El Tribunal Constitucional de Perú desestimó hoy el recurso de hábeas corpus que presentó el ex marino Teodorico Bernabé para que se declare prescrito el proceso judicial por la matanza de unos cien presos en el penal de El Frontón, ocurrida en 1986.
La decisión, adoptada por mayoría de cuatro votos a favor y tres en contra, se basa en errores en el procedimiento al momento de presentar el recurso, pero que reafirma una decisión judicial que ya declaró prescrito el caso.
El portavoz de los magistrados del Tribunal Constitucional (TC), Juan Vergara, explicó después que el recurso del hábeas corpus de Bernabé nunca debió ser admitido por ese tribunal, pues la justicia ya le había dado la razón y, en todo caso, su reclamo debió ser visto por el Poder Judicial.
El 10 de mayo de 2007, la Tercera Sala Penal de Reos Libres de Lima dictó una resolución en mayoría por la que se declaraba fundada la acción de hábeas corpus de Bernabé, según una cronología del diario El Comercio publicada en Internet.
"Exclusivamente el tema es en función de la demanda de ese marino de apellido Bernabé", puntualizó Vergara al recalcar que "la razón (al demandante) no se la hemos dado nosotros, se la ha dado el Poder Judicial".
Así, el TC resolvió un hábeas corpus presentado el año pasado por Bernabé, acusado junto a una veintena de colegas por la referida matanza por el delito de homicidio calificado.
Según este recurso que intentaba prevenir futuros procesos penales, las muertes de El Frontón prescribieron en 2006 y, por tanto, es un atentado contra el debido proceso.
Vergara subrayó en que al TC no le compete pronunciarse si los hechos de El Frontón han prescrito o constituyen un delito de lesa humanidad.
"Nosotros no tenemos que ver nada con la prescripción, ni con el tipo de delito porque eso le corresponde al Poder Judicial. Nos limitamos a la función constitucional", remarcó el magistrado en una confusa rueda de prensa en Lima en la que los periodistas insistieron en aclarar este punto.
El 18 y 19 de junio de 1986, durante el primer Gobierno de Alan García, más de 200 reclusos acusados o sentenciados por terrorismo fueron torturados y ejecutados en un operativo contra los motines simultáneos que estallaron en los penales limeños de la isla El Frontón, Lurigancho y Santa Bárbara.
