El juicio al presidente Marco Robles

Cumplidos cuarenta años del enjuiciamiento y condena judicial por la Asamblea Nacional, del presidente MARCO AURELIO ROBLES, acusado de coacción electoral y violaciones graves a la Constitución Nacional, aún quedan cronistas que pretenden restar mérito al esfuerzo de profilaxis política que llevó al Partido Demócrata Cristiano (PDC) a instaurar ese proceso en marzo de 1968.

Los partidarios del Presidente en el poder, alegaron que el juicio respondía a una confabulación de intereses políticos para destituir al mandatario liberal, a escasas semanas de las elecciones generales de esa época. Nada más alejado de la verdad histórica.

La práctica de los políticos del pasado, era utilizar toda la maquinaria oficial para imponer el candidato oficialista y, el gobierno de Robles no fue la excepción; superó en mucho a otras elecciones fraudulentas de la historia panameña. La confusión política que se vivía en 1968 y el temor del gobierno de que triunfara en las urnas el Dr. Arnulfo Arias Madrid, fueron factores determinantes para tratar de imponer a su candidato oficial. Para ello se recurrió a un instrumento de eficacia comprobada: despidos masivos de empleados públicos, en especial de centenares de trabajadores del MOP y otras dependencias oficiales, vitales para el control de todo lo que tenía que ver con los comicios.

Frente al panorama de parcialidad total del gobierno "Roblista" en favor de su candidato, la Comisión Política del PDC se reunió en la casa de su presidente, el Dr. Antonio González-Revilla, y, tras horas de muchas deliberaciones y ponderación de las posibilidades de tener unas elecciones honestas y libres presididas por Robles, se aprobó instaurar la acción ante la Asamblea Nacional para hacerlo responder por graves violaciones de la Constitución Nacional. La acusación se presentó ante la Cámara Legislativa y fue aprobada por 30 votos a favor y 11 en contra el día 11 de marzo de 1968.

Al iniciarse los trámites de la Asamblea, en funciones judiciales, trascendió que el Presidente envió a su Ministro de Gobierno y Justicia con una nota dirigida al Comandante Primer Jefe de la Guardia Nacional, General Bolívar Vallarino, para que "se sirva desconocer a partir de la fecha todo lo actuado por la Honorable Asamblea Nacional". El informe de Comisión de la Asamblea, integrada por los diputados Jacobo Salas, Ovidio Díaz y Abraham Pretto, señaló las graves violaciones constitucionales del presidente Robles "apoyando abiertamente al candidato de los partidos que apoyaban su gobierno y poner los recursos del Estado a disposición de los candidatos oficialistas, a más de entorpecer las medidas para el normal desarrollo de la organización electoral en variados aspectos". Se aportaron pruebas documentales recabadas en los archivos de varios Ministerios, en especial el de Obras Públicas, donde se despedía en masa a funcionarios, reemplazándolos con afectos al candidato oficialista. La Comisión Sustanciadora de la Asamblea, actuando como Magistrados en funciones judiciales, conformada por los Diputados Ramón De la Guardia, Alonso Fernández y Marcos Caballero y previamente, la Comisión investigadora integrada por los Magistrados Jacobo Salas, Ovidio Díaz y Abraham Pretto comprobaron que la Imprenta Nacional trabajaba veinticuatro horas al día en propaganda de candidatos del gobierno y que Robles, había dispuesto de la maquinaria Estatal en abierto apoyo al candidato oficial y sus copartidarios, violando la Constitución.

El Dr. González-Revilla, presidente y candidato a la Presidencia de la República por el PDC, nos otorgó poder para promover la acusación ante la Asamblea Nacional. El juicio se realizó el domingo 20 de marzo de 1968 y el Presidente en ejercicio, durante el tiempo que duró la vista oral, se refugió en el Cuartel de la Guardia Nacional. Asimismo el presidente Robles desconoció la citación oficial de la Asamblea Nacional, como Tribunal competente, y otorgó poder al abogado Oscar Ucrós para que lo representara en aspectos relacionados con el juicio.

La sesión judicial de la Asamblea, se extendió por más de cinco horas y finalizó con un fallo condenatorio contra el Presidente enjuiciado, con el salvamento de voto del Magistrado Dr. Carlos Iván Zúñiga. Finalizada la sesión, se procedió a posesionar como nuevo presidente al vicepresidente Max Del Valle, quien juró el cargo, pronunció su discurso de aceptación y designó los Ministros de su Gabinete.

El destituido Presidente recurrió al juez municipal Toribio Ceballos, para anular el fallo de la Asamblea, con la alegación de que se trataba de un juicio "político" para sacarlo del poder. Posteriormente obtuvo un pronunciamiento favorable de una Corte Suprema afecta a su gobierno. Con el respaldo de los oficiales jóvenes de la Guardia Nacional, que ya habían adquirido poder decisorio en la institución castrense, se cerró la Asamblea Nacional en funciones judiciales.

Meses después, el 11 de octubre de 1968, se derrocaba al Presidente electo Dr. Arnulfo Arias Madrid.