centrales obreras del país convocarán a un congreso unitario para la próxima semana, con el objetivo de declarar una huelga general en apoyo a los siete gremios del transporte que secundan la medida de fuerza.
Por su parte, el ministro de Justicia y Trabajo, Humberto Blasco, reiteró la predisposición al diálogo, pidió una tregua y afirmó que una huelga general "para beneficiar a un sector sería totalmente injustificada".
Blasco consideró que la tregua es hasta que la Corte Suprema de Justicia se defina sobre una inconstitucionalidad planteada ayer por el Gobierno contra una nueva normativa aprobada por el Congreso para recuperar sus atribuciones sobre la Secretaría del Transporte del Área Metropolitana (Setama).
Los siete sindicatos que secundan la medida exigen al Gobierno que restablezca la intervención de ese organismo regulador de las licencias y los itinerarios, así como un aumento salarial del 15 por ciento, entre otras reivindicaciones.
El Congreso paraguayo restringió las atribuciones del Ejecutivo a través de una ley.
Para el gerente del Centro de Empresarios del Transporte de Pasajeros del Área Metropolitana (Cetrapam), Cesar Ruiz Díaz, el paro "tiene tinte político" y denunció concesiones irregulares de itinerarios a empresas controladas por líderes sindicales mientras duró la intervención del Gobierno.
La huelga, convocada por ocho días y la primera que afronta el jefe de Estado, Fernando Lugo, comenzó dos días más tarde de lo previsto debido a las negociaciones de última hora que el Gobierno mantuvo con los sindicatos.
