Las autoridades de la población colombiana de Frontino, que perdió una tercera parte de sus habitantes por efecto del conflicto armado interno, decidieron exonerar de impuestos y condonar las deudas a los vecinos que se desplazaron de manera forzada, dijeron hoy portavoces gubernamentales locales.
La iniciativa es la primera de su tipo en el país y fue aprobada con vistas al retorno de los desplazados, dijo a Efe el secretario de gobierno de Frontino, Mario Arnulfo Mazo.
El funcionario explicó en declaraciones por teléfono que un proyecto de decreto gestionado y aprobado por el Concejo ordena que a los desplazados se les exonere del pago de impuestos y se les condone las deudas que adquirieron con el fisco municipal.
La exoneración regirá por tres años, contados a partir del regreso de los desarraigados, según precisa la norma, a la que el Legislativo local dio luz verde el pasado 9 de marzo.
Mazo observó que el decreto, que entrará en vigor en junio próximo, beneficiará a los titulares de predios, domicilios y otros bienes gravados con tributos.
La localidad, que pertenece al departamento de Antioquia (noroeste), cuenta ahora unos 20.000 habitantes, una tercera parte menos de los que tenía hace poco más de diez años, cuando vivió una oleada de desplazamiento forzado.
El secretario de gobierno dijo que los registros del Gobierno central muestran que los desplazados de Frontino son unos 10.300.
La mayoría de ellos se desplazaron a Medellín, la capital de Antioquia, y los otros se quedaron en el casco urbano de la localidad, dijo Mazo.
"Los desplazados han ido regresando paulatinamente, en la medida en la que se restablecen condiciones de seguridad", agregó el funcionario, pero admitió que no se tiene un registro de las personas que lo han hecho.
Los beneficios serán para los desarraigados que aparezcan en el Registro Único de Población Desplazada que lleva el Gobierno nacional, que reconoce en esas condiciones a unos dos millones de personas.
La cifra oficial es inferior en unos dos millones al número de desplazados que deja el conflicto interno desde 1985, según investigaciones de la Iglesia católica y varias organizaciones no gubernamentales (ONG), entre ellas la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes).
El caso de los desarraigados que no estén en el registro oficial será evaluado por un comité municipal.
