La Ley de Acceso a la Información Pública comenzó a aplicarse hoy en las instituciones del Estado salvadoreño entre críticas de organismos independientes por la falta de un ente regulador, que debe crear el presidente Mauricio Funes, y otras carencias.
"Estamos cumpliendo efectivamente con la implementación de la Ley de Acceso a la Información" con la apertura de "73 oficinas de información y respuesta, una en cada órgano del Ejecutivo", dijo Marcos Rodríguez, subsecretario de Transparencia de la Presidencia de El Salvador, en la presentación del sitio web correspondiente.
Otras entidades del Estado se unirán al Ejecutivo en el establecimiento de oficinas de transparencia, según fuentes oficiales.
La ley, aprobada el 2 de diciembre de 2010, está vigente desde hace un año, pero este período ha sido de preparación y es a partir de hoy que comienza a aplicarse "formalmente", explicó a Efe Juan Carlos Sánchez, coordinador del programa de Transparencia de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD).
Ahora todos los salvadoreños podrán solicitar a las instituciones del Estado cualquier información que les interese, añadió.
En un comunicado, la FESPAD consideró "importante e innovadora" la nueva ley, pero señaló que es "urgente" que comience a funcionar el Instituto de Acceso a la Información para garantizar su efectividad.
Sánchez indicó que la falta de este organismo "lanza un mensaje negativo; ciertamente, es un vacío, una omisión presidencial, que debe de corregirse de inmediato, ya sea por la vía judicial o por la voluntad política que debe expresar el presidente de la República".
"Desde hace dos meses", diferentes sectores de la sociedad eligieron, a solicitud de Funes, una terna de candidatos para integrar el Instituto de Acceso a la Información, que tampoco goza por el momento de una infraestructura, indicó Sánchez.
Sin embargo, Rodríguez dijo que no es cierto que sin el instituto no se pueda aplicar la normativa, sostuvo que sí está prevista su creación y que es "un elemento que refuerza el buen funcionamiento de la ley", sin precisar cuándo comenzará a funcionar.
Sánchez señaló también que el Estado "debe de crear las condiciones institucionales, materiales, presupuestarias para que esta ley entre en plena vigencia", pues muchas instituciones, como las alcaldías, no tienen oficinas para proporcionar información, por falta de recursos, y algunas incluso desconocen la ley.
Añadió que es importante que las autoridades difundan más esta ley para que los salvadoreños conozcan sus derechos y puedan hacer uso de ella.
Engracia Chavarría, dirigente de la no gubernamental Comisión de Trabajo Pro-Memoria Histórica, pidió al Gobierno brindar todas las condiciones necesarias para la correcta aplicación de la ley.
En rueda de prensa junto a miembros de FESPAD, Chavarría indicó que espera que la nueva ley permita a los organismos humanitarios acceder a los documentos militares para esclarecer los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra civil (1980-1992).
El Gobierno salvadoreño presentó hoy el sitio web http://gobiernotransparente.gob.sv, con la información de 73 instituciones del Ejecutivo, detalló Rodríguez.
Agregó que "más 72.000 documentos importantes" están disponibles en esa web, donde la población puede verificar los gastos en viajes y viáticos, entre otros, de 1.226 funcionarios del país.
La vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, destacó este lunes en Madrid "los avances" en materia de transparencia de El Salvador, junto a Chile, México y Brasil, con cuyas autoridades su Ejecutivo mantuvo "significativos contactos" durante la preparación del anteproyecto de ley española sobre ese tema.
